Las organizaciones gremiales de la educación pública, tomando en cuenta el compromiso que nos hiciera el presidente electo el 07 de Mayo de “iniciar la revolución educativa”, consideramos un deber patriótico y moral alcanzar nuestra propuesta para la educación, hoy en crisis.
I. EN LO PROGRAMÁTICO:
a. Postulados que se reconozca a la educación como “DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL”; por lo mismo, la educación pública universal gratuita y de calidad en todos sus niveles debe ser reivindicada como prioridad del Estado y soporte principal del sistema educativo, del desarrollo y el progreso integral del país. Tal prioridad, obliga a dotarla de un presupuesto no menor al 6% del PBI considerando que ello es inversión y no “gasto”.
b. Reiteramos la necesidad de una REFORMA EDUCATIVA DEMOCRÁTICA PATRIÓTICA Y DESCENTRALISTA, en el marco de la implementación del Proyecto Educativo Nacional (PEN), una nueva Ley General de Educación y los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional.
c. Insistimos que el centro de todo proceso educativo es el educando y no el lucro, ni el afán de convertir la educación en un vulgar negocio.
d. Confirmamos nuestro compromiso con los valores y conductas compatibles con los intereses de nuestra patria, con el cambio y la justicia social, con la educación, la niñez y la juventud. Por ello, renovamos también nuestra convicción de lucha contra la corrupción e impunidad, cualquiera sean sus expresiones y protagonistas.
II. EN LO INMEDIATO:
1. Educación básica:
a. Iniciar la recuperación de la jornada escolar completa como política de estado.
- Mayor presupuesto para más y mejor infraestructura y equipamiento (Locales apropiados, bibliotecas, laboratorios, talleres, campos deportivos.
- Modelo Pedagógico Peruano y Reforma curricular integral, pertinente, nacional y descentralizado, para afirmar nuestra identidad, lograr un mayor espacio de horas de clase y recuperación de asignaturas de historia, geografía, filosofía, sicología.
- Programas reales de alimentación y salud, de becas e incentivos, asesorías.
- Más y mejores maestros, capacitados, cualificados y reivindicados, moral, profesional y salarialmente.
- Énfasis en la primera infancia, educación rural, de frontera e intercultural.
b. Política magisterial:
- Una sola ley docente consensuada que integre en un solo régimen profesional, laboral y salarial a todos los maestros comprendidos en los regímenes de las leyes 24029 y 29062,” con pleno respeto a sus derechos adquiridos en ambas leyes. Reivindicación moral y pensionaria para los maestros y trabajadores cesantes y jubilados.
- Evaluación fundamentalmente del desempeño, pertinente, formativa e integral, para el ingreso y el ascenso. Efectuar como parte del ordenamiento y moralización del MED, una auditoria académica y financiera de las “evaluaciones” estandarizadas anti-técnicas y politiqueras efectuadas en los últimos 4 años.
- Ordenar y moralizar la formación inicial y los programas de “capacitación” docente, mayormente de dudosa calidad. Acreditación rigurosa y transparente y un currículo nacional solvente en función de los intereses del país para terminar con la anarquía, la mediocridad y los negociados en la formación y capacitación sin exclusiones.
- Nuevo sistema de gestión y administración educativa, eficiente, democrática y transparente, como soporte del sistema escolar y con pleno respeto a los derechos de los trabajadores administrativos y de servicios, con reconocimiento salarial y pensionario.
2. Educación superior y universitaria:
a. Una nueva Ley Universitaria consensuada, como parte de la Reforma de la Educación y del PEN, a fin de hacer de la universidad el soporte obligado del Proyecto Nacional de Desarrollo y espacios llamados a promover la formación profesional de calidad, la investigación, la ciencia y tecnología. Modernización de la infraestructura, laboratorios, bibliotecas, uso intensivo de nuevas tecnologías, mejoramiento sustancial de programas de alimentación y salud, plena vigencia del pasaje universitario.
b. Democratización de la Universidad, con mayor presupuesto, elecciones universales para las autoridades, vigencia real de la autonomía universitaria, con la participación con voz y voto de los trabajadores administrativos en los órganos de gobierno.
c. Revaloración e impulso como política de Estado, la educación superior tecnológica y científica en consonancia con el Proyecto Educativo Nacional.
d. Aprobación de una ley de educación superior de acuerdo al art. 51 de la Ley de Educación y derogatoria del D.Leg. 882 que alienta la conversión de la educación en un negocio en todos los niveles y genera mediocridad, anarquía y corrupción.
e. Culminación de la homologación de los docentes universitarios y superación de la discriminación en las remuneraciones e incentivos laborales de los trabajadores administrativos.
Estas son nuestras propuestas que alcanzamos, tanto al Presidente electo y su futuro gabinete, como a la ciudadanía en general. Nuestro compromiso es claro, apoyaremos toda reforma de carácter progresista a favor del pueblo y del país, así como la lucha implacable contra los afanes desestabilizadores del conservadurismo continuista ultraliberal y corrupto. De igual forma, esperamos que nuestros derechos de sindicalización, como la integridad de nuestras instituciones gremiales, previsionales y de servicios, sean respetadas en su eficiencia y autonomía con la devolución de lo que nos ha sido conculcado y disminuido y cesar las amenazas constantes.
RENÉ RAMÍREZ PUERTA
Secretario General SUTEP
Magisterio Nacional
JOSÉ DELGADO BAUTISTA
Secretario General - FENTASE
Trabajadores de Educación
LUIS RUIZ GARCÍA
Presidente FENTUP
Trabajadores Universitarios
HERMENEGILDO ANAMPA HUAYHUAPUMA
Secretario General – FENSUTACE
Trabajadores de Centros Educativos
ALLÍN N. MONTEZA RÍOS
Presidente FEP
Estudiantes Universitarios
LUIS DÍAZ CASTILLO
Secretario General - SIDESP
Docentes de Educación Superior
