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LIMA, LIMA, Peru
Experiencia Profesional 30 Años al servicio del Magisterio Peruano, Trabajo actualmente en la I.E. Nº 6065 Perú-Inglaterra Villa El Salvador - LIMA, Bachiller en Administración de Empresas Escuela Tecnológica de Administración - ETA, Licenciado en Educación Universidad "José F. Sánchez Carrión" HUACHO - LIMA, DIPLOMADO EN GESTIÓN EDUCATIVA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS - UAP, ESTUDIOS CONCLUIDOS DE MAESTRIA EN GESTIÓN EDUCATIVA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO - UCV

lunes, 25 de enero de 2016

Cinismo estéril.- Una señora distraída. No sabía que bajo el gobierno de su padre, en los días en que ella era primera dama de la nación, se efectuaron, por política de Estado, como parte de un programa de control de la natalidad, más de 272 mil esterilizaciones forzadas.

Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular a la presidencia de la República, es una señora distraída. No sabía que bajo el gobierno de su padre, en los días en que ella era primera dama de la nación, se efectuaron, por política de Estado, como parte de un programa de control de la natalidad, más de 272 mil esterilizaciones forzadas.
Fue en aplicación de un programa racista, inspirado por Washington, que por eso se ensañó con mujeres indígenas del área quechua. El congresista Alejandro Aguinaga, que era ministro de Salud de Fujimori, podrá refrescarle la memoria a la candidata. Sabe él que las órdenes fueron enviadas desde Lima, y que en muchos casos se fijaban cuotas de esterilización a ser cumplidas por médicos de provincias.
La señora Fujimori, que es mujer, es política profesional y aspira al primer puesto del Estado, sería una irresponsable si no supiera que sobre el caso de las esterilizaciones forzadas ha habido 2,074 denuncias. No puede ignorar tampoco que 28 mujeres murieron a causa de esa política, que su padre fomentó y ordenó.
Se necesita pellejo de dinosaurio para mentir, como lo acaba de hacer en Huancavelica. “Queremos saber la verdad”, expresó la hija del dictador ladrón y genocida: “Como mujer me solidarizo con algunas de las personas, si es que hubieran sido operadas sin su consentimiento.”
O sea que la doña era primera dama, pero no sabía nada. ¿Alguien le cree?
Ese crimen de lesa humanidad es, sin embargo, internacionalmente conocido. Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional en el Perú, declaró el 23 de octubre del 2015 que era necesario apurar el registro de víctimas. “El presidente Ollanta Humala”, expuso, “aseguró en el año 2012 que las esterilizaciones forzadas son una de las formas más salvajes de violentar a una mujer.” Entonces, ¿por qué no se completa el registro, que puede servir para castigar a los culpables y para indemnizar a las víctimas.
Ericka Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló hace meses que el caso del Perú era el más grave, aunque anotó que en países como México y Guatemala se han registrado abusos semejantes, pero no tan masivos. Perú, Guatemala, México. Atención. Son países con fuerte población indígena. No es casual que sean elegidos para el control de la natalidad por los padres del darwinismo social.
Sería bueno que Keiko Fujimori converse con su padre respecto a ese delito y que cuando le pregunten sobre el tema no se finja desinformada ni eche la culpa a unos médicos, como lo hizo, poco ha, en una universidad de los Estados Unidos.

lunes, 18 de enero de 2016

LEA “A CONGA LE CONVIENE QUE SANTOS ESTÉ ENCARCELADO”, LA COLUMNA DE FRANCESCA EMANUELE La detención “preventiva” de 14 meses contra el actual presidente regional de Cajamarca es el más reciente de los ejemplos de que los poderes públicos tienen estrecha relación con los intereses de la Confiep y con las transnacionales afincadas en el país.


En el Perú existe una clara estrategia de criminalización a la protesta social y una persecución activa a los pocos líderes que han encabezado las luchas populares. Quien no quiera verlo es que no tiene ojos.
La detención “preventiva” de 14 meses contra el actual presidente regional de Cajamarca es el más reciente de los ejemplos de que los poderes públicos tienen estrecha relación con los intereses de la Confiep y con las transnacionales afincadas en el país.
 El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, dijo ayer en RPP (refiriéndose a Santos) que “es una pena porque no solamente ha delinquido, creo que tiene el delito moral de haber puesto a personas en extrema pobreza”.
Ambas afirmaciones son falsas. Primero, hasta la fecha no existen pruebas fehacientes de que Santos haya delinquido, por lo que su encarcelamiento es un verdadero abuso. Segundo, lo que las estadísticas y evidencias demuestran es que los responsables de la pobreza en una de las zonas más ricas en minerales auríferos del país son las empresas mineras y el poder estatal central que ha permitido las millonarias explotaciones sin que estos beneficios sean revertidos en la población cajamarquina que descansa en oro.
En los 20 años que la minera Yanacocha opera en Cajamarca, los índices de pobreza han rondado el 60%. Y no es verdad que la pobreza se haya incrementado con la presidencia regional de Santos desde 2011: ciñéndonos a las evidencias estadísticas, la pobreza empezó a reducirse levemente en los últimos 3 años, aunque siempre con cifras de alrededor del 50%.
Pero la persecución a Santos no ha sido la única en el marco del proyecto Conga y es por eso que la considero parte de una estrategia de criminalización a los opositores al proyecto. Recordemos cómo a lo largo de esta legislatura otros líderes anticonga fueron también encarcelados. Entre ellos tenemos al grupo de dirigentes cajamarquinos (incluido el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca) detenidos al salir de una reunión con la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso, y recluidos por más de 10 horas en la Dircote, como si su lucha fuera terrorista. Otro de los líderes apresados por protestar en 2012 contra el proyecto fue el líder del partido Tierra y Libertad, Marco Arana, quien además recibió una fuerte paliza.
Después de las incansables manifestaciones en contra de Conga, el Gobierno de Humala finalmente aceptó que las operaciones previstas por la minera eran inadmisibles en las condiciones previstas y es por esa razón que el proyecto quedó en suspenso. Sin embargo, el país entero sabe que el Gobierno tiene apalabrado que Conga vaya, y que Santos —teniendo el amplio apoyo para salir electo en los próximos comicios— constituiría la continuada piedra en el zapato que impide la ágil reanudación de Conga. Ante tal panorama, la conveniencia de un Santos encarcelado brilla con luces de neón.