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LIMA, LIMA, Peru
Experiencia Profesional 30 Años al servicio del Magisterio Peruano, Trabajo actualmente en la I.E. Nº 6065 Perú-Inglaterra Villa El Salvador - LIMA, Bachiller en Administración de Empresas Escuela Tecnológica de Administración - ETA, Licenciado en Educación Universidad "José F. Sánchez Carrión" HUACHO - LIMA, DIPLOMADO EN GESTIÓN EDUCATIVA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS - UAP, ESTUDIOS CONCLUIDOS DE MAESTRIA EN GESTIÓN EDUCATIVA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO - UCV

domingo, 6 de agosto de 2017

Editorial: Lecciones de la huelga Las actitudes de los gremios magisteriales y las autoridades estatales revelarán su vocación por la educación y el imperio de la ley.

Minedu
El último jueves, el Gobierno Central y los 25 representantes de los gobiernos regionales firmaron un acuerdo que busca poner fin a la huelga de maestros. (Foto: El Comercio)
No se puede cambiar el pasado, pero sí aprender de él. Por ello, resulta importante que Ministerio de Educación (Minedu), gobiernos regionales y ciudadanos en general aspiremos a obtener una lección de los más de 50 días en que los docentes del interior del país decidieron cambiar las aulas y los libros por las calles y las pancartas.
El último jueves, la ministra Marilú Martens junto con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Luis Valdez, presentaron el acuerdo firmado por el Gobierno Central y los 25 representantes de los gobiernos regionales, que incluían los compromisos estatales para poner fin a la agitada huelga del sector magisterial.
Se aprecia entre los acuerdos que ningún docente rendirá evaluaciones de desempeño sin antes haber pasado por un proceso de capacitación, el adelanto del incremento del salario básico a los docentes de la primera escala magisterial de S/1.780 a S/2.000 para diciembre de este año (originalmente previsto para el 2018) y la exigencia del retorno de los profesores a clases, a nivel nacional en todas las escuelas, para el día de mañana, lunes 7 de agosto. Se precisa, así, que “los gobiernos regionales, a través de las direcciones regionales y las UGEL realizarán los descuentos por inasistencia a los docentes […], tal como indica la normativa correspondiente, bajo responsabilidad civil y penal”, y que los profesores, directores y padres de familia se pondrán de acuerdo para un plan de recuperación de clases.
Desde una perspectiva institucional, el pacto entre el Gobierno Central y los gobiernos regionales no resultaba necesario. Que estos últimos tuvieran que aplicar los descuentos correspondientes a los profesores que se rehusaban a volver a las aulas –pese a que la huelga ya había sido declarada improcedente semanas atrás– no era algo que requiriese negociación, sino una obligación por mandato legal. Y que el Minedu decida aumentar el sueldo de los docentes debería responder a un planeamiento presupuestario responsable y no primordialmente a una reacción ante la presión sindical a la que se enfrentaba. Dadas las circunstancias, sin embargo, es positivo que los gobiernos regionales empiecen a actuar con responsabilidad y que el Minedu muestre la voluntad de llegar a un acuerdo que, aunque defectuoso, puede ser superior a la continuación del conflicto.
En cualquier caso, para evitar reincidir en los mismos errores que impidieron la solución temprana al paro magisterial, resulta imprescindible que los términos convenidos y el respeto a la ley primen en adelante. Esto supone, por supuesto: supervisar estrictamente que los profesores recuperen las horas de clase perdidas, aplicar a rajatabla los descuentos a los docentes que no retornen a sus labores y, en última instancia, licenciarlos, y, finalmente, identificar y sancionar penalmente a quienes cometieron los actos de violencia contra la integridad de las personas y la propiedad pública y privada.
Pese al anuncio del jueves, algunos representantes sindicales han adelantado que no piensan deponer su protesta. Así las cosas, mañana será una ocasión para constatar qué docentes tienen un verdadero compromiso con la educación y quienes, más bien, tienen otro tipo de compromisos subyacentes a los que el diálogo seguramente no podrá satisfacer.
Y en lo que respecta a nuestras autoridades nacionales y regionales, será una jornada para cotejar su compromiso con la aplicación de la ley. Es decir, para demostrar que han aprendido la lección.

martes, 18 de julio de 2017

Ollanta agradece la prisión preventiva, por Juan Carlos Tafur “Al final de su proceso judicial seguramente serán condenados, a menos que sigan acaeciendo despropósitos judiciales”.

Ollanta

"La 'inclusión social' fue sustituida por la inclusión en las páginas de sociales. Hicieron suyo el sueño de vivir como clase media alta, sin derramar una gota de sudor laboral". (Foto: EFE)
La abusiva prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia los va a beneficiar políticamente. A la postre, la opinión pública va a considerarlos víctimas y les retribuirá endoses políticos que, ciertamente, no merecen. Sin el beneficio de esta tropelía, difícilmente podrían salir en buen pie de un severo juicio de la historia por la pasmosa mediocridad e irresponsabilidad de su gobierno.
Humala logró llegar al poder representando a los peruanos más pobres. Lo hizo con el mensaje equivocado y en esa medida es saludable que haya traicionado sus propuestas, pero lo que resulta imperdonable es que, a la par, haya soslayado la representación de los humildes, quienes merecían un gobierno capaz de emprender ansiadas reformas en su beneficio.
El suyo fue un fiasco reformista, ya que no fue capaz de movilizar algún músculo estatal para dar inicio a los cambios urgentes que el país requiere para empezar a recorrer un camino sostenido hacia la modernidad.






La ruta está trazada: si alguien quiere efectivamente poner en orden los enjuagues mercantilistas que les permiten a los poderosos hacer de las suyas y obtener irregulares ganancias, pues deberá tener el empaque de hacer reformas liberales –de mercado e institucionales– y pisar todos los callos necesarios.
De eso, ni el segundo fujimorismo, ni Toledo, mucho menos García (quien se dedicó a pichicatear grupos empresariales) y por supuesto tampoco Humala. Lo grave en el caso del último es que supuestamente albergaba un aire de cambios radicales dada su aparente consciencia de que el statu quo debía ser modificado.
Salvo una relativa tecnocratización de los programas sociales o una tímida puesta en escena de cambios educativos, lo suyo fue nulo de nulidad. Ninguna ventisca para ampliar y profundizar el mercado y así trastocar de pies a cabeza el orondo sistema mercantilista que nos gobierna por décadas.
No basta para su redención que no haya recalado en el chavismo que iluminó sus propuestas aurorales. Si al menos hubiera conservado su aparente espíritu contestatario y lo hubiera llevado a la práctica, el suyo tendría un mejor lugar en el sitial de los gobiernos del Perú.
Ollanta y Nadine






Encima, embarcó al país entero en una aventura de megaproyectos megalomaníacos, teñidos no solo de corrupción, sino muy onerosos y que pagarán varias generaciones de peruanos (Talara, gasoducto, etc.).
Desde un inicio, Humala y Nadine Heredia se sintieron encantados de ser arrullados por los sectores sociales más interesados en que nada cambie. La “inclusión social” fue sustituida por la inclusión en las páginas de sociales. Hicieron suyo el sueño de vivir como clase media alta, sin derramar una gota de sudor laboral (hay que recordar además que cuando se apropiaron de dineros ilícitos aún decían mantener en alto las banderas de los oprimidos del país).
Se enriquecieron patrimonialmente de modo irregular, utilizando dineros de campaña en beneficio propio. Por ello, al final de su proceso judicial seguramente serán condenados, a menos que sigan acaeciendo despropósitos judiciales como el que acaba de perpetrar el juez Concepción Carhuancho, que sin duda servirá de argumento para la impunidad.
La del estribo: qué manía de algunos congresistas de pergeñar proyectos absurdos. Ahora quieren crear un colegio de historiadores, capaz de sancionar opiniones o de maniatar el libre ejercicio académico. Un disparate por donde se le mire. Como toda pretensión corporativista, es inaceptable.

Valiente, pero no acertado, por Federico Salazar "Dar prisión preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, ha sido una decisión valiente, pero equivocada".

Ollanta Humala, Nadine Heredia

(Foto: AFP)
Dar prisión preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, ha sido una decisión valiente, pero equivocada. Valiente, sin duda, porque se trata de un ex mandatario y porque es un caso político y mediático.

El juez Richard Concepción Carhuancho ha resuelto con independencia de criterio. Esta valentía y esta independencia hay que felicitarlas.

Una persona de criterio independiente, sin embargo, no siempre tiene criterios acertados. La independencia y el acierto son dos cosas diferentes.

Por el bien de la administración de justicia es importante que haya jueces independientes, pero es igualmente necesario que los jueces tomen decisiones acertadas.
Muchos penalistas han señalado que el juez se excedió en el rango de la medida adoptada. Algunos, incluso, califican la resolución de ilegal.

El carácter ilegal de la resolución, sin embargo, debe descartarse. El juez se amparó en la ley y en toda su formalidad.

El juez ha estimado que los procesados son personas que obstruyen la justicia.

Sobre Nadine Heredia se menciona, por ejemplo, su pretensión de cambiar su letra en una prueba grafotécnica sobre las agendas. En el caso de Ollanta Humala se tuvo en cuenta, entre otras cosas, la posible compra de testigos en el Caso Madre Mía.
La obstrucción a la justicia es un hecho de gravedad. Es bueno que así se establezca en la práctica judicial. Sin embargo, justamente por ameritar medidas severas, debe contar con todos los sustentos, formales y materiales.

En el caso de la compra de testigos no están acreditados judicialmente el hecho ni la autoría.

Hay que preguntarse, además, si la compra de testigos se puede evitar con una prisión preventiva. No se trata en este caso de sancionar un supuesto de compra de testigos de otro caso, sino de asumir ese supuesto como parte constitutiva de un riesgo procesal del caso actual.

Si se va a buscar sustento en otro caso, tendría que establecerse la relación con el caso a resolver. “Como compró ayer, comprará hoy” es el razonamiento. Tratándose de una decisión judicial, sin embargo, ese “compró ayer” tendría que ser un hecho establecido y no solo una imputación.
En el caso de Nadine Heredia el antecedente obstruccionista sí está probado. Sí se realizó la prueba grafotécnica y sí intentó adulterar su escritura.

La obstrucción de Heredia, sin embargo, fue ineficaz y no se integró a un plan para eludir la justicia. Más pareció explicarse por alguna inestabilidad emocional. ¿Podía, acaso, burlar a los especialistas? ¿Podía alterar el curso de la justicia?

El tema de fondo es la recepción y manejo de dinero de origen ilegítimo. La causa procesal es sobre cómo deben afrontar el tema de fondo.
El juez del caso procesal tiene elementos de convicción con respecto al tema de fondo. ¿Puede trasladar sus convicciones sobre un caso que no juzga al caso que sí le toca juzgar?

En el caso de fondo los Humala han tenido una conducta poco cuestionable. El ex presidente permaneció en el país y la esposa regresó al mismo cuando fue requerida.

En cuando a un eventual riesgo de fuga, no hay forma de sustentarlo en la conducta.

El juez razonó: “Tengo por cierto que manejaron dinero ilegal; por tanto, hay riesgo de fuga”. Hizo una deducción, creó un escenario y resolvió.



No hay una infracción a la ley, pero sí un criterio demasiado amplio para tratarse de una hipótesis. Se puede discutir este tipo de razonamiento como el más justo en relación a cómo se condujeron los procesados.

Hay países que siguen de manera más estricta el fondo de la ley. En ellos no se hubiera dado prisión preventiva. En el Perú somos estrictos en el seguimiento de la letra de la ley. Eso nos coloca en una justicia menos previsible.

La resolución del juez ha sido quizá excesiva, pero no es ilegal. La segunda instancia puede retomar un seguimiento más estricto del fondo de la ley procesal.

De la confianza en la justicia, después de todo, dependemos todos.

jueves, 22 de junio de 2017

Con esos desatinos políticos a cuestas, era previsible que el Congreso –que es a fin de cuentas una instancia política y está mayoritariamente integrado por representantes de la oposición– acabaría licenciándolo.

Editorial: Un final anunciado

Plantear la cuestión de confianza votada ayer solo podía tener el desenlace que tuvo.

EDITORIAL

Editorial El Comercio
Thorne
Ayer por la tarde, el pleno del Congreso emitió 88 votos en contra del pedido de confianza planteado por el saliente ministro de Economía, Alfredo Thorne. Asimismo, hubo 11 votos a favor y 2 abstenciones. (Foto: Archivo El Comercio) 
Lo sucedido ayer con el ya depuesto ministro de Economía, Alfredo Thorne, no puede sorprender a nadie. Su suerte, en realidad, estaba echada desde que se conoció el contenido completo de su conversación del 17 de mayo con el contralor general de la República,Edgar Alarcón. Contrariamente a lo que él sugirió cuando se divulgaron en un programa periodístico los primeros extractos de ese diálogo, la grabación no editada del mismo no cambió la percepción que se tenía de su intervención en ese trance, sino que, más bien, la confirmó. Quedó claro, en concreto, que si bien no cometió actos ilícitos, el saliente titular del MEF incurrió en dos considerables torpezas políticas.
Por un lado, la de tratar en una misma reunión el informe que la contraloría tenía en ese momento pendiente sobre la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero y la solicitud de esa entidad de un incremento de su presupuesto, dando pie a suspicacias sobre un eventual intento de hacer depender una cosa de la otra. Y por otro, la de involucrar, a través de diferentes referencias explícitas, al presidente Kuczynski en el supuesto ‘encargo’ de asegurar una imprecisa ‘ayuda’ del contralor sobre el destrabe de proyectos de inversión, en el contexto de unos “grises bien turbios” de la legalidad.
Con esos desatinos políticos a cuestas, era previsible que el Congreso –que es a fin de cuentas una instancia política y está mayoritariamente integrado por representantes de la oposición– acabaría licenciándolo. Pero, habida cuenta de lo ocurrido antes con el ex ministro de Educación Jaime Saavedra y del maltrato del que fue objeto también el ex titular de Transportes Martín Vizcarra con ocasión de su propia interpelación, era evidente que adoptar tal decisión tendría un costo para quien se animara a hacerlo.
Sin embargo, lejos de capitalizar esa circunstancia a favor del futuro del gobierno y de la imagen que quedaría de él tras su retiro del cargo, Thorne sumó a los desaciertos ya mencionados otros nuevos. Primero, el de basar su defensa ante la representación nacional fundamentalmente sobre alusiones a su trayectoria personal y profesional, así como a la importancia de la recuperación económica del país que él debía encabezar, generando la sensación de que se quería soslayar el problema específico que lo había arrastrado hasta ese foro.
Y segundo, el de plantear una cuestión de confianza al respecto, en lugar de dejar que las bancadas de oposición cumplieran con la onerosa faena de impulsar y votar su propia moción de censura.
Más allá de las discusiones legales sobre si tal cuestión de confianza procedía en esta circunstancia, ¿qué pretendía efectivamenteThorne que le respondiese la variopinta mayoría parlamentaria no oficialista a la demanda de si le otorgaba su confianza tras los desaguisados ya comentados? Los 88 votos registrados ayer en contra de su solicitud no dejan margen para la duda.
El problema, por lo demás, no se agota en lo ya mencionado. Adicionalmente, se ha manoseado en vano un recurso que el gobierno venía atesorando como una ‘bala de plata’ para remontar el arrinconamiento al que lo tiene sometido la mayoría opositora. Es cierto que no es lo mismo una cuestión de confianza planteada a propósito de la gestión de un ministro específico que una planteada en torno al desempeño de un Gabinete en general (de hecho, solo la acumulación de dos negativas a este último tipo de demanda es la que abre la posibilidad de cerrar constitucionalmente el Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas), pero el grueso de la ciudadanía no se detiene ante un discernimiento tan fino.
Si a partir de este momento, el Ejecutivo decidiese pulsear con el Parlamento valiéndose del referido instrumento constitucional, para cuando se llegase al segundo equipo ministerial en demanda de confianza, lo más probable es que buena parte de la población tendría la sensación de que el gobierno está abusando de un recurso extremo.
Así las cosas, queda claro que, más allá de qué tan cierto sea que la oposición tiene cierta predilección por ponerle zancadillas al gobierno, en este caso el oficialismo tropezó con sus propios pies.

martes, 23 de mayo de 2017

Como en el caso de la amenaza de hacer una cuestión de confianza si se le censuraba a un anterior ministro, el gobierno ha acabado por bajar la cabeza y abdicar de su autoridad en lo técnico y en lo político: un acto que constituye una nueva decepción en lo que concierne al presente y un muy mal augurio para los cuatro años de poder que le quedan por delante.


El despeñadero de Chinchero

Con su último retroceso, el gobierno vuelve a decir que carece de autoridad en lo técnico
y lo político.

EDITORIAL

Editorial El Comercio
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Ayer, Martin Vizcarra renunció a su cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones minutos antes que la Contraloría presente su informe respecto al Aeropuerto de Chinchero, quedando solamente como primer vicepresidente de la República. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)
El proceso que se inició con el anuncio de una adenda al contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero y culminó con la reciente noticia de que tanto el contrato como la adenda serán “dejados sin efecto” por el Estado ha sido como contemplar una loca carrera del gobierno hacia el despeñadero, pero en cámara lenta. Porque a cada marcha y contramarcha del Ejecutivo sobre el nuevo arreglo contractual, venían a la mente las ocasiones en que, con solo diez meses en el poder, los máximos representantes de esta administración han dicho y se han desdicho ya respecto de tantas materias. Y el temor de que esta vez no estuviésemos ante una excepción, era permanente.

En honor a la verdad, desde el principio fue posible detectar, por lo menos en el propio ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, dudas sobre la idoneidad de la adenda. No parece casual, en efecto, que fuera partidario de paralizar la firma del documento ante la sola ‘exhortación’ de una comisión del Congreso para que lo hiciera, ni que finalmente la encargada de firmarlo fuese una de sus viceministras, o que algún tiempo después les dijera a los cusqueños (a propósito del contrato con adenda ya firmada): “Si ustedes me dicen que lo anulemos, lo hacemos”.
La determinación del presidente Kuczynski, sin embargo, era absoluta. O al menos, así lo parecía. Dos días después de la paralización de la firma a la que aludíamos, él apareció en un mensaje televisado a explicar, con pizarra y plumón en la mano, la posición del Ejecutivo y afirmó que, si bien en el contrato original “no se había dado de manera correcta la cooperación entre el público y el privado”, ahora se había encontrado una solución. “Aquí se ha saneado el proyecto y por eso queremos ir adelante y no dejarnos intimidar”, sentenció. Y en un gobierno cuya ventaja comparativa radicaba supuestamente en su consistencia técnica, aquello sonaba definitivo.
Las objeciones provenientes de la oposición y la contraloría, no obstante, surgieron, y hasta se convocó al ministro Vizcarra a una interpelación parlamentaria que finalmente no se produjo, como efecto de un tácito acuerdo político para dejarlo atender con tranquilidad la emergencia de El Niño costero. Pero, como era previsible, la iniciativa fue retomada no bien superado el momento más duro de la crisis.

Y así, de pronto, tras una sesión en el pleno en la que no se aportó ningún argumento nuevo y una posterior reunión con representantes de la contraloría, el titular de Transportes aparece ante la prensa para declarar que, a pesar de la adenda, el contrato con Kuntur Wasi será “dejado sin efecto” porque “no ha generado el respaldo ni de los grupos políticos ni de la propia contraloría”. Y unas horas más tarde, renuncia…

¿Pero es que acaso no estaba el Ejecutivo convencido de sus argumentos técnicos para insistir en su versión modificada del proyecto? ¿Se supone que su tarea de sacar adelante decisiones que le competen solo a él estará siempre en ascuas cuando no tiene el respaldo de otros grupos políticos o la contraloría (que no es una entidad a la que le corresponda expresar apoyos espirituales a iniciativas del gobierno, sino evaluar los riesgos para el gasto público que entrañan)? ¿Cuál es el mensaje de esta administración a los sectores más hostiles de la oposición que, al parecer, se complacen en verlo retroceder y sacrificar a sus piezas más emblemáticas ante cualquier asomo de tormenta política? Finalmente, ¿cuál es la imagen que esta actitud vacilante del gobierno transmite a quienes quieren invertir en el país?

Como en el caso de la amenaza de hacer una cuestión de confianza si se le censuraba a un anterior ministro, el gobierno ha acabado por bajar la cabeza y abdicar de su autoridad en lo técnico y en lo político: un acto que constituye una nueva decepción en lo que concierne al presente y un muy mal augurio para los cuatro años de poder que le quedan por delante.