No se puede cambiar el pasado, pero sí aprender de él. Por ello, resulta importante que Ministerio de Educación (Minedu), gobiernos regionales y ciudadanos en general aspiremos a obtener una lección de los más de 50 días en que los docentes del interior del país decidieron cambiar las aulas y los libros por las calles y las pancartas.
El último jueves, la ministra Marilú Martens junto con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Luis Valdez, presentaron el acuerdo firmado por el Gobierno Central y los 25 representantes de los gobiernos regionales, que incluían los compromisos estatales para poner fin a la agitada huelga del sector magisterial.
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Se aprecia entre los acuerdos que ningún docente rendirá evaluaciones de desempeño sin antes haber pasado por un proceso de capacitación, el adelanto del incremento del salario básico a los docentes de la primera escala magisterial de S/1.780 a S/2.000 para diciembre de este año (originalmente previsto para el 2018) y la exigencia del retorno de los profesores a clases, a nivel nacional en todas las escuelas, para el día de mañana, lunes 7 de agosto. Se precisa, así, que “los gobiernos regionales, a través de las direcciones regionales y las UGEL realizarán los descuentos por inasistencia a los docentes […], tal como indica la normativa correspondiente, bajo responsabilidad civil y penal”, y que los profesores, directores y padres de familia se pondrán de acuerdo para un plan de recuperación de clases.
Desde una perspectiva institucional, el pacto entre el Gobierno Central y los gobiernos regionales no resultaba necesario. Que estos últimos tuvieran que aplicar los descuentos correspondientes a los profesores que se rehusaban a volver a las aulas –pese a que la huelga ya había sido declarada improcedente semanas atrás– no era algo que requiriese negociación, sino una obligación por mandato legal. Y que el Minedu decida aumentar el sueldo de los docentes debería responder a un planeamiento presupuestario responsable y no primordialmente a una reacción ante la presión sindical a la que se enfrentaba. Dadas las circunstancias, sin embargo, es positivo que los gobiernos regionales empiecen a actuar con responsabilidad y que el Minedu muestre la voluntad de llegar a un acuerdo que, aunque defectuoso, puede ser superior a la continuación del conflicto.
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En cualquier caso, para evitar reincidir en los mismos errores que impidieron la solución temprana al paro magisterial, resulta imprescindible que los términos convenidos y el respeto a la ley primen en adelante. Esto supone, por supuesto: supervisar estrictamente que los profesores recuperen las horas de clase perdidas, aplicar a rajatabla los descuentos a los docentes que no retornen a sus labores y, en última instancia, licenciarlos, y, finalmente, identificar y sancionar penalmente a quienes cometieron los actos de violencia contra la integridad de las personas y la propiedad pública y privada.
Pese al anuncio del jueves, algunos representantes sindicales han adelantado que no piensan deponer su protesta. Así las cosas, mañana será una ocasión para constatar qué docentes tienen un verdadero compromiso con la educación y quienes, más bien, tienen otro tipo de compromisos subyacentes a los que el diálogo seguramente no podrá satisfacer.
Y en lo que respecta a nuestras autoridades nacionales y regionales, será una jornada para cotejar su compromiso con la aplicación de la ley. Es decir, para demostrar que han aprendido la lección.
