Caimanes del mismo pozo Pienso que debemos cuestionar el ataque de Estados Unidos, Inglaterra y Francia pero, además, debemos resaltar que la situación en manos del dictador Bashar Al Assad es catastrófica

17 Abr 2018 | 6:00 h

“Misión cumplida” tuiteó Trump desde su cuenta al final de la perversamente denominada “operación quirúrgica” de lanzamiento de misiles contra los edificios que, supuestamente, ocultaban las armas químicas en Damasco. Putin no dudó en dar conferencia de prensa y denominar un “acto de agresión” a la andanada; además, señaló la responsabilidad de Trump en este ataque como un “efecto destructivo en todo el sistema de relaciones internacionales”. No se puede pensar que Trump es el enemigo de la humanidad y Putin el patriota —como me lo han señalado algunos— porque ambos personajes están absolutamente cuestionados. Digamos, recordando a Chávez, que ambos bien podrían ser caimanes del mismo pozo.

El conflicto en Siria, además de conllevar la muerte de más de 207 mil civiles hasta marzo de 2017, incluyendo 23 mil mujeres y 24 mil niños y niñas y un éxodo sin precedentes en oriente medio, es totalmente complejo por la cantidad de países que han decidido entrar al mismo (13 desde que se inició), así como por la multitud de grupos alzados en armas, que se disputan las agresiones o resistencias contra el gobierno de Al Assad, incluyendo al Estado Islámico que se apoderó buena cantidad de años del nororiente sirio. Según el Syrian Network for Human Rights, el 94% de las muertes fue provocada por la alianza sirio-rusa-iraní. 

Siendo el tema complejo también es necesario no simplificarlo pensando que, en este proceso, existen buenos y malos como en cualquier serie de Netflix. Lamentablemente los compañeros de las distintas izquierdas, con quienes comparto luchas y principios, a veces caen en este tipo de simplificaciones. Para ellos hay solo una resistencia antimperialista: contra Estados Unidos y Europa. Pienso que debemos cuestionar el ataque de Estados Unidos, Inglaterra y Francia pero, además, debemos resaltar que la situación en manos del dictador Bashar Al Assad es catastrófica. Como sostiene la sirio-inglesa Leila Shami: “Assad es visto como parte del ‘eje de resistencia’ contra el imperio estadounidense como contra el sionismo. Poco importa que el propio Assad haya apoyado la primera guerra del Golfo, o haya participado en el programa de entregas ilegales de Estados Unidos torturando a presuntos terroristas en Siria a nombre de la CIA. O el hecho de que este régimen probablemente tenga la dudosa distinción de masacrar a más palestinos que el estado israelí”. 

Desde nuestro pequeño rincón de América Latina poco podemos hacer contra esta masacre de todos los fuegos el fuego. Sin embargo, creo que sí debemos desarrollar una manera de entender las coordenadas geopolíticas en su densidad y espesor poco comunes, sobre todo, en un espacio tan complejo como oriente medio donde está en juego el acceso a petróleo, a las reservas de gas, y por otro lado, las luchas entre laicos y fanáticos musulmanes incluyendo una legión de grupúsculos guerrilleros. Como sostiene mi colega Raphael Hoetmer debemos “construir una narrativa y una intervención alternativa en defensa de los derechos humanos”. Quizás habría que recordar a Carlos García Bedoya y su propuesta de “no alineamiento” frente a imperialismos occidentales y orientales. 

https://larepublica.pe/politica/1228070-caimanes-del-mismo-pozo

“La inmunidad parlamentaria se ha convertido en un incentivo perverso para no responder por nuestra conducta ante la justicia

Las trampas de la inmunidad, por Patricia Donayre

PATRICIA DONAYRECONGRESISTA DE LA REPÚBLICA*

"De no ser el Congreso el escenario de su eliminación, aún nos queda someternos a la decisión del poder más poderoso, el poder constituyente, el del pueblo [...]". (Ilustración: Giovanni Tazza)

Patricia Donayre16.04.2018 / 11:30 am

La inmunidad como prerrogativa parlamentaria tiene sus orígenes en el siglo XVII en el derecho inglés y francés, para evitar que los comunes (los diputados) fueran arrestados o procesados por sus opiniones y por hechos delictivos. Su función era proteger a los diputados frente a la injerencia real y mantener viva la separación de poderes. 

Hoy, es una prerrogativa cuya existencia no tiene justificación y atenta contra el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución. Y ello porque otorga un trato diferenciado a un congresista frente a un ciudadano común por la comisión de un mismo hecho delictivo. 

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El artículo 93 de la Constitución –cuyo tercer párrafo varios parlamentarios proponemos eliminar mediante un proyecto de ley presentado el 3 de abril, que busca una reforma constitucional– prohíbe que nosotros los congresistas seamos procesados o presos sin autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que somos elegidos hasta un mes después de dejar el cargo. Autorización que se requiere aun en supuestos de flagrancia. Es decir, ante cualquier comisión de un hecho delictivo solo se nos juzga o procesa siempre que el Congreso lo autorice. 

Esto ha contribuido a que la gran mayoría de peruanos entienda la inmunidad parlamentaria como un mecanismo de impunidad congresal, en el que nos amparamos para no responder por nuestros actos, gozando de libertad para hacer lo que queremos sin pagar las consecuencias. 

En cambio, en Colombia, por ejemplo, los congresistas no tienen inmunidad y pueden ser procesados y sancionados, incluso penalmente, por las autoridades judiciales sin que medie ningún protocolo o procedimiento especial. 

En Inglaterra, la cuna de dicha inmunidad, solo se aplica conforme a la concepción original, que es proteger al parlamentario por sus opiniones, por su palabra y por sus votos en el ejercicio de sus funciones como tal. Pero, tratándose de un hecho delictivo, el juez simplemente informa a la respectiva cámara, sin posibilidad de que se impida el ejercicio de la justicia. 

Nuestros opositores a esta propuesta señalan que estamos atentando contra una garantía fundamental para el desempeño de la función parlamentaria, que estaríamos siendo pasibles como congresistas a denuncias mal intencionadas. Cabe señalar al respecto que somos los únicos funcionarios que poseemos inmunidad: ni los ministros ni los alcaldes ni los jefes de los organismos constitucionales autónomos la tienen. Con lo cual estos funcionarios, de ser verdad el razonamiento expuesto, también estarían desprotegidos. Y no es así. 

Esto revela una importante disparidad que debe desaparecer, pues no es posible que un congresista tenga inmunidad y haga política con base en esa protección especial, y un ministro o cualquier otro funcionario no la tenga, cuando en la práctica ambos promueven el interés público.  

Sabemos que para aprobar una propuesta de reforma constitucional el camino no es fácil. Se necesitan un procedimiento y una mayoría especiales. Espero su priorización, pues es el interés de la ciudadanía que se acabe con esta especie de “compadrazgo parlamentario” que termina encubriendo conductas delictivas en las que están implicados los congresistas bajo el pretexto de la inmunidad. La inmunidad parlamentaria se ha convertido en un incentivo perverso para no responder por nuestra conducta ante la justicia, como corresponde en toda democracia donde la deliberación pública y el principio de igual consideración y respeto ocupan el sitial más importante.  

De no ser el Congreso el escenario de su eliminación, aún nos queda someternos a la decisión del poder más poderoso, el poder constituyente, el del pueblo, voluntad máxima a la que todos estamos sujetos.

https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/trampas-inmunidad-parlamentaria-congreso-constitucion-proyecto-ley-articulo-93-impunidad-patricia-donayre-noticia-512382