Este miércoles se debate la polémica ‘Ley Cotillo’, que busca ampliar el mandato de rectores que se oponen a la ley universitaria, y, frente a este panorama, voceros delMinisterio de Educación (Minedu) afirmaron que existen intereses particulares detrás de la inicativa.
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“Algunas autoridades quieren mantener un conjunto de privilegios en universidades que manejan bastantes recursos y rinden pocas cuentas. Hay poca transparencia en sus gestiones”, afirmó Flavio Figallo, viceministro de Educación, en diálogo con LaRepública.pe.
Según el representante del Minedu, los opositores tienen intereses políticos, incluso fuera de las universidades, por lo que no desean elecciones directas y democráticas.
“Lo que se pretende es resistir y frenar los objetivos de la ley. Sin embargo, con la marcha convocada este miércoles, se aprecia que los alumnos y la opinión pública sí quieren un cambio”, argumentó.
Decisiones a tomar
Por ello, explicó que el sector confía en que los congresistas se “pongan de lado de los estudiantes y docentes” y no escojan a quienes se resisten a cumplir con la ley.
“De las 31 universidades públicas, 30 ya tienen sus estatutos y han venido adecuándose. San Marcos solo ha creado el comité electoral y es la más atrasada de todas. Incumple la ley y por eso el rector está enjuiciado”, apuntó Figallo.
Además, recalcó que la cartera de Educación y la Sunedu tomarán las acciones legales correspondientes contra los rectores que se resistan a adecuarse a la ley.
Adecuación a fin de año
La mayoría de universidades podría terminar de adecuarse a la ley universitaria a fines de este año o, en todo caso, dejar pequeños cambios para los primeros meses del 2016, aseguró Figallo.
