Una propuesta de nueva ley orgánica para el Ministerio Público prepara esta institución, que hoy celebra su 31° aniversario de creación como organismo autónomo. Sobre esta iniciativa, el Diario Oficial El Peruano dialogó con el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, quien detalló la labor que realiza la institución a su cargo y felicitó a todos los fiscales por su día. –¿El Ministerio Público es ya una institución consolidada? –Hoy, el Ministerio Público cumple 31 años de vida independiente y autónoma. Durante este tiempo, ha crecido enormemente y se ha modernizado. Nos podemos considerar una de las instituciones más modernas que en este momento funcionan en el país. No solamente en número de fiscales sino también en instalaciones. Hay un crecimiento importante del patrimonio de esta institución. –¿El fiscal, como titular de la acción penal, está cumpliendo una buena función? –Sí, hemos tenido grandes intervenciones durante este año; por ejemplo, en temas relacionados con el tráfico ilícito de drogas, minería informal y medioambiente. Estamos dotando a la especialidad ambiental de peritos para que nos asesoren, y contratando, por tanto, a ingenieros y técnicos porque esta especialidad necesita de datos puntuales para las pericias. –¿Debe modificarse la Ley Orgánica del Ministerio Público, considerando que no solo este organismo constitucional se ha modernizado sino también el nuevo modelo procesal penal puesto en marcha? –Sí, efectivamente. Ya nuestra ley orgánica resulta desfasada en muchos campos en relación con el nuevo modelo procesal penal. En esa medida, estamos preparando, tomando como base los proyectos que se han elaborado en el lapso de muchos años, un anteproyecto para remitirlo al Poder Legislativo. Ojalá allí se logre discutir y eventualmente aprobar una ley nueva que contenga los principios que rigen el nuevo modelo procesal penal, y en los que el Ministerio Público asume el rol acusador. –¿Qué disposiciones deben incorporarse en la nueva ley que se prepara? –Básicamente, tenemos que adecuarnos al nuevo Código Procesal Penal. Si bien es cierto que en nuestra ley orgánica el fiscal es el titular de la acción penal, en este cuerpo legal se definen los roles que corresponden a cada institución y, en este caso, al Ministerio Público. También resulta muy importante tener en cuenta que desarrollamos varios programas que tienden no solamente a combatir el delito sino a realizar labor de prevención. Estamos desarrollando –por ejemplo– el programa de fiscales escolares y un programa de acercamiento a la población, mediante el cual brindamos a niños, jóvenes y adultos tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico, y proporcionamos, además, los servicios de rayos X, análisis químico, porque tenemos a los miembros del Instituto de Medicina Legal, que son profesionales altamente calificados en medicina. –¿Deben crearse más fiscalías especializadas? –La criminalidad se va desarrollando y a veces está a la vanguardia de las instituciones que combatimos el delito. Quizás necesitemos una fiscalía especializada en trata de personas, y crear la especialidad del feminicidio. Especialidades que podrían estar consideradas en una nueva ley orgánica. Pero en un futuro próximo vamos a tener que incluirlas porque se necesita que los fiscales se especialicen también. –¿Cuál es la prioridad de la Fiscalía de la Nación para este año? –Seguir ganando la confianza de la ciudadanía. Demostrar que somos una institución que defiende los derechos ciudadanos, que no solo estamos para luchar contra la delincuencia sino para prevenirla, y lograr que la ciudadanía se siente segura. Para prevenir el delito implementamos los programas de fiscales escolares, los fiscales ambientales. Nos acercamos a la población y realizamos una persecución estratégica del delito. En esa línea de trabajo –por ejemplo– tratamos con jóvenes que están en peligro de caer en actos antisociales o delictivos. Observatorio de la criminalidad –¿El observatorio de la criminalidad genera buenos resultados? –Se está usando tecnología moderna e inclusive satelital para ubicar las zonas donde se vende droga y hay prevalencia de delitos contra el patrimonio, robos, hurtos, trata de personas, inclusive. Es un insumo que se proporciona a las fiscalías, que también puede servir a la Policía para combatir la criminalidad en sus diferentes facetas. –¿Requiere potenciarse? –Sí, le hemos dado un lugar mucho más amplio. El observatorio empieza a funcionar desde las actividades vinculadas con el acercamiento a la población. Luego de atender al ciudadano, se le hace una encuesta, se pide información sobre los lugares donde se vende droga y se cometen delitos. Con la ayuda del GPS se recorre la zona indicada, se corrobora si el dato es real y recién se levanta el plano satelital correspondiente. Actual modelo procesal –¿Cómo evalúa la aplicación del actual Código Procesal Penal en el ámbito de las fiscalías? –El 93% de las acusaciones formuladas por los fiscales en los distritos judiciales donde ya se aplica el nuevo Código Procesal Penal han generado sentencias condenatorias. Solo 7% han devenido en sentencias absolutorias. Esto quiere decir que las acusaciones formuladas por los fiscales han tenido sustento, respaldo probatorio y, en consecuencia, los jueces han dictado sentencia condenando por la comisión de diferentes delitos. Pero no solamente tenemos las estadísticas con resultados muy positivos. También llevamos a cabo audiencias públicas que son bien concurridas; la última de ellas fue en La Libertad, donde más de 700 personas acudieron, de las cuales 46 proyectaron algunas críticas al modelo y al mal desempeño de algún fiscal; pero en líneas generales hemos sido aprobados. Tenemos –en consecuencia– una apreciación muy positiva de cómo esta marchando el nuevo Código Procesal Penal. Consideramos, en líneas generales, positivos los resultados. Tareas Hasta el momento, existen algo más de cuatro mil fiscales en todo el país. Sin embargo, Peláez advirtió que cuando el nuevo Código Procesal Penal esté implementado en todo el territorio nacional, habrá fácilmente 15,000. A su juicio, no solo se tiene que combatir el delito sino también prevenirlo, para lo cual son necesarias adecuadas acciones de parte de los gobiernos regionales, municipalidades y escuelas. Detalló que se seguirá capacitando a los fiscales y desarrollando audiencias públicas. Anunció que para fines de este mes se prevé en el Cusco una reunión con todas las instituciones educativas, policiales, regionales para evaluar la implementación del nuevo modelo procesal penal. Adelantó que se proseguirá con la ejecución del programa de fiscales escolares, que se está constituyendo en los ojos y oídos de los fiscales para dar cuenta de casos de consumo de droga y bullying.
