Por Óscar Miranda
“Me da mucha pena. Han destruido a la institución”. Una ex funcionaria de Cofopri termina amargamente su relato sobre el deterioro de la que fuera su segunda casa durante los últimos 10 años. Otro ex trabajador bromea, no sin tristeza, sobre los ex colegas que antes resaltaban su paso por el organismo en sus hojas de vida y que ahora lo escamotean, avergonzados. “Cómo es la vida, ¿no?”, se lamenta.
¿Qué pasó con aquella institución a la que el Banco Mundial consideró, hace algún tiempo, la segunda más exitosa experiencia de formalización de la propiedad en el mundo? ¿Cómo fue que se convirtió en el nido de ratas descubierto hace cuatro meses, en un escándalo que le costó la cabeza a su director ejecutivo, Omar Quesada ?
ORIGEN TÉCNICO. Cofopri fue creada en 1996 con el fin de formalizar a los asentamientos humanos que nacieron como invasiones. “La idea, además, era que no solo diese títulos sino que facilitase el ingreso del sector informal al sistema legal”, cuenta Ana Lucía Camaoira, integrante del equipo del Instituto Libertad y Democracia (ILD) que gestó el proyecto.
Durante los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo las funciones de formalización regresaron a los municipios, por lo que Cofopri se mantuvo como un ente asesor y no vivió escándalos. Según varios ex funcionarios, durante 10 años los tres gobiernos respetaron su condición de organismo técnico y casi no tocaron a los especialistas que allí laboraban. Las cosas cambiaron con el Apra.
AVALANCHA. Lo primero que hizo este gobierno fue restituirle a la entidad, temporalmente, la formalización de las posesiones informales en las ciudades (primero hasta diciembre de 2009 y luego hasta diciembre de 2011). Cofopri volvió a tener poder.
Lo segundo fue absorber el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) y asumir las tareas de formalización de los predios rurales. Lo tercero fue echar a calle a los profesionales de carrera. Y llenar la institución de “compañeros’.
“Un día llegaron como en camionadas, cientos”, recuerda un ex funcionario que estuvo en la sede de Jesús María hasta inicios de este año. “Se necesitaba arquitectos, ingenieros, pero llegaron profesoras, sociólogos; había abogados pero ni siquiera sabían manejar Autocad”, dice.
Según diversos testimonios, entre setiembre y octubre de 2007 fueron contratadas unas 1,500 personas, la mayoría de las cuales tenía un solo mérito: ser del partido de la estrella.
Al mismo tiempo, Quesada ubicó en los puestos clave a apristas y amigos personales como Julio Calderón, Juan Candela y Rolando Santa Cruz, que no tenían la menor idea de lo que era la formalización de la propiedad. El propio Quesada era el mejor ejemplo de esta improvisación: en abril de 2010 reconoció que antes de llegar a Cofopri no sabía para qué servía este organismo.
Los malos manejos hicieron que, en octubre de 2008, la entidad tuviera que suspender sus labores. Quesada dijo entonces que las metas del año se habían cumplido antes de tiempo pero, según ex trabajadores, lo que ocurrió realmente fue que el presupuesto se acabó debido al aumento explosivo del personal. Cientos fueron despedidos. En febrero de 2009, con el nuevo presupuesto, los apristas volvieron a contratar a los suyos.
CORRUPCIÓN. Durante los últimos tres años, la institución terminó convertida en una “portátil’ más. Los trabajadores eran acarreados a las actividades del partido, como la Marcha por la Paz que Mauricio Mulder organizó en junio de 2009. Cuando Quesada entró a la pelea por la secretaría general del Apra, eran los apristas de Cofopri quienes lo vitoreaban durante sus “baños de popularidad’ en la Casa del Pueblo. “No podías faltar porque te hacían la cruz”, dice un ex trabajador.
El uso proselitista de la entidad no fue lo peor. Lo fueron los negociados corruptos que los “compañeros’ perpetraron con desparpajo, a vista y paciencia de los trabajadores. “Todos sabían que se hacían negociados pero nadie decía nada”, comenta el ex servidor.
Recién en abril de este año, con el descubrimiento de la venta a precio de ganga de un terreno de playa al sur de Lima, el podrido sistema fue destapado. Lo putrefacto de la operación fue tan obvio –la propiedad, de 30 mil has, fue vendida a un traficante de tierras a menos de S/. 4,908– que Quesada renunció de inmediato.
Lo que vino a continuación fue el desmoronamiento. Los escándalos de adjudicaciones de títulos al mejor postor aparecieron por todo el país. Diez jefes zonales fueron expectorados. A cientos de trabajadores no se les renovó el contrato.
Alan García decidió que la solución era deshacerse de la facultad de formalizar los predios rústicos y transferírsela a las regiones. Pero ¿es la mejor salida? “Están reduciendo Cofopri y es una lástima”, dice Ana Lucía Camaoira, del ILD, “porque el problema se puede corregir restituyendo el perfil técnico de la institución, con buenos profesionales”. En el esquema elegido es posible que los negociados de tierras continúen, solo que a partir de setiembre serán por responsabilidad de los gobiernos regionales. Una pena.
