¿Puede alguna empresa pagar S/. 208 millones en 15 días sin dejar de quebrar? Pues eso es lo que le puede ocurrir a las azucareras Pomalca y Tumán (Lambayeque). El pasado 17 de marzo la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) entregó respectivas notificaciones en las que les da 15 días para que paguen una deuda de S/. 103 millones (Pomalca) y S/. 105 millones (Tumán) o fraccionen. De no hacerlo, automáticamente procede el embargo.
“Eso es imposible de pagar ni siquiera con el fraccionamiento”, comentó Demetrio Ruiz Rivas, presidente de la Federación de Trabajadores Azucareros del Perú (FTAP) quien denunció una persecución, pues la medida se da justo ahora que los trabajadores son accionistas mayoritarios tras el Decreto de Urgencia 008-2011 por el cual se les transfirió la participación del Estado en estas azucareras.
Ruiz agregó que la decisión de la Sunat evidencia la intención del gobierno de quebrar a esas empresas para que luego sus acreedores las lleven al proceso concursal en Indecopi, y ahí liquidarlas o venderlas a precio ganga a un grupo lechero que también concentra la producción de azúcar en el país.
El dirigente gremial explicó que se trata de una deuda antigua cuyo pago está sujeto a un cronograma presentado a Indecopi en junio del 2010.
“Esta situación complica la solución del problema azucarero justo en el momento en que los trabajadores estaban retirándose de la Plaza Dos de Mayo, después de permanecer más de tres meses en huelga de hambre y realizando acciones de protesta contra el Gobierno por no concederles una solución a su problemas.
En ese sentido Ruiz anunció la realización de una marcha para el martes 29 de marzo en Chiclayo para exigir la protección patrimonial a las azucareras, ley por la cual luchan y que el Congreso ha decidido postergar su debate hasta después de las elecciones presidenciales.
DISCRIMINATORIA
Ruiz afirmó que la medida sorprendentemente es dictada solo a estas dos empresas azucareras. A otras, como Pucalá, que debe más de S/. 250 millones desde el 2005 y no goza ni gozó de protección patrimonial porque el Estado no tiene participación accionaria, no ha sido notificada por la administración tributaria.
La Sunat tampoco toca a Cayaltí que está administrada por el Estado a través de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), a pesar que también tiene una importante deuda tributaria.
