Por: Lic. José Santos Castro
El 24 de marzo se promulgó la ley 29510 que permite a cualquier profesional ejercer la docencia en instituciones de Educación Básica públicas y privadas, en áreas afines a su especialidad. La forma para llegar a esa cuestión de fondo ha sido el exceptuar “del requisito de colegiación… a profesionales con distintos títulos al de educación”.
Importa señalar que el sector educación es una realidad compleja. En términos de análisis y práctica tienen cabida en educación: médicos, sociólogos, economistas, psicólogos, etc. Pero cada uno ejerciendo funciones acordes a su especialidad. No podríamos pedir a un especialista en gestión o a una nutricionista que brinde atención de cardiología a un paciente; como tampoco un docente, puede estar ejerciendo la función de gasfitero, jardinero o portero menos aún, faltando a sus horas de clase y sin ningún criterio técnico o de experiencia, porque su función de docente es y ha sido una preparación de una institución superior para un determinado fin.
La cuestión central no está entonces, en la presencia de de otros profesionales no docentes en educación; sino que no solamente tengan una práctica de enseñanza, también que sean capaces de promover aprendizajes. Se calcula que hay unos 6,700 profesionales distintos a los de educación que se encuentran laborando en el sector público de educación.
Mayormente se trata de profesionales no docentes que:
a) No tuvieron éxito laboral en su profesión.
b) Asumen la docencia o el trabajo en el sector de educación pública como un trabajo adicional (“cachuelo”). Estos profesionales no docentes tienen una remuneración, alrededor 1,020 nuevos soles. Se trata de un monto inferior a la media del conjunto del magisterio que labora en instituciones educativas del sector público ¡ y por este monto remunerativo no vienen los de mayor calidad de otras profesiones ! ¿vendrán los mejores? No, ellos tienen su consultorio particular con una afamada experiencia y con clientela; contratados en empresas privadas con 2 ó 3 veces de sueldo promedio,
al sector público.
El 24 de marzo se promulgó la ley 29510 que permite a cualquier profesional ejercer la docencia en instituciones de Educación Básica públicas y privadas, en áreas afines a su especialidad. La forma para llegar a esa cuestión de fondo ha sido el exceptuar “del requisito de colegiación… a profesionales con distintos títulos al de educación”.
Importa señalar que el sector educación es una realidad compleja. En términos de análisis y práctica tienen cabida en educación: médicos, sociólogos, economistas, psicólogos, etc. Pero cada uno ejerciendo funciones acordes a su especialidad. No podríamos pedir a un especialista en gestión o a una nutricionista que brinde atención de cardiología a un paciente; como tampoco un docente, puede estar ejerciendo la función de gasfitero, jardinero o portero menos aún, faltando a sus horas de clase y sin ningún criterio técnico o de experiencia, porque su función de docente es y ha sido una preparación de una institución superior para un determinado fin.
La cuestión central no está entonces, en la presencia de de otros profesionales no docentes en educación; sino que no solamente tengan una práctica de enseñanza, también que sean capaces de promover aprendizajes. Se calcula que hay unos 6,700 profesionales distintos a los de educación que se encuentran laborando en el sector público de educación.
Mayormente se trata de profesionales no docentes que:
a) No tuvieron éxito laboral en su profesión.
b) Asumen la docencia o el trabajo en el sector de educación pública como un trabajo adicional (“cachuelo”). Estos profesionales no docentes tienen una remuneración, alrededor 1,020 nuevos soles. Se trata de un monto inferior a la media del conjunto del magisterio que labora en instituciones educativas del sector público ¡ y por este monto remunerativo no vienen los de mayor calidad de otras profesiones ! ¿vendrán los mejores? No, ellos tienen su consultorio particular con una afamada experiencia y con clientela; contratados en empresas privadas con 2 ó 3 veces de sueldo promedio,
al sector público.
