La frase que titula este editorial es la rimbombante forma en que termina el comunicado publicado hace dos días en la cuenta oficial de Twitter de Solidaridad Nacional (SN), el partido político que lidera y fundó el actual alcalde de Lima Metropolitana, Luis Castañeda Lossio.
A través de dicho comunicado, aparentemente, se buscaba responder a las interrogantes que ha recibido el burgomaestre a raíz de la difusión, por parte de IDL Reporteros, de algunas comunicaciones entre Giselle Zegarra (funcionaria de la comuna limeña durante las dos primeras gestiones de Castañeda) y Léo Pinheiro (ex presidente de la constructora brasileña OAS, hoy condenado a 16 años de prisión por la justicia brasileña por el caso de corrupción Lava Jato).
Las comunicaciones en cuestión revelaban, por un lado, que en octubre del 2014 y a través de Zegarra, Castañeda –quien entonces ya había sido electo alcalde pero recién iba a asumir el cargo en enero del siguiente año– había pedido al representante de OAS no firmar el contrato con la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, para poner en marcha el proyecto Río Verde en el Rímac. Y también que, en agosto del 2014, cuando todavía estaba en contienda electoral con la entonces alcaldesa Villarán, Castañeda –siempre a través de Zegarra– había pedido a OAS dejar de hacer publicidad sobre el proyecto Río Verde, solicitud a la que accedió Pinheiro.
Estos intercambios, por sí solos, no demuestran la existencia de algún delito (Castañeda bien podría haber considerado que firmar el proyecto Río Verde era un desacierto que luego hubiera tenido que renegociar durante su mandato); sin embargo, sí ponen en evidencia una excepcional cercanía entre él y el máximo representante de la constructora brasileña, al punto que –por el tenor de los mensajes– este último aceptaba sus demandas sin protesta.
Por otro lado, y con independencia de estas revelaciones, la decisión de la actual gestión municipal de desechar el proyecto Vía Parque Rímac (y proseguir con la Línea Amarilla) se encuentra aún en investigación en la contraloría, el Congreso de la República y el Ministerio Público. En particular, es objeto de fiscalización la decisión de cancelar el proyecto Río Verde, y usar US$58 millones del fideicomiso destinado a ese propósito para construir un ‘by-pass’ en la avenida 28 de Julio (a cargo de la propia OAS). Una obra que ha sido muy criticada por quienes transitan por ella, y que, según las indagaciones preliminares de la contraloría y la Defensoría del Pueblo, fue adjudicada y ejecutada sin contar con un expediente técnico y ambiental, y presentando sobrecostos en su construcción.
Con tantos cuestionamientos a cuestas sin responder, suena a no menos que una tomadura de pelo que SN señale en su comunicado, por ejemplo, que “estas publicaciones [los mensajes entre Zegarra y Pinheiro] ratifican que las empresas brasileñas pagaban la publicidad y campaña de la exalcaldesa Susana Villarán”, cuando la evidencia hasta el momento muestra todo lo contrario: una peculiar cercanía entre OAS y el entonces candidato Castañeda.
O que el comunicado de SN indique que todas las actividades de su líder se enmarcan “dentro de… la transparencia”, cuando sus constantes negativas frente a las solicitudes de acceso a la información pública –incluyendo, precisamente, el requerimiento que un ciudadano presentó para que se le entregue los estudios de impacto ambiental y vial del ‘by-pass’ de 28 de Julio– han motivado la iniciativa de rendición de cuentas “Habla Castañeda”.
En fin, son muchas las cosas que el alcalde Castañeda debe explicar y, mientras no lo haga, su autocaracterización como “el mejor alcalde de Lima de todos los tiempos” resulta una actitud poco seria –por decir lo menos– frente a los limeños.
