Nunca será mala idea la creación de un grupo de trabajo de alto nivel –por el mandato que se le establece o la calidad de sus miembros– para enfrentar a una lacra clave como la corrupción.
Pero sí será una mala idea si, como ha ocurrido tantas veces en el Perú, solo se usa como biombo para camuflar un escándalo hasta que el mismo se borre del recuerdo ciudadano, pues ello acaba produciendo frustración por el reforzamiento de la idea de que no hay nada que hacer contra la putrefacción en el Estado.
Ese es el riesgo de la flamante Comisión Presidencial de Integridad (CPI) que tendrá 45 días para no perder tiempo en diagnósticos de lo obvio sino para presentar reformas urgentes para luchar contra la corrupción.
Su mandato es, sin duda, relevante, mientras que la calidad individual de sus miembros produce expectativa, desde su presidente, el ex defensor del Pueblo Eduardo Vega, hasta las personas que se vocean para integrarla o, al menos, perfilar su funcionamiento: Fernando Zavala, Marisol Pérez Tello, José Ugaz, Allan Wagner, Jorge Medina, Max Hernández, Avelino Guillén, Santiago Pedraglio o Ricardo Uceda.
Cuando el gobierno pasa por una crisis de credibilidad grave por un escándalo en el mismo Palacio, la CPI debiera poner a la corupción en la prioridad de la agenda nacional.
Pero ahí surge el dilema de cómo lograrlo. Se puede hacer, por un lado, como suele ocurrir en el país, con declaraciones rimbombantes que solo busquen que el nombre de Carlos Moreno se confunda en el pasado brumoso de los tantos corruptos que pululan por el estado peruano. Es decir, solo para ‘cojudear’ a la gente.
Por otro, lado, la CPI podría servir para algo inédito en el país: para concretar una lista corta pero efectiva de reformas para complicarles la vida a tantas ratas que operan en el Estado.
Eso lleva a preguntarse si la CPI querrá, realmente, romper huevos para hacer tortillas. Por ejemplo, normas para la plena transparencia del financiamiento de la política; darle total transparencia a los procesos judiciales; permitir que los fiscales declaren abiertamente; obligar a todos los funcionarios –desde el presidente de la república– a que se conozca su patrimonio al detalle; sacar de la sombra a todas las adquisiciones militares; o impedir que haya autoridades intocables en el país, como el alcalde de Lima.
Si la CPI no va a entrar al fondo del problema de la corrupción, miren, mejor, ni se tomen el esfuerzo y seguimos así nomás, sin hacer mucho roche, como siempre.
