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LIMA, LIMA, Peru
Experiencia Profesional 30 Años al servicio del Magisterio Peruano, Trabajo actualmente en la I.E. Nº 6065 Perú-Inglaterra Villa El Salvador - LIMA, Bachiller en Administración de Empresas Escuela Tecnológica de Administración - ETA, Licenciado en Educación Universidad "José F. Sánchez Carrión" HUACHO - LIMA, DIPLOMADO EN GESTIÓN EDUCATIVA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS - UAP, ESTUDIOS CONCLUIDOS DE MAESTRIA EN GESTIÓN EDUCATIVA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO - UCV

sábado, 4 de febrero de 2017

DOMINGO 05 DE FEBRERO DEL 2017 | 00:30 Odebrecht: ¿Quién gana si cae el fiscal?, por Enrique Pasquel "¿Hay motivos reales para sospechar de la investigación del fiscal Hamilton Castro? Pues parece que no"

Odebrecht: ¿Quién gana si cae el fiscal?, por Enrique Pasquel

El fiscal del Caso Odebrecht, Hamilton Castro Trigoso, en conferencia de prensa junto al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. (Foto: EFE)

Enrique Pasquel
En los últimos días, varios congresistas han protagonizado un apanado mediático contra el fiscal que lleva el Caso Odebrecht, Hamilton Castro, y contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por la reserva con la que vienen manejando las investigaciones y por su reticencia a compartir información con el Congreso.
Mauricio Mulder, por ejemplo, dijo: “Sabe Dios qué se está negociando. Con los antecedentes que tiene el Ministerio Público, que está plagado de fiscales que liberan bandas, ¿qué pasará con este tema?”. Luego, habló de acusar constitucionalmente al fiscal de la Nación. Por su parte, Víctor Andrés García Belaunde se sumó al ataque y señaló: “Yo creo que hay que cambiar a ese fiscal, me parece que está muy mal”. Asimismo, Lourdes Alcorta acusó “falta de voluntad” de parte del Ministerio Público. Y, por citar un último caso, Héctor Becerril profetizó: “Cuando vaya la comisión [del Congreso] a Brasil y se encuentre con la información, seguramente vamos a saber por qué no quieren colaborar, qué esconden”. Y, así, siguieron sumando cocachos a la fiscalía.
¿Hay motivos reales para sospechar de la investigación del fiscal Hamilton Castro? Pues parece que no. Más bien, las revelaciones de los últimos días probarían que efectivamente anda tras los “peces gordos” y que viene siendo efectivo en esa tarea. Como se conoció el viernes, Odebrecht reconoció a la fiscalía que entregó una coima de veinte millones de dólares a Toledo para la licitación de la carretera Interoceánica y el fiscal ya ha rastreado once de ellos hasta cuentas de Maiman, el buen amigo del ex presidente que también está involucrado en el Caso Ecoteva. ¿No es ese el resultado de llevar bien el caso?
¿Y por qué el fiscal trabaja con tanta reserva y no va informando paulatinamente a la ciudadanía de sus hallazgos y de los compromisos con Odebrecht? Bueno, pues, además de que las investigaciones de este tipo por ley son reservadas, es razonable pensar que el fiscal prefiere no hacer públicos sus hallazgos para reducir la posibilidad de reacción de todos aquellos intereses a los que les encantaría que el caso de las coimas cariocas fracase.
Lo que llama la atención es que todos los congresistas que disparan a Hamilton Castro y que pretenden que el fiscal caiga no son unos novatos. ¿Podrían entonces alegar ignorancia sobre investigaciones penales para justificar su comportamiento? Siempre es posible, aunque sería difícil creerlo, viniendo de políticos experimentados.
 ¿Por qué entonces le saltan al cuello a Castro? Otra opción es porque resulta una vía fácil –aunque irresponsable– de robar protagonismo, cámaras y titulares.
Otra eventual explicación, sin embargo, podría ser aun más preocupante. Alguien muy malpensado, digamos, podría elucubrar que algo ganan ellos o sus agrupaciones políticas si consiguen la cabeza del fiscal. ¿Quizá que naufrague una investigación que podría comprometer a otros “peces gordos” –o una clase de vertebrados acuáticos menores– cercanos a su corazón?
En esta columna, por supuesto, no somos ni inocentes para considerar la primera opción ni malpensados para creer en la tercera. Por eso, nos llena de calma que lo más probable es que solo enfrentemos la segunda opción, a cuyo pecado, por lo demás, andamos ya acostumbrados. Estemos tranquilos.

jueves, 2 de febrero de 2017

Manipulan Lava Jato para encubrir al fujimorismo y proteger a Alan

ENTREVISTA. Alberto Adrianzén analiza objetivos del fujiaprismo y explica el doble juego para pasar como anticorruptores y bajarle la llanta al gobierno en el caso Chinchero.
Adrianzén dice que los fujimoristas solo buscan sacar provecho. Foto: John Reyes
Foto: John Reyes
Paco Moreno
Diario UNO
El analista Alberto Adrianzén ayuda, en esta entrevista, a comprender cuál es el objetivo central del fujiaprismo en la comisión congresal que investiga los sobornos de Odebrecht: asegurar la impunidad del fujimorismo al no investigarlo, evitar tocar a Alan García y darle de alma solo a Ollanta Humala y Alejandro Toledo.
Adrianzén también explica que los fujimoristas tienen ahora en el caso Chinchero un doble juego para presentarse como luchadores contra la corrupción y hacerle un daño al gobierno, que comete un error al insistir con sacar adelante un proyecto que huele mal.
Indica que los fujimoristas actúan solo pensando en sacar provecho para Keiko y el partido y se nota que no piensan en ayudar a solucionar los problemas del país.
—¿Cree que hace bien el gobierno en insistir con aeropuerto de Chinchero pese a la cuestionada adenda y las críticas de especialistas?
—No; yo creo que el gobierno tiene que volver a revisar todo. El contrato y la adenda están cuestionados.
—Pero Martín Vizcarra defiende todo y está listo para ir al Cusco.
—Es un error; además, varios entendidos han explicado que este contrato y la adenda son lesivos para el país y otros acusan ya directamente que hay corrupción en el caso. Lo sensato es que se pare el proyecto y que se revise todo y que se haga un nuevo contrato.
—Tal vez el caso del aeropuerto de Chinchero recuerda al tema Odebrecht.
—Claro, la idea que asuma el Estado la construcción del aeropuerto con rapidez y transparencia; pero no se puede favorecer a privados insolventes.
—¿Qué le aconsejaría a PPK en torno del aeropuerto?
—Yo creo que debe pedir que se investigue el tema, y luego sancionar a los que resulten responsables. Hay elementos que hacen pensar que se trata de un hecho de corrupción. No se puede hacer una obra sobre la cual hay dudas fundadas.
ESCAPAN DE INVESTIGACIÓN
—La presidenta del Congreso, Luz Salgado, cuando el gobierno a inicios de semana postergó la firma de la adenda por una alerta congresal, dijo que el pueblo cusqueño debe saber que el Parlamento sí está de acuerdo con la ejecución del aeropuerto internacional de Chinchero, porque la obra es necesaria, pero con transparencia y en las mejores condiciones. ¿Cree que buscaba sacar provecho del asunto?
—Claro, es que los fujimoristas quieren aparecer como los anticorruptores. Yo creo que este caso debe investigarse porque tiene muchas aristas flojas y no pueden sacar una obra adelante cuando hay mucha gente que dice que tiene problemas.
—Los fujimoristas hablan de luchar contra la corrupción en el caso Chinchero y en la comisión Lava Jato impiden que se investigue al fujimorismo. ¿Qué le parece?
—Ellos siempre dirán que luchan contra la corrupción; pero la realidad es otra. Yo creo que en el caso Odebrecht se debe investigar a todos los gobiernos desde 1979, año que empezó a operar Odebrecht en el país. Se deben investigar al gobierno de Fujimori, las dos gestiones de García, las administraciones de Toledo y Humala, a todos. Los fujimoristas están en un plan de demostrar que no son corruptos. Si insisten en investigar solo a partir del gobierno de Toledo hacia adelante, pareciera que estarían evitando que se investigue al fujimorismo, lo cual genera dudas y creo que esto va a terminar en que la gente tendrá mayor desconfianza y luego, después de una pequeña investigación, se dará cuenta que el gobierno de Fujimori fue uno de los más corruptos del país. Me parece que es grave error de la comisión congresal no incluir al fujimorismo en sus investigaciones.
Keiko está en silencio para que no le pregunten por qué no quiere que se investigue al fujimorismo.
Keiko está en silencio para que no le pregunten por qué no quiere que se investigue al fujimorismo.
ESCOPETA DE DOS CAÑOÑES NARANJA
—¿Cree usted que los fujimoristas están actuando con dos rostros diferenciados, como una especie de doble juego?
—Claro que sí. Yo creo que el fujimorismo está buscando aparecer a la cabeza de la lucha contra la corrupción, pero todos sabemos que tiene muchos anticuchos, muchos cadáveres en el clóset. Juegan a ser limpios; pero su pasado los condena. Lo que están haciendo es tratar de pasar como luchadores contra la corrupción y aprovechar el error del gobierno en insistir con el proyecto. Quieren también quedar bien con Cusco.
—¿Qué debe hacerse?
—Yo insisto en que este caso de corrupción debe seguirse el camino que emprendió el gobierno de Valentín Paniagua con la Comisión de la Verdad. Él era de Acción Popular y dijo que tenía que investigarse también al gobierno de Fernando Belaunde sobre la violencia. No se puede proteger a nadie. El fujimorismo en la comisión Lava Jato tiene que investigar al gobierno de Alberto Fujimori. La corrupción no empieza en el gobierno de Toledo. La corrupción es vieja y maduró sobre todo en el gobierno de Fujimori.
SE SALVA DE CRÍTICAS
—¿Qué opina usted acerca de la estrategia de Keiko Fujimori de permanecer en silencio sobre temas importantes para el país?
—Ella no quiere aparecer. Está tratando de guardar su imagen. Por ejemplo, si reitera que la investigación en la comisión Lava Jato se haga solo después del gobierno de Toledo, con razón, los periodistas le preguntarán y por qué no desde el gobierno de su padre. Su silencio es para evitar responder preguntas válidas y las críticas. Entonces lo que se ve con claridad es que envía a sus voceros para hablar por ella y ellos dicen que la investigación solo debe hacerse desde el gobierno de Toledo, todos están en plan de evitar que se investigue al fujimorismo.
AL 2021
—¿Cómo cree que llegará Keiko al 2021?
—Creo que todo este asunto de la corrupción también la va a envolver. Por ahora vemos, que no habla, que ha bajado su popularidad. No sale tanto para evitar contagiarse con el asunto de Odebrecht.
—Pero casi todos saldrán manchados, ¿no?
—Yo creo que toda la clase política, incluyendo el fujimorismo, va estar en serios problemas con el asunto de Odebrecht, OAS, Camargo Correa y otras empresas. Todo esto va a afectar a Keiko, va a afectar al Apra.
—¿Esta comisión congresal que investiga los sobornos de Odebrecht, con Mulder, Beteta, Albrecht, tiene algún futuro positivo? 
—No. Yo creo que esa comisión congresal, que ahora se ha juntado como el grupo de trabajo que investigaba los proyectos del gobierno de Ollanta Humala, busca golpear a Toledo, Humala y estos grupos, evitar la investigación al fujimorismo y además salvar la figura de Alan García. Yo no le tengo mucha confianza, pese a que hay congresistas buenos como Víctor Andrés García Belaunde y Marisol Espinoza. Creo que esta comisión tiene fines políticos, como dije: que se investigue a Alberto Fujimori, que sí hizo licitaciones y contratos con Odebrecht; tratar de bloquear a fin de que no se haga una mayor investigación a Alan García, quien está vinculado a varios casos; y hacer el mayor daño posible, con razón posiblemente, a Ollanta Humala y Alejandro Toledo.
—¿Y esa línea de objetivos de la investigación es de Keiko?
—Claro que sí. Dije que la comisión está hecha para que no investigue a su padre. Además, si es necesario se va a impedir investigar al fujimorismo que tiene denuncias que lo vinculan con el narcotráfico y el lavado de activos. Creo que la comisión debe investigar a todos por igual y espero que Víctor Andrés García Belaunde y Marisol Espinoza peleen para que eso ocurra porque es necesario.
RETO DE LA FISCALÍA
—¿Y cree que la Fiscalía cumplirá un buen papel? ¿Debe incluir al fujimorismo en sus investigaciones?
—Este caso es un verdadero reto para la Fiscalía. Tiene dos caminos: investigar solo el asunto del soborno de 29 millones de dólares a tres gobiernos sucesivos o hacer una investigación amplia e integral que incluya al fujimorismo. Yo creo que es su oportunidad para afrontar una lucha abierta y formal contra la corrupción.
Mulder y los otros evitarán investigación profunda contra García.. Foto: John Reyes
Mulder y los otros evitarán investigación profunda contra García.. Foto: John Reyes
PARA EVITAR INVESTIGACIÓN DE GARCÍA 
Los apristas parasitan al fujimorismo
—Hay analistas que sostienen que los apristas irán en las filas del fujimorismo en las elecciones del 2021. ¿Cree usted eso?
—Yo creo que los apristas están al lado del fujimorismo por el interés político de evitar que haya una investigación mayor de sus dos gobiernos. Son una suerte de legisladores que están parasitando al fujimorismo. Me parece increíble que un legislador que dijo de manera clara de que pone las manos al fuego por Alan García esté en la comisión investigadora que verá el caso García vinculado a la empresa Odebrecht.
—¿De qué manera está actuando?
—Creo que Alan García está moviendo sus fichas.
—¿En esta ocasión Alan García será procesado?
—La mayoría de los peruanos espera que sea investigado y luego, si hay elementos, procesado. La gente espera eso. Si no ocurre, el Apra pasará a la historia, lamentablemente, como un partido que comenzó siendo popular y que luego se convirtió en mafioso.

lunes, 23 de enero de 2017

LA INVESTIGACIÓN A ODEBRECHT QUE ARCHIVÓ LA JUSTICIA PERUANA 496 Durante el gobierno de García, una denuncia en el Ministerio Público que implicaba a Odebrecht en millonarias transacciones hubiera permitido, de no haber sido archivada, descubrir hace cinco años un estructurado esquema de pagos de sobornos con offshores

http://convoca.pe/agenda-propia/la-investigacion-odebrecht-que-archivo-la-justicia-peruana

José Mainza Segovia, personaje que visitó la fiscalía para evitar que se investigue irregularidades de Odebrecht. Foto: Ministerio Público e Internet.
  
Mientras el consorcio IIRSA Norte construía la Interoceánica, en Lima una documentada denuncia recorrió el Ministerio Público esperando que algún fiscal avispado la analizara. Los documentos señalaban transacciones por más de 7 millones de dólares efectuadas por Odebrecht a compañías peruanas del empresario Gonzalo Monteverde. Gracias a la operación Lava Jato en Brasil, se sabe que el dinero era para pagar a funcionarios peruanos. Por eso el caso Monteverde-Odebrecht se volvió intocable: Ni bien la denuncia lo tenía un fiscal, surgían quejas contra los investigadores para evitar que se indagara en el caso. Y en esta historia aparece un personaje: José o ‘Pepe’ Mainza Segovia, gerente general de la quebrada Mutual Perú en tiempos del primer gobierno aprista y colaborador de Luis Nava Guibert,  exsecretario de Palacio de Gobierno. Convoca cuenta la historia detrás de esta investigación trunca. 
Por Miguel Gutiérrez R.
Publicado el 22 de enero de 2017
En julio 2008, Pedro Morote Cornejo, un excolaborador del empresario Gonzalo Monteverde, llegó a la fiscalía especializada en delitos tributarios con una abultada documentación. Morote Cornejo tenía en sus manos papeles que, según él, probaban que dos empresas de Monteverde recibieron transferencias de dinero de Odebrecht por US$ 7 millones 964 mil 152 por un servicio prestado en un tramo de la Interoceánica Norte que, según sostenía, fue un contrato de obra simulado para no pagar los impuestos.
En febrero de 2010, luego de un año y medio de idas y venidas, la fiscal especializada en delitos tributarios María Alcalde Pineda, había archivado la denuncia basándose en dos informes de la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) en los que se concluía que no había “mérito suficiente” para “elaborar un informe sobre defraudación tributaria” al Consorcio Constructor controlado por Odebrecht y a la Constructora Área de Monteverde.
No conforme con las conclusiones de Sunat, el auditor Pedro Morote presentó la voluminosa documentación a la 17 Fiscalía Penal Provincial en la avenida Abancay.
Gonzalo Monteverde contrató con Odebrecht el 2007 para un tramo del eje vial Amazonas. Foto: Captura de Youtube.
César Del Pino Aguilar, titular de esa fiscalía, abrió en abril del 2010 una investigación por lavado de activos a Gonzalo Monteverde. No pasó una semana y la defensa del empresario presentó una queja a través de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, señalando que la investigación había sido archivada. Sin embargo, como la denuncia era por el delito de lavado de activos, la indagación continuó al menos por otras dos semanas.
César Del Pino con 25 años de trayectoria en el Ministerio Público, cinco en el Poder Judicial y otros tantos como asesor en la Cancillería en tiempos del presidente militar general EP Francisco Morales Bermúdez, no era para nada un novato. Por su despacho habían pasado jóvenes fiscales que luego serían supremos como Carlos Ramos Heredia y el actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. Pese a no haber logrado ascender, como veterano fiscal sabía el teje y maneje del Ministerio Público y sobre todo, cuando un caso podía ser una ‘papa caliente’. Y el caso Monteverde- Odebrecht  lo era.  
“¿Por qué tanto salto si el piso estaba parejo? ¿Por qué Gonzalo Monteverde no se presentaba y aclaraba esos millones? Yo pedí que esa indagación pasara a manos del equipo policial del Ministerio Público. Allí, en el cuarto piso del edificio, estaría más cerca a mi despacho”, señaló César Del Pino a Convoca.
Defensa de Monteverde logró que comando sancionara a equipo policial y coronel PNP Torrejon Peña que intentaron investigarlo por lavado. 
Para ese entonces, la carretera Interoceánica Norte y Sur adjudicadas a Odebrecht en consorcio, habían estado bajo la lupa del Congreso y la fiscalía anticorrupción pero ninguna indagación prosperó. La Segunda Fiscalía Provincial en Delitos de Corrupción de funcionarios indagó irregularidades en la adjudicación de la Interoceanica Norte, que alcanzaba a ministros toledistas como Pedro Pablo Kuczynski, hoy presidente de la República, y al exdirector ejecutivo de ProInversión, René Cornejo. Y en el Congreso, la Comisión de Fiscalización había determinado responsabilidades en los funcionarios públicos que otorgaron la concesión a la brasileña del Corredor Vial Interoceánico Sur.
César Del Pino afirma a Convoca que recién entendió por qué el caso que tenía apenas unas semanas parecía arder tanto. Y según cuenta sus sospechas -y las presiones- se confirmaron con la visita de un personaje en esas semanas.
“En ese período, van a verme personas haciéndome insinuaciones respecto al caso Monteverde. Gente que tenía cercanía conmigo y que habían trabajado con el Gobierno (de García) y que yo los había ayudado en algún momento. Uno de ellos era el ahijado de mi padre”, agrega Del Pino.
Del Pino comenta que este personaje le hizo una oferta económica para archivar el caso Monteverde porque, según afirma, temían que se ventile operaciones bancarias que podían afectar a Odebrecht.
“Hacemos un cheque y pon allí una cantidad", me dijo. Y yo le respondí: 'Por favor, no vuelvas a tocarme el tema si quieres seguir siendo mi amigo', recuerda ahora el exfiscal Del Pino.

Exfiscal César Del Pino Aguilar. Foto: Katherine Soldevilla - Convoca.
Convoca preguntó por la identidad de ese personaje pero el exfiscal Del Pino evitó mencionar el nombre. Insistimos y preguntamos si eran los abogados del estudio Nava & Huesa Abogados, estudio que fundara Luis Nava Guibert,  y que, durante el gobierno aprista tuviera como uno de sus clientes a Odebrecht y la gigante estatal brasilera, Petrobras.
“No era Lucho Nava a quien conozco, pero sí alguien cercano a él”, agregó Del Pino aConvoca.
Entre las sombras
Convoca se comunicó con el denunciante del caso, Pedro Morote Cornejo para indagar más sobre la investigación que quedó archivada, y si estaba enterado del personaje aludido por el exfiscal César Del Pino.
“Sí, supe que ‘Pepe’ Mainza Segovia se acercó a conversar con el fiscal por el Caso Monteverde. Yo lo conozco”, contó Morote.
El denunciante Morote reconoce que lo conoce desde los años ochenta al igual que a Luis Nava, cuando coincidían en los baños turcos Windsor de San Isidro. 
Pero, ¿quién es Mainza Segovia? ¿Y por qué estaba interesado en el caso Monteverde-Odebrecht?
Pedro Morote se presentó en la Comisión Lava Jato del Congreso para dar su versión sobre las transacciones de la empresa de Monteverde. Foto: Congreso.
Morote recuerda que Nava Guibert y Mainza Segovia sin ser militantes apristas, fueron invitados por el entonces joven presidente Alan García a ocupar puestos públicos. Nava y Mainza fueron nombrados como presidente y gerente general respectivamente de la Mutual Vivienda Perú, una entidad crediticia estatal que fuera acusada de malos manejos y de haber repartido irresponsablemente créditos. Durante el gobierno de Fujimori, Nava y Mainza fueron denunciados y procesados, este último estuvo preso por varios meses, tras lo cual lograría su libertad por exceso de carcelería sin sentencia. La justicia luego los absolvería a ambos de los delitos de corrupción.
“En ese período, van a verme personas haciéndome insinuaciones respecto al caso Monteverde. Gente que tenía cercanía conmigo y que habían trabajado con el Gobierno (de García) y que yo los había ayudado en algún momento. Uno de ellos era el ahijado de mi padre”, recuerda el exfiscal Del Pino. 
Ya como abogado y dueño de un estudio de abogados, y cuando la investigación la tenía el fiscal César Del Pino, Mainza seguía vinculado a Luis Nava Gilbert, el secretario general del despacho presidencial a decir del propio Morote Cornejo.  
“Mainza estaba en las sombras, y Gonzalo Monteverde lo conoce porque yo se los presenté”, revela Morote.
Convoca intentó comunicarse con Gonzalo Monteverde para confirmar la versión sobre el papel de José Mainza en el caso  y su intervención ante el fiscal Del Pino, pero su socia Isabel Carmona Bernasconi señaló que los abogados les han pedido no ofrecer versiones a la prensa y solamente al fiscal que está investigándolos.
Sin embargo, ellos recientemente han publicado una página web con documentos que según ellos demuestran que Pedro Morote, el  denunciante de las transacciones millonarias, intentó chantajearlos. Ellos muestran un documento donde el propio José Mainza Segovia en 2008, denuncia que Morote le pidió apoyo para exigirles dinero a Monteverde a cambio de no denunciarlos.

José o 'Pepe' Mainza terminaría declarando a favor de Monteverde en un proceso por chantaje abierto contra Pedro Morote.
Archivado tres veces
Luego del encuentro entre el fiscal Del Pino y Mainza, el primero fue acusado ante Control Interno del Ministerio Público de ser, con el denunciante Pedro Morote, socios de un exclusivo club miraflorino. Paralelamente el 17 de mayo, Monteverde presentó una queja contra Del Pino en la oficina desconcentrada de Control Interno del MP, a cargo de José Timarchi Meléndez, y en el que se señalaba que el fiscal Del Pino había acogido una denuncia en su contra cuando no le correspondía. 
“¿Que inventaron para sacarme? Un abocamiento indebido de una investigación. Alegaron que no entró por el turno requerido, una estupidez”, afirma César Del Pino.
Antes que culminase su proceso disciplinario abierto por ‘direccionamiento de una investigación’, César Del Pino presentó su renuncia el 7 de octubre del 2010 al Ministerio Público. Cinco días más tarde, la Junta de Fiscales accedió a su solicitud.
Un tema de salud fue clave pero señala que ese caso fue el desencadenante en su decisión. “Renuncié porque esto me apesta. Hablé con el fiscal supremo en lo penal Peláez Bardales y le conté mis razones. Me caractericé por no recibir órdenes del superior porque la ley lo establece así y asumí mis responsabilidades. ¿Quien tenía más preocupación? El gobierno de García que presionó a través de su ministro y luego a través de la fiscal de la Nación Gladys Echaiz, cuyo esposo es militante aprista”, afirma.

Exfiscal de la Nación Gladys Echaiz . Foto: Perú 21. 
Antes de retirarse del Ministerio Público, Del Pino tuvo que enviar el expediente Monteverde- Odebrecht al fiscal superior decano Gonzalo Chavarry Vallejos, actual fiscal supremo. Chavarry envío el caso a la 50 Fiscalía Provincial Penal a cargo de Nelly Millones Palmadera.
La fiscal Millones luego de tenerlo tres meses en sus manos lo archivó. "La fiscal Millones argumentó que mi denuncia por lavado de activos de 2010 era la misma que presenté por evasión tributaria en 2008 y, como esta fue rechazada por la otra fiscal, procedió igual”, dijo a Convoca Pedro Morote.
Morote presentó una queja por la resolución de la fiscal Millones al titular de la Cuarta Fiscalía Superior en lo Penal Sonia Chavez Gil. La magistrada declaró finalmente infundada la queja de Morote.
Morote insistió semanas después, y se dirigió a las fiscalías especializadas en Criminalidad Organizada. Al igual que en los otros casos, los informes fiscales archivaron la denuncia basándose en informes de Sunat emitidos en 2009. Esa fue la respuesta de Eduardo Castañeda fiscal a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada cuando tuvo la información en sus manos. La fiscal adjunto superior penal, María Maguiña Torres terminó por ratificar la decisión de Castañeda. Meses después la fiscal Maguiña fue destituída por haber mandado a archivar el caso de lavado de activos a la familia Sanchez Paredes luego de haber estudiado el voluminoso expediente  en solo tres días.
"Durante el gobierno de Fujimori, Nava y Mainza fueron denunciados y procesados, este último estuvo preso por varios meses tras lo cual lograría su libertad por exceso de carceleria sin una sentencia. La justicia luego los absolvería a ambos de los delitos de corrupción"

Eduardo Castañeda, fiscal a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, recuerda que tuvo la información en sus manos gracias a un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Castañeda señala que ni bien procedió a realizar las primeras citaciones, una queja en Control Interno y luego un Hábeas Corpus fueron presentados por la defensa de los denunciados en su contra.
“Nos enteramos recién que estos hechos habían sido vistos por otra fiscal antes. Sin embargo, llamó la atención la aparición inmediata de estos recursos que habitualmente se presentan cuando los citados conocen la naturaleza de la indagación”, refirió el fiscal.
Castañeda Garay declaró archivada la investigación por ser un hecho indagado y no por presiones, según sostiene.
La fiscal adjunto superior penal, María Maguiña Torres terminó por ratificar la decisión de Castañeda. Meses después esta misma fiscal fue destituida por pedir el archivamiento del caso de lavado de activos a la familia Sánchez Paredes por falta de pruebas,  luego de haber estudiado el voluminoso expediente en solo una semana. 
Sobre este documento, los tres fiscales que vieron el Caso Monteverde-Odebrecht entre el 2009 y 2011 se basaron para archivarlo.
La socia de Gonzalo Monteverde en varias de las empresas que recibieron el 2007, los millones de Odebrecht y de las offshore panameñas, Maria Carmona Bernasconi, señaló aConvoca que el caso (Monteverde)  es uno “de varias aristas y de distintas versiones”. Todas las versiones dadas por Morote son falsas, pienso que no deberíamos detenernos en desvirtuar el objetivo, que es saber quien depositó el dinero a la corrupción y quién lo recibió. El resto es cuento”, declaró Carmona que hasta el cierre de esta nota, no entregó la documentación que desvirtuaría las sospechas que tienen las autoridades sobre la participación de sus empresas en un esquema internacional de sobornos.
Del caso Monteverde-Odebrecht no se volvería a saber sino hasta ahora luego que se filtrara información procedente de la operación policial Lava Jato en Brasil que salpica ahora al Perú.


lunes, 16 de enero de 2017

Deben caer también los peces gordos

ENTREVISTA. La lideresa del Movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza, dice que se necesita una sociedad organizada y movilizada para que en el caso Odebrecht paguen todos y no solo funcionarios de segunda línea.
Verónika dice: Para los vecinos que luchan contra un peaje  abusivo hay  prisión preventiva; y  para los corruptos de Odebrecht, nada.












Paco Moreno
Diario UNO
Nuestra clase política se pudre, dice la lideresa Verónika Mendoza, quien pide vigilancia ciudadana constante de las autoridades e instituciones a fin de que cumplan su deber en el escandaloso caso Odebrecht.
Verónika cree que las cosas pueden cambiar y que para ello se necesita la participación activa de la gente y que más ciudadanos honestos no se escapen de participar en política.
Confía en la gente y sobre todo en los jóvenes que en los últimos tiempos se han convertidos en actores claves de la política. En esta entrevista habla también sobre los decretos legislativos, las empresas que le ponen zancadillas al Gasoducto del Sur, del proceso de recolección de firmas del Movimiento Nuevo Perú y otros temas de actualidad.
—Una de las preocupaciones principales de la gente en la actualidad es la corrupción. ¿Hacia dónde nos llevará el caso de los sobornos de Odebrecht, por ejemplo?
—Creo que estamos ante una verdadera crisis del sistema político. Nuestra clase política se pudre, literalmente. Pero creo que, al mismo tiempo, son tiempos de gran oportunidad para, como país, ir hasta el fondo del asunto y de librarnos de todos los corruptos.
—Depende mucho del trabajo de las autoridades…
—Claro, las autoridades, competentes deben hacer bien su trabajo; pero la ciudadanía también debe organizarse y movilizarse para exigir que las autoridades lleguen hasta el final, caiga quien caiga. Si no hay una ciudadanía consciente, movilizada, organizada, no va a pasar nada. Probablemente caigan algunos funcionarios intermedios; pero los peces gordos, que ahora están temblando, van a quedar impunes. Por eso es importante que se constituya un gran frente contra la corrupción, con organizaciones sociales, sindicales, colectivos ciudadanos, como los vecinos de Puente Piedra, por ejemplo, que han empezado a organizarse y movilizarse, para estar vigilantes de manera permanente a fin de que se llegue hasta el final en este asunto, para que caigan todos los corruptos, que paguen también su responsabilidad los peces gordos.
—¿Este gran frente contra la corrupción que usted plantea también debe tener una mirada hacia qué es lo que origina la corrupción?
—Claro, también debe plantear los cambios profundos que nuestro país necesita para que estos casos de corrupción no se vuelvan a repetir.
ACLAREN EL ACUERDO CON ODEBRECHT
—El semanario Hildebrandt en sus Trece, en su última edición, informa que Keiko Fujimori ha ordenado a los fujimoristas de la comisión congresal que investiga los sobornos de Odebrecht que, por ahora, no toquen a Alan García, pero que vayan con todo contra PPK a fin de que siga cayendo su popularidad y luego azuzar con el cuco de la vacancia. ¿Se atreverán a eso?
—Por supuesto. Hace tiempo que el fujimorismo está en una lógica de embarrar con la corrupción a todos los demás políticos para lavarse la cara. Con esta idea de que si todos son corruptos, entonces la corrupción de que ellos fueron artífices y son aún quede, digamos, matizadas; y por eso es sumamente importante, repito, que desde la ciudadanía estemos vigilantes y exijamos al Ministerio Público que investigue a todos sin ninguna excepción; por eso es fundamental que la Fiscalía aclare cuáles han sido los términos del acuerdo con Odebrecht. Primero habría que decir que los famosos 30 millones de soles que han anunciado como una muestra de compromiso de Odebrecht de colaborar, son en realidad una suma irrisoria. Mire, estamos hablando de 30 millones de soles frente a 29 millones de dólares que Odebrecht ha confesado que entregó en coimas a tres gobiernos sucesivos para beneficiarse con cerca de 143 millones de dólares, según la información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Eso, sin contar que en los últimos nueve años, según algunos cálculos, estos negocios han movido 12 mil millones de dólares y habrían significado para el Estado perjuicio en 600 millones de dólares. Estamos hablando de montos que nada tienen que ver con estos 30 millones.
—¿Habría que saber también claramente cómo están realizando la investigación?
—Es importante saber el marco de la investigación del Ministerio Público y el acuerdo con Odebrecht. Yo me pregunto: “¿Van a dar todos los nombres, de todos los funcionarios a los que corrompieron, incluidos los peces gordos y de qué periodos?” Pregunto porque pareciera que nos estamos centrando solo en tres gobiernos. Y está bien que respondan los tres gobiernos: de Toledo, el segundo de García y el de Humala; pero Odebrecht está en el Perú desde 1979. Durante el fujimorato se concesionaron también más de 20 obras con la empresa Odebrecht. La Contraloría, hace unos días, ha señalado que desde 1998, esto incluye al gobierno fujimorista, se había hecho perjuicio al Estado con estos negociados por cerca de 300 millones de dólares.
PRISIÓN SOLO PARA ALGUNOS
—¿Tienen documentos para investigar?
—Hay material concreto de la propia Contraloría que permitiría investigar al gobierno fujimorista y no queda claro que el Ministerio Público quiera avanzar en este sentido; pero también nos debe llamar poderosamente la atención que las investigaciones en el país avancen de manera lenta. Hace años que la Contraloría viene entregando información al Ministerio Público sobre estos casos y no pasa nada. En Colombia ya han pedido prisión preventiva para un exviceministro y aquí, hasta ahora, nada. Pero eso sí, sí piden prisión preventiva a los vecinos de Puente Piedra que ejercieron su legítimo derecho de protesta, sin pruebas de que hubieran cometido actos vandálicos. Solo por haber sido parte de la protesta, quieren tres meses de prisión preventiva. ¿Por qué no piden prisión preventiva para los altos funcionarios de los tres gobiernos? Estoy segura que el Ministerio Público tiene suficiente información en estos momentos para pedir prisión preventiva para algunos de ellos. ¿Por qué no lo hace?
IR AL MEOLLO
—¿Qué es lo que genera esta corrupción gigantesca como la de Odebrecht?
—El tema de fondo es que tenemos un modelo de desarrollo, un sistema que está pensado, diseñado para favorecer los grandes negocios, los negociazos. Hay una cultura empresarial del destrabe que incluye las coimas como un mecanismo de destrabe de las inversiones. En lugar de un modelo de desarrollo, como nosotros lo plateamos: planificado, donde haya proyectos de inversión en función de las necesidades del pueblo, en función de las potencialidades de nuestro territorio, en función de la generación de empleo, los proyectos de inversión se definen ahora en función de los intereses particulares de las empresas, en función de sus negocios, en función de su interés de lucro y se arrasa con los derechos laborales, con los derechos ambientales, con el derecho a la consulta previa de los pueblos.
—¿Ahí está el asunto de la coima?
—Esto incluye también el sistema del aceiteo, como lo llaman algunos empresarios, se trata de algunas coimas para agilizar sus inversiones. Esa es la lógica de la cultura empresarial; por eso hay que erradicar este tipo de actos; y no hemos escuchado a la Confiep, por ejemplo, pronunciarse sobre este caso. ¿Cuál va a ser el aporte del sector empresarial en materia de lucha contra la corrupción, cuál es su deslinde claro con los actos como los que ha cometido Odebrecht, probablemente, y eso lo dirá el Ministerio Público, en complicidad con varias empresas privadas?
PROPUESTAS DE CAMBIO
—¿Y usted tiene algunas medidas concretas para eliminar este sistema que incluye el “aceiteo”?
—Yo creo que tenemos que ver este caso en varios niveles. En el momento, hay que aprovechar esta oportunidad para limpiarnos de una buena vez de todos los corruptos, caiga quien caiga y sin miedos, y también exigir cambios concretos en la normativa actual. No es posible, por ejemplo, como ha ocurrido con Odebrecht y tantas otras empresas, se pueda, después de haber licitado una obra, cambiarla completamente a través de adendas; incluso hacer que el costo de las obras se duplique como ha ocurrido con varias obras de Odebrecht. No es posible tampoco, y ahí hay gato encerrado y hay que mirar bien para saber qué se necesita ajustar, que todos los arbitrajes los ganen siempre las empresas. Esto no es posible. Nunca gana el Estado.
—¿Se está haciendo algo ahora sobre este punto?
—Es cierto que desde el gobierno, en los últimos decretos legislativos se ha intentado hacer algunos cambios. Lamentablemente son insuficientes. No se ha aprovechado adecuadamente la oportunidad. Se ha planteado, por ejemplo, que las empresas tendrían responsabilidad penal, lo cual es un avance; pero se excluye el delito de colusión que es el más generalizado en nuestro país; entonces, se debió ir al fondo del asunto. Creo que hay que seguir empujando en ese sentido. Pero también profundizar el debate en el sentido de entender que más importantes que los negocios, más importante que el lucro de algunas empresas, son los derechos de la gente. Hay que preguntarse, por ejemplo, qué proyectos de inversión necesitan realmente y hay que ver que estos no los perjudiquen sino todo lo contrario.
NOSOTROS SÍ QUEREMOS, PERO EN MEJORES CONDICIONES
Hay quienes no quieren el gasoducto del sur por intereses
—¿Qué opina usted sobre el caso gasoducto del sur que también está metido en este cambalache? 
—Creo que en este caso también hay que profundizar el debate. Esta el tema de la corrupción que, por supuesto, hay que investigar y sancionar a los responsables, y decimos claramente que Odebrecht no puede seguir en esa obra. Tampoco vamos a permitir que venda sus activos como si nada hubiera pasado y que se lleve la plata. Eso sería inaceptable; pero el verdadero tema de fondo es que hay un sector empresarial ligado a Camisea y al gasoducto central que no quiere competencia. No quiere ningún otro gasoducto. Eso hay que decirlo con claridad.
—¿El proyecto debe seguir tal cual?
—Aquí otro tema más profundo y es la oportunidad, en todo caso, para plantearlo. El gasoducto del sur no puede ser como está planteado ahora: un tubo que puede terminar pasando, como lo he dicho varias veces en Cusco, por nuestras narices para llevarse nuestro gas. Tiene ser, como siempre lo hemos reclamado en el sur, un proyecto integral que incluya la propiedad sobre el recurso, sobre el gas; garantizar, por ejemplo, que el gas del Lote 58 sirva para el desarrollo del sur, llegue al sur y que tiene que ver también con la necesidad de impulsar el polo petroquímico para industrializar ese gas y generar empleo para el sur.
—¿Está de acuerdo con la devolución del dinero que se recaudó mediante los recibos del servicio de luz eléctrico?
—Sería inaceptable que los peruanos terminemos dando plata para beneficiar a una empresa corrupta. Eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Pero no perdamos la perspectiva, el tema de fondo es que hay algunos que no quieren ningún gasoducto. Nosotros sí queremos un gasoducto hecho en las mejores condiciones y que permita que ejerzamos soberanamente el uso de nuestro recurso y que ese gas y sus beneficios lleguen al pueblo, al sur y que permita el desarrollo industrial.
Es urgente que liberen a los detenidos de manera injusta.
Es urgente que liberen a los detenidos de manera injusta.
En Puente Piedra no basta una suspensión y es legítima la protesta
Verónika dice que, con justicia, los vecinos piden la anulación total del cobro abusivo del peaje.
—Después de dos marchas contundentes en Puente Piedra y la tercera en preparación, ¿cuál es su opinión sobre esta reacción ciudadana?
—Creo que es absolutamente legítima. Es inaceptable que se haya modificado el contrato permitiendo que la empresa empiece a cobrar peaje sin que haya concluido la obra, sin que haya vías alternas como está establecido. Es inaceptable que uno tenga que pagar 10 soles para entrar y salir de su casa en Puente Piedra y otros distritos. Es inaceptable también que el alcalde de Lima hay hecho oídos sordos sobre Puente Piedra, porque los ciudadanos, me consta, han exigido muchas veces diálogo, debate técnico sobre el asunto, soluciones a este problema. Estos reclamos se produjeron durante meses y claro, como nadie les ha hecho caso, con todo derecho y legítimamente, han salido a protestar.
—¿Cuál cree que debe ser la solución de este caso?
—No basta una suspensión, como con toda legitimidad lo han reclamado lo vecinos de Puente Piedra. Tiene que anularse totalmente el cobro abusivo de ese peaje y luego tiene garantizarse que hay vías alternativas de acceso a fin de que no le haga más daño a la economía de las familias del norte de la ciudad. Es urgente que liberen a los detenidos de manera injusta.
Partidarios Nuevo Perú y Verónika Mendoza
NADA CON LA PRIVATIZACIÓN
—Algunos especialistas que están analizando los Decretos Legislativos creados por el Ejecutivo gracias a las facultades otorgadas por el Congreso consideran que se pretende privatizar Sedapal, Petroperú; además hay problemas en el sector. ¿Cuál es su lectura sobre los decretos?
—Los congresistas del Nuevo Perú están analizando los decretos legislativos. Han presentado ya una serie de observaciones. Nosotros no vamos a permitir bajo ningún concepto que se privatice ni Petroperú ni Sedapal, de ninguna manera, bajo ningún pretexto ni ninguna condición. Lamentamos muchísimo que se hay desaprovechado la oportunidad de tener una autoridad autónoma de la transparencia fuerte. Es cierto que se ha creado una entidad con ese nombre; pero creamos que finalmente va a estar pintada porque no tiene autonomía y tampoco capacidad sancionadora. Solo emitirá recomendaciones y tampoco va a poder revisar la clasificación de la información. Es decir cualquier entidad del Estado va a poder clasificar como reservada cualquier información que no quiera que se conozca y ahí quedó el asunto. Nos parece también muy preocupante que se hayan excedido respecto al mandato de las facultades en el sector Salud.
—Está el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas… 
—Sí, creo que hay que revisar con mucho cuidado estos decretos que trasladan al INEN al Ministerio de Salud y que debilitan el sistema de regulación de los medicamentos y que van a dificultar que ingresen medicamentos genéricos al país, esto traerá como consecuencia que el precio de las medicinas serán siendo caras y que además puede costar aún más.
CUIDA LA ESPERANZA
—Hay gente que va perdiendo las esperanzas y que considera que toda, absolutamente toda, la clase política es corrupta. ¿Qué les diría a estos ciudadanos?
—Yo le diría que no permitan que les roben, además de toda la plata que les roban, que les roben la esperanza. Sí se puede cambiar las cosas. Sí hay personas que estamos en política que queremos hacer las cosas bien, de manera honesta, dialogando con la gente y escuchando sus demandas. Pero también decirle que las cosas van a cambiar en la medida en que más ciudadanos honestos participen en política. Yo sé que a todos nos termina asqueando a veces la clase política actual; pero es importante que no nos vayamos a nuestras casas sino más bien nos metamos más para cambiar las cosas. Por eso, el Movimiento Nuevo Perú abre sus puertas a todos los ciudadanos que quieren un cambio para nuestro país, que quieren hacer política de manera diferente. Queremos que ellos participen de manera activa, no ser convidados de piedra, no ser meros electores que cada cinco años van a las urnas a votar sino que puedan participar, debatir, decidir, elegir, ser elegido, trasladar las demandas de sus localidad de su barrio, de su comunidad y ser parte de este proyecto político de cambio.
DEL DEBATE Y LA MOVILIZACIÓN
Los jóvenes en primera línea
—¿Hay gente joven que se va sumando al Movimiento Nuevo Perú o están llegando los mismo de siempre?
—Creo que hay una participación muy importante de la juventud. Contrariamente a algunos que señalan que los jóvenes están despolitizados o desinteresados por la política, yo veo todo lo contrario. Yo veo jóvenes conscientes, movilizados, con ganas de participar, de participar realmente, y a eso los invitamos en Nuevo Perú. No, como en los partidos tradicionales, a pegar afiches sino a que sean actores centrales del proceso político; y de hecho, desde mi perspectiva, quienes han tenido mayor fuerza, vitalidad y eficiencia en la lucha han sido los jóvenes. Lo vimos en la marcha contra la llamada Ley Pulpín, en defensa del trabajo digno; contra la repartija, a favor de institucionalidad democrática; contra la prepotencia y el autoritarismo congresal del fujimorismo que impuso a su gente en el BCR; también a favor de una educación de calidad. Son los jóvenes quienes están en primera línea del debate y la movilización política. En Nuevo Perú tendrán todo el espacio para seguir en ese camino.
Verónika Mendoza recolectando firmas para Nuevo Perú
NUEVO PERÚ
Vamos a escuchar y recoger demandas y no solo a pedir firmas
—El Movimiento Nuevo Perú estuvo en Lambayeque, el sábado en Gamarra, hace unas semanas en el Cusco. ¿Cómo va ese reto enorme de inscribir el movimiento?
—Ya lanzamos la campaña de recolección de firmas. Ahora estamos planteando nuestras propuestas en varios puntos del país. Nosotros vamos, escuchamos y debatimos la solución de los problemas; no queremos que sea un mero recojo de firmas. La próxima semana estaremos en Arequipa. Iremos al valle de Tambo a escuchar los problemas de la gente. Después iremos a Piura y probablemente a Áncash. La voluntad es por su puesto recorrer todo el país y llegar a cada pueblo a cada localidad a escuchar a la gente y a recoger sus demandas y hacer eco de ellas para exigirle al gobierno que los atienda y seguir en este proceso de construcción de una mayoría política, social y ciudadana, que nos permita una cambio profundo, que nos permita un debate y una aprobación de una nueva Constitución para un nuevo Perú.
ADEMÁS
“Creo que es importante denunciar y pedir que se anule el Decreto Legislativo que deroga la obligación de registrar los convenios de formación laboral juvenil y los planes de capacitación. Con eso los jóvenes no podrán exigir derechos ni la Sunafil podrá fiscalizar. Otra vez se trata a los jóvenes como mano de obra barata sin derechos. Elimina también la obligación de registrar los contratos temporales. Dejan totalmente desprotegidos a la gran mayoría de trabajadores”, dijo Verónika.