José Mainza Segovia, personaje que visitó la fiscalía para evitar que se investigue irregularidades de Odebrecht. Foto: Ministerio Público e Internet.
Mientras el consorcio IIRSA Norte construía la Interoceánica, en Lima una documentada denuncia recorrió el Ministerio Público esperando que algún fiscal avispado la analizara. Los documentos señalaban transacciones por más de 7 millones de dólares efectuadas por Odebrecht a compañías peruanas del empresario Gonzalo Monteverde. Gracias a la operación Lava Jato en Brasil, se sabe que el dinero era para pagar a funcionarios peruanos. Por eso el caso Monteverde-Odebrecht se volvió intocable: Ni bien la denuncia lo tenía un fiscal, surgían quejas contra los investigadores para evitar que se indagara en el caso. Y en esta historia aparece un personaje: José o ‘Pepe’ Mainza Segovia, gerente general de la quebrada Mutual Perú en tiempos del primer gobierno aprista y colaborador de Luis Nava Guibert, exsecretario de Palacio de Gobierno. Convoca cuenta la historia detrás de esta investigación trunca.
Por Miguel Gutiérrez R.
Publicado el 22 de enero de 2017
Publicado el 22 de enero de 2017
En julio 2008, Pedro Morote Cornejo, un excolaborador del empresario Gonzalo Monteverde, llegó a la fiscalía especializada en delitos tributarios con una abultada documentación. Morote Cornejo tenía en sus manos papeles que, según él, probaban que dos empresas de Monteverde recibieron transferencias de dinero de Odebrecht por US$ 7 millones 964 mil 152 por un servicio prestado en un tramo de la Interoceánica Norte que, según sostenía, fue un contrato de obra simulado para no pagar los impuestos.
En febrero de 2010, luego de un año y medio de idas y venidas, la fiscal especializada en delitos tributarios María Alcalde Pineda, había archivado la denuncia basándose en dos informes de la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) en los que se concluía que no había “mérito suficiente” para “elaborar un informe sobre defraudación tributaria” al Consorcio Constructor controlado por Odebrecht y a la Constructora Área de Monteverde.
No conforme con las conclusiones de Sunat, el auditor Pedro Morote presentó la voluminosa documentación a la 17 Fiscalía Penal Provincial en la avenida Abancay.
Gonzalo Monteverde contrató con Odebrecht el 2007 para un tramo del eje vial Amazonas. Foto: Captura de Youtube.
César Del Pino Aguilar, titular de esa fiscalía, abrió en abril del 2010 una investigación por lavado de activos a Gonzalo Monteverde. No pasó una semana y la defensa del empresario presentó una queja a través de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, señalando que la investigación había sido archivada. Sin embargo, como la denuncia era por el delito de lavado de activos, la indagación continuó al menos por otras dos semanas.
César Del Pino con 25 años de trayectoria en el Ministerio Público, cinco en el Poder Judicial y otros tantos como asesor en la Cancillería en tiempos del presidente militar general EP Francisco Morales Bermúdez, no era para nada un novato. Por su despacho habían pasado jóvenes fiscales que luego serían supremos como Carlos Ramos Heredia y el actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. Pese a no haber logrado ascender, como veterano fiscal sabía el teje y maneje del Ministerio Público y sobre todo, cuando un caso podía ser una ‘papa caliente’. Y el caso Monteverde- Odebrecht lo era.
“¿Por qué tanto salto si el piso estaba parejo? ¿Por qué Gonzalo Monteverde no se presentaba y aclaraba esos millones? Yo pedí que esa indagación pasara a manos del equipo policial del Ministerio Público. Allí, en el cuarto piso del edificio, estaría más cerca a mi despacho”, señaló César Del Pino a Convoca.
Defensa de Monteverde logró que comando sancionara a equipo policial y coronel PNP Torrejon Peña que intentaron investigarlo por lavado.
Para ese entonces, la carretera Interoceánica Norte y Sur adjudicadas a Odebrecht en consorcio, habían estado bajo la lupa del Congreso y la fiscalía anticorrupción pero ninguna indagación prosperó. La Segunda Fiscalía Provincial en Delitos de Corrupción de funcionarios indagó irregularidades en la adjudicación de la Interoceanica Norte, que alcanzaba a ministros toledistas como Pedro Pablo Kuczynski, hoy presidente de la República, y al exdirector ejecutivo de ProInversión, René Cornejo. Y en el Congreso, la Comisión de Fiscalización había determinado responsabilidades en los funcionarios públicos que otorgaron la concesión a la brasileña del Corredor Vial Interoceánico Sur.
César Del Pino afirma a Convoca que recién entendió por qué el caso que tenía apenas unas semanas parecía arder tanto. Y según cuenta sus sospechas -y las presiones- se confirmaron con la visita de un personaje en esas semanas.
“En ese período, van a verme personas haciéndome insinuaciones respecto al caso Monteverde. Gente que tenía cercanía conmigo y que habían trabajado con el Gobierno (de García) y que yo los había ayudado en algún momento. Uno de ellos era el ahijado de mi padre”, agrega Del Pino.
Del Pino comenta que este personaje le hizo una oferta económica para archivar el caso Monteverde porque, según afirma, temían que se ventile operaciones bancarias que podían afectar a Odebrecht.
“Hacemos un cheque y pon allí una cantidad", me dijo. Y yo le respondí: 'Por favor, no vuelvas a tocarme el tema si quieres seguir siendo mi amigo', recuerda ahora el exfiscal Del Pino.
Exfiscal César Del Pino Aguilar. Foto: Katherine Soldevilla - Convoca.
Convoca preguntó por la identidad de ese personaje pero el exfiscal Del Pino evitó mencionar el nombre. Insistimos y preguntamos si eran los abogados del estudio Nava & Huesa Abogados, estudio que fundara Luis Nava Guibert, y que, durante el gobierno aprista tuviera como uno de sus clientes a Odebrecht y la gigante estatal brasilera, Petrobras.
“No era Lucho Nava a quien conozco, pero sí alguien cercano a él”, agregó Del Pino aConvoca.
Entre las sombras
Convoca se comunicó con el denunciante del caso, Pedro Morote Cornejo para indagar más sobre la investigación que quedó archivada, y si estaba enterado del personaje aludido por el exfiscal César Del Pino.
“Sí, supe que ‘Pepe’ Mainza Segovia se acercó a conversar con el fiscal por el Caso Monteverde. Yo lo conozco”, contó Morote.
El denunciante Morote reconoce que lo conoce desde los años ochenta al igual que a Luis Nava, cuando coincidían en los baños turcos Windsor de San Isidro.
Pero, ¿quién es Mainza Segovia? ¿Y por qué estaba interesado en el caso Monteverde-Odebrecht?
Pedro Morote se presentó en la Comisión Lava Jato del Congreso para dar su versión sobre las transacciones de la empresa de Monteverde. Foto: Congreso.
Morote recuerda que Nava Guibert y Mainza Segovia sin ser militantes apristas, fueron invitados por el entonces joven presidente Alan García a ocupar puestos públicos. Nava y Mainza fueron nombrados como presidente y gerente general respectivamente de la Mutual Vivienda Perú, una entidad crediticia estatal que fuera acusada de malos manejos y de haber repartido irresponsablemente créditos. Durante el gobierno de Fujimori, Nava y Mainza fueron denunciados y procesados, este último estuvo preso por varios meses, tras lo cual lograría su libertad por exceso de carcelería sin sentencia. La justicia luego los absolvería a ambos de los delitos de corrupción.
“En ese período, van a verme personas haciéndome insinuaciones respecto al caso Monteverde. Gente que tenía cercanía conmigo y que habían trabajado con el Gobierno (de García) y que yo los había ayudado en algún momento. Uno de ellos era el ahijado de mi padre”, recuerda el exfiscal Del Pino.
Ya como abogado y dueño de un estudio de abogados, y cuando la investigación la tenía el fiscal César Del Pino, Mainza seguía vinculado a Luis Nava Gilbert, el secretario general del despacho presidencial a decir del propio Morote Cornejo.
“Mainza estaba en las sombras, y Gonzalo Monteverde lo conoce porque yo se los presenté”, revela Morote.
Convoca intentó comunicarse con Gonzalo Monteverde para confirmar la versión sobre el papel de José Mainza en el caso y su intervención ante el fiscal Del Pino, pero su socia Isabel Carmona Bernasconi señaló que los abogados les han pedido no ofrecer versiones a la prensa y solamente al fiscal que está investigándolos.
Sin embargo, ellos recientemente han publicado una página web con documentos que según ellos demuestran que Pedro Morote, el denunciante de las transacciones millonarias, intentó chantajearlos. Ellos muestran un documento donde el propio José Mainza Segovia en 2008, denuncia que Morote le pidió apoyo para exigirles dinero a Monteverde a cambio de no denunciarlos.
José o 'Pepe' Mainza terminaría declarando a favor de Monteverde en un proceso por chantaje abierto contra Pedro Morote.
Archivado tres veces
Luego del encuentro entre el fiscal Del Pino y Mainza, el primero fue acusado ante Control Interno del Ministerio Público de ser, con el denunciante Pedro Morote, socios de un exclusivo club miraflorino. Paralelamente el 17 de mayo, Monteverde presentó una queja contra Del Pino en la oficina desconcentrada de Control Interno del MP, a cargo de José Timarchi Meléndez, y en el que se señalaba que el fiscal Del Pino había acogido una denuncia en su contra cuando no le correspondía.
“¿Que inventaron para sacarme? Un abocamiento indebido de una investigación. Alegaron que no entró por el turno requerido, una estupidez”, afirma César Del Pino.
Antes que culminase su proceso disciplinario abierto por ‘direccionamiento de una investigación’, César Del Pino presentó su renuncia el 7 de octubre del 2010 al Ministerio Público. Cinco días más tarde, la Junta de Fiscales accedió a su solicitud.
Un tema de salud fue clave pero señala que ese caso fue el desencadenante en su decisión. “Renuncié porque esto me apesta. Hablé con el fiscal supremo en lo penal Peláez Bardales y le conté mis razones. Me caractericé por no recibir órdenes del superior porque la ley lo establece así y asumí mis responsabilidades. ¿Quien tenía más preocupación? El gobierno de García que presionó a través de su ministro y luego a través de la fiscal de la Nación Gladys Echaiz, cuyo esposo es militante aprista”, afirma.
Exfiscal de la Nación Gladys Echaiz . Foto: Perú 21.
Antes de retirarse del Ministerio Público, Del Pino tuvo que enviar el expediente Monteverde- Odebrecht al fiscal superior decano Gonzalo Chavarry Vallejos, actual fiscal supremo. Chavarry envío el caso a la 50 Fiscalía Provincial Penal a cargo de Nelly Millones Palmadera.
La fiscal Millones luego de tenerlo tres meses en sus manos lo archivó. "La fiscal Millones argumentó que mi denuncia por lavado de activos de 2010 era la misma que presenté por evasión tributaria en 2008 y, como esta fue rechazada por la otra fiscal, procedió igual”, dijo a Convoca Pedro Morote.
Morote presentó una queja por la resolución de la fiscal Millones al titular de la Cuarta Fiscalía Superior en lo Penal Sonia Chavez Gil. La magistrada declaró finalmente infundada la queja de Morote.
Morote insistió semanas después, y se dirigió a las fiscalías especializadas en Criminalidad Organizada. Al igual que en los otros casos, los informes fiscales archivaron la denuncia basándose en informes de Sunat emitidos en 2009. Esa fue la respuesta de Eduardo Castañeda fiscal a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada cuando tuvo la información en sus manos. La fiscal adjunto superior penal, María Maguiña Torres terminó por ratificar la decisión de Castañeda. Meses después la fiscal Maguiña fue destituída por haber mandado a archivar el caso de lavado de activos a la familia Sanchez Paredes luego de haber estudiado el voluminoso expediente en solo tres días.
"Durante el gobierno de Fujimori, Nava y Mainza fueron denunciados y procesados, este último estuvo preso por varios meses tras lo cual lograría su libertad por exceso de carceleria sin una sentencia. La justicia luego los absolvería a ambos de los delitos de corrupción"
Eduardo Castañeda, fiscal a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, recuerda que tuvo la información en sus manos gracias a un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Castañeda señala que ni bien procedió a realizar las primeras citaciones, una queja en Control Interno y luego un Hábeas Corpus fueron presentados por la defensa de los denunciados en su contra.
“Nos enteramos recién que estos hechos habían sido vistos por otra fiscal antes. Sin embargo, llamó la atención la aparición inmediata de estos recursos que habitualmente se presentan cuando los citados conocen la naturaleza de la indagación”, refirió el fiscal.
Castañeda Garay declaró archivada la investigación por ser un hecho indagado y no por presiones, según sostiene.
La fiscal adjunto superior penal, María Maguiña Torres terminó por ratificar la decisión de Castañeda. Meses después esta misma fiscal fue destituida por pedir el archivamiento del caso de lavado de activos a la familia Sánchez Paredes por falta de pruebas, luego de haber estudiado el voluminoso expediente en solo una semana.
Sobre este documento, los tres fiscales que vieron el Caso Monteverde-Odebrecht entre el 2009 y 2011 se basaron para archivarlo.
La socia de Gonzalo Monteverde en varias de las empresas que recibieron el 2007, los millones de Odebrecht y de las offshore panameñas, Maria Carmona Bernasconi, señaló aConvoca que el caso (Monteverde) es uno “de varias aristas y de distintas versiones”. Todas las versiones dadas por Morote son falsas, pienso que no deberíamos detenernos en desvirtuar el objetivo, que es saber quien depositó el dinero a la corrupción y quién lo recibió. El resto es cuento”, declaró Carmona que hasta el cierre de esta nota, no entregó la documentación que desvirtuaría las sospechas que tienen las autoridades sobre la participación de sus empresas en un esquema internacional de sobornos.
Del caso Monteverde-Odebrecht no se volvería a saber sino hasta ahora luego que se filtrara información procedente de la operación policial Lava Jato en Brasil que salpica ahora al Perú.
