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LIMA, LIMA, Peru
Experiencia Profesional 30 Años al servicio del Magisterio Peruano, Trabajo actualmente en la I.E. Nº 6065 Perú-Inglaterra Villa El Salvador - LIMA, Bachiller en Administración de Empresas Escuela Tecnológica de Administración - ETA, Licenciado en Educación Universidad "José F. Sánchez Carrión" HUACHO - LIMA, DIPLOMADO EN GESTIÓN EDUCATIVA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS - UAP, ESTUDIOS CONCLUIDOS DE MAESTRIA EN GESTIÓN EDUCATIVA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO - UCV

jueves, 9 de agosto de 2018

Estado débil, mafias y bandas Mi tesis es que luego de la caída del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, ese Estado mafioso construido en los noventa comenzó su repliegue, fragmentación y segmentación.



Hace unos días Mirko Lauer en una de sus columnas (“Normal nomás”:07/08/18) afirmaba, con razón, “En verdad nos pasamos los años denunciando la corrupción, condenándola y persiguiéndola, pero solo la conocemos por sus signos exteriores”. Es decir, hablamos mucha de ella, pero conocemos poco y ni siquiera sabemos a qué se debe su capacidad de expandirse ni tampoco su cualidad de ser una suerte de mala hierba que “nunca muere”.
Juan de la Puente en un par de columnas, también en este diario, ha planteado el tema del “Estado mafioso” como una aproximación a la corrupción que hoy se vive. De la Puente, siguiendo las ideas del venezolano Moisés Naim, afirma que el “Estado mafioso es un híbrido moderno de cuya existencia no hemos reparado del todo, caracterizado por una dinámica nueva, donde no es el crimen el que toma al Estado, sino el Estado coopta a las redes criminales, no para erradicarlas sino para ponerlas a su servicio” (27/08/18). La idea Naim es que una característica principal de este Estado mafioso es que es un Estado fuerte, que tiene recursos económicos, políticos, ideológicos y hasta militares para cooptar (o subordinar) ya sea a redes criminales, sectores sociales como también a los poderes del Estado y a la sociedad.
El fujimorismo junto con ser un régimen político autoritario en la década del noventa, fue también, como lo afirmó hace unos años Manuel Dammert, un Estado mafioso. Como sabemos, todo régimen político es un pacto de dominación entre grupos sociales que, al expresarse de manera autoritaria, como sucedió en nuestro país, derivó en ese tipo de Estado. Por eso la otra cara del autoritarismo fujimorista (esta suerte de alianza con los militares y empresarios) que concentraba el poder, y controlaba las instituciones del régimen político y los medios de comunicación, fue un Estado mafioso ya que como hemos dicho, además de centralizar la corrupción y de cooptar redes criminales, tuvo la capacidad de conducirlas y hasta organizarlas. No es extraño, por ello, que vayan juntos corrupción y autoritarismo.          
Mi tesis es que luego de la caída del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, ese Estado mafioso construido en los noventa comenzó su repliegue, fragmentación y segmentación. Una de sus primeras expresiones fue, por ejemplo, la aparición de empresas privadas dedicadas al “chuponeo”, tarea que en los años del fujimorismoestaba centralizada en los servicios de inteligencia. Y si bien luego de la caída del autoritarismo tuvimos un régimen democrático (liberal), lo que se consolidó también, como consecuencia de la corrupción de los gobernantes en estos años y de una lógica neoliberal que nos señala que el problema es el gobierno, fue un Estado débil, fácilmente penetrable por bandas, lobbies, redes criminales y un ejército de pillos que viven de la corrupción. Hasta hace muy poco no se hablaba mucho de mafias y sí más bien de lobbies o de la famosa “puerta giratoria” como expresión y constatación de un Estado fácil de colonizar por su extrema fragilidad.
Por eso, lo que hoy existe son una suerte de bandas, de protomafias y de mafias ubicadas en el poder judicial, en la ONPE, el CNM y otros lugares del Estado como la policía, los municipios y gobiernos regionales, algunas de ellas vinculadas a los rezagos del fujimontesinismo y que hoy buscan rearticularse. También a grupos económicos ligados a las economías informales e ilegales como el narcotráfico, la minería o la tala ilegal de bosques, así como núcleos empresariales que mezclan negocios con corrupción, y que requieren para desarrollar sus “actividades”, controlar el poder político como también el territorio.
Por eso, creo que antes que un Estado mafioso lo que tenemos son estas bandas y mafias, que se desarrollan en una sociedad débil, por su escasa participación en los manejos del Estado; que se vinculan con una “clase política” que es apenas un remedo; y que se mueven en una economía y una política crecientemente informales. Es esa amalgama social, que busca ser representada hoy por el fujimorismo y otros sectores políticos, la que intenta colonizar a un Estado frágil, torpe y corrupto y que solo sirve a unos cuantos. Son ellos, los que ahora intentan “cooptar” (es decir, subordinar) al Estado y no al revés.

sábado, 28 de julio de 2018

También se ha propuesta incentivar la probidad en el ejercicio de abogacía, bajo un sistema en el que "un abogado corrupto sea sancionado penalmente con agravantes y también por su Colegio de Abogados".

Estos son los 6 proyectos que propuso Martín Vizcarra ante el Congreso

Conozca las seis iniciativas legislativas del Ejecutivo para la reforma del sistema de justicia
Estos son los 6 proyectos que propuso Martín Vizcarra ante el Congreso

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció hoy en el Congreso, durante su mensaje por 28 de julio, la presentación de seis proyectos de ley para la reforma del sistema de justicia en el país, luego del escándalo generado tras la difusión de audios que comprometen la labor de autoridades del sistema de justicia.
Para ello, sostuvo, que el Ejecutivo presentará las siguientes iniciativas legislativas, que esperan permitan que la ciudadanía recupere la confianza en sus instituciones. 
1. Crear la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Púlbico (MP). Esta medida, señaló Vizcarra, se propone debido a que "se requiere de un cambio sustantivo", pues la Oficina de Control de la Magistratura "no ha cumplido su labor".
2. Iniciativa legislativa que modifica el Texto Único Ordenado del Contencioso Administrativo, que tiene por objeto eliminar la intervención del Ministerio Público en todos los procesos contencioso-administrativos, con el fin de agilizar los procesos en beneficio de miles de personas
3. Proyecto de ley que modifica la Ley de Transparencia y Acceso a la información, donde se añade un acápite relacionado a la "transparencia en el sistema de justicia". Con esta medida, manifestó Vizcarra, se busca introducir obligaciones expresas en la ley para que las instituciones judiciales divulguen mayor información de sus portales digitales, sobre la trayectoria de sus autoridades y los fallos de los jueces.
4. También se ha propuesta incentivar la probidad en el ejercicio de abogacía, bajo un sistema en el que "un abogado corrupto sea sancionado penalmente con agravantes y también por su Colegio de Abogados".
5. Proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Ministerio Público y crea el sistema de fiscales especializados en delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, lavados de activos y delitos conexos.
6. Iniciativa legislativa que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Este consejo será presidido por el Presidente de la República e integrado por los presidentes del Congreso, Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y el Defensor del Pueblo.

domingo, 22 de julio de 2018

Martín Vizcarra se ha comprado, pues, un gran pleito. Merece ganar por lo menos el primer round.

¿Quién lidera la lucha anticorrupción?, por Juan Paredes Castro

Resulta que el país no funciona como debe, no crece como debe, no distribuye su riqueza como debiera hacerlo y no 

genera el bienestar que esperamos


Martín Vizcarra

Martín Vizcarra se ha comprado, pues, un gran pleito. Merece ganar por lo menos el primer round. (Foto: EFE)
Cada cinco años los peruanos votamos por gobernantes y legisladores encargados conjuntamente de que el país funcione, crezca, distribuya su riqueza (la que produce y recauda) y genere bienestar.
Es más: gobernantes y legisladores, fiscales y jueces, militares y policías, contralores y reguladores, funcionarios de arriba y burócratas de abajo, ninguno de ellos está pintado en la pared, todos ellos le cuestan al Estado el ojo de la cara.
Resulta que el país no funciona como debe, no crece como debe, no distribuye su riqueza como debiera hacerlo y no genera el bienestar que esperamos. Lo natural sería que, a menos cumplimiento de metas y objetivos, los responsables recibieran menos remuneraciones. Pero no ocurre así. Como no se mide eficiencia, tampoco se mide ineficiencia. Como no se detecta ni castiga la corrupción, tampoco se detecta ni castiga la impunidad, profundamente enraizada en la estructura estatal. Y por último no sabemos por dónde comenzar: si combatiendo la corrupción o combatiendo la impunidad.
Tenemos que reconocer entonces que tenemos un Estado parásito, que devora día a día el tejido vital del Perú, que con todos los recursos humanos y materiales que posee y dispone no merece exhibir los paupérrimos estándares en estabilidad política, social y jurídica.
Si la corrupción ha llegado a ser en el Perú un estado natural de las cosas, y se ha apoderado inclusive de nuestros usos y costumbres, como lo advierte Carlos Meléndez, no hay otra forma de declararle la guerra que con un liderazgo político muy fuerte y honesto, institucionalmente democrático, como el que promete ejercer Martín Vizcarra, a través de la comisión que encabeza el embajador Allan Wagner.
Totalmente diferenciado, eso sí, de los liderazgos anticorrupción de Toledo, Humala y Kuczynski, que solo sirvieron para ganar las elecciones a Alan García y Keiko Fujimori y acabar pariendo sus propias corrupciones. Totalmente diferenciado también de los liderazgos anticorrupción caudillistas como el de la señora Verónika Mendoza que reclama una nueva Constitución sin propuesta de cuál sería la suya, más allá de la que envuelve su errático discurso político.
La lucha anticorrupción no puede ser una subasta de intereses variopintos donde cada cual tiene su corrupto por perseguir y castigar y su “santón” que adular y premiar, ni un mercado político-electoral para apalancar candidaturas de mediano y largo plazo, revestidas de moralidad pública. Pero un liderazgo anticorrupción fuerte y honesto, institucionalmente democrático, como el que ejerció Valentín Paniagua en el 2000, tras el derrumbe de la autocracia fujimorista, tiene que sostenerse en un mínimo consenso político gubernamental-legislativo, como el que propició la Mesa de Diálogo de la OEA en ese año. Sin ese consenso mínimo, no habrá manera de dar dirección a las ideas, propuestas y acciones anticorrupción. Unos y otros querrán sentirse dueños de esta, y a su manera. Rescatar el trabajo de la Ceriajus tendría que ser, por ejemplo, una prioridad. Establecer bisagras ejecutivas entre la Comisión Wagner y los altos mandos legislativos, fiscales y judiciales sería otra.
Martín Vizcarra se ha comprado, pues, un gran pleito. Merece ganar por lo menos el primer round.

miércoles, 13 de junio de 2018

Tras las desafortunadas declaraciones del titular del Congreso, Luis Galarreta, acerca de aprobar dicha ley al caballazo, era fácil prever que Fuerza Popular impulsaría la autógrafa del legislador aprista Mauricio Mulder

“Ley Mulder” está en manos del Congreso

COLUMNA: EDITORIAL

13 de Junio del 2018 - 07:30 Editorial
La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, controlada por la bancada de Fuerza Popular, aprobó la denominada “Ley Mulder”, que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados. Dicha norma puede ser vista y refrendada por insistencia en el último pleno, que podría ser mañana, coincidentemente el día en que todos esperan el inicio del Mundial Rusia 2018.
Tras las desafortunadas declaraciones del titular del Congreso, Luis Galarreta, acerca de aprobar dicha ley al caballazo, era fácil prever que Fuerza Popular impulsaría la autógrafa del legislador aprista Mauricio Mulder. Sin embargo, la argumentación del bloque “naranja” para sacarla adelante es tan endeble como incomprensible.
Por ejemplo, el titular de dicha comisión parlamentaria, Roy Ventura, señala -sin precisar nombres- que ha conversado sobre el tema con varios representantes de medios locales, los mismos que le han expresado su apoyo a la “Ley Mulder” porque la publicidad estatal se queda en Lima y no llega a provincias. El argumento de Ventura es bastante extraño -por decir lo menos-, ya que el propio autor del proyecto ha afirmado que precisamente en provincias es donde más se derrocha dinero público en publicidad con fines de autobombo para las autoridades locales.
Entonces, es probable que dicha comisión de trabajo solo se haya limitado a intentar consolidar su defensa con versiones no probadas y antojadizas, como la mencionada por el congresista Ventura.
Solo queda esperar si el pleno del Parlamento intenta presentar un argumento similar al mostrado por los miembros de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, con la finalidad de enviar un deplorable mensaje al público y a los medios de comunicación: en el Congreso de la República se hace lo que manda el interés partidario, por encima del bien común. 
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martes, 12 de junio de 2018

Vizcarra hacia el vacío COLUMNA: Francisco Cohello Puente 06 de Junio del 2018 - 07:30 Francisco Cohello

Francisco Cohello    Francisco Cohello

Vizcarra hacia el vacío

COLUMNA: Francisco Cohello Puente

06 de Junio del 2018 - 07:30 Francisco Cohello
No es una buena noticia la renuncia de David Tuesta al MEF. No lo son tampoco las negociaciones para otorgarles beneficios a los transportistas con el fin de que no se vayan al paro, sentarse a conversar con el radical e intransigente Pedro Castillo, o haber dejado sin efecto los contratos de exploración con Tullow Oil para buscar el petróleo que tanto necesita la Refinería de Talara. Da la impresión de un régimen asustadizo, con las fibras nerviosas inflamadas y la autoestima echada en el diván y pendiente del psicólogo más competente. Parece que estamos ante un régimen de transición, y eso es algo que Vizcarra, con urgencia, deberá corregir. No podrá, como pretende, llevarse bien con todos, con la Confiep y los trabajadores, con el Sutep de Alfredo Velásquez y el de Pedro Castillo, con Fuerza Popular y el Frente Amplio, con la calle y la ley, con la izquierda revoltosa y las reformas pendientes. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Si no rectifica, irá camino a la apatía, a la nada sin retorno, a los años perdidos. Se meterá en el túnel del tiempo y saldrá convertido en un Paniagua II, con la diferencia de que en el traste de los activos perdidos aparecerán estrujados los calendarios de tres años y medio. En esa ruta peligrosa estamos. Otra vez. “¿Qué debe hacer entonces?” es la pregunta que la lógica aterriza para un presidente cuyo esfuerzo es encomiable y que, ciertamente, no aparece salpicado por las miasmas de la corrupción. La respuesta es clara: firmeza, contundencia, principio de autoridad. Necesitamos un gobierno ataviado de convicciones, de certezas y que, seguro de que lo amparan la Constitución y la ley, no dé pasos en falso hacia el precipicio, porque allí sí lo espera el vacío. 

lunes, 11 de junio de 2018

¡Desapéguese, señor! “Un 54% quisiera que el Ejecutivo y el Congreso sean socios, pero eso es imposible: a menos que Vizcarra y compañía quieran convertirse en cómplices de las agendas que empuja la mayoría keikista”.

Martín Vizcarra



Luis Davelouis
LUIS DAVELOUIS
Según Ipsos, el 64% de los peruanos piensa que el presidente Vizcarra solo hace lo que Fuerza Popular –es decir, Keiko– quiere que haga. Keiko no tendrá escaño, pero, gracias a las capturas del chat Mototaxi, al blindaje a sus congresistas y aliados y la suspensión atropellada –con repetición– de su hermano Kenji, sabemos que en la banKada nadie respira si ella no le da permiso.
Según la opinión pública, ¿quiénes son esos a los que el gobierno de Vizcarra insiste en complacer? Ocho de cada 10 peruanos desaprueban al Congreso (79%): peor que el Poder Judicial (73%), la Fiscalía (65%) y hasta que el propio gobierno con su insistentemente malaguoso actuar (63%). Como político, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, tiene una desaprobación de 70%, solo superada por Alan García (84%), Kenji (77%) y Keiko (75%).
Un 54% quisiera que el Ejecutivo y el Congreso sean socios, pero eso es imposible: a menos que Vizcarra y compañía quieran convertirse en cómplices de las agendas que empuja la mayoría keikista. Un ejemplo: la oposición a que la SBS supervise a las cooperativas y sus millonarios movimientos de dinero que nadie sabe adónde van ni de dónde vienen. O la ley que le prohíbe al Poder Ejecutivo anunciar en la prensa independiente buscando debilitarla y luego amarrarla con excepciones clientelistas.
La gente quiere un líder que se baje la corrupción (36%). Presidente, ¿es ese usted?
Cierto: con 90% o con 1% de aprobación, los fujimoristas siempre tendrán casi 60 votos y a los Olaecheas y las Vilcatomas. Pero no encontrará Ud. allí, presidente, ninguna legitimidad y ningún futuro político.
La paradoja que le presenta el hartazgo general de la ciudadanía con la clase política es esta: usted puede ser el outsider hoy; y sentado en Palacio.

lunes, 4 de junio de 2018

Sin duda hay fiscales muy interesados en obtener nuevas informaciones para sus pesquisas. Pero da la impresión de que Odebrecht ya se cansó de soltar datos que en el fondo no han aliviado su propia situación. Así, la moralización parece subsistir en respiración artificial.

Fatiga judicial

¿Es posible ir a algo así como un relanzamiento del gran auge moralizador de pasados meses?
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4 Jun 2018 | 6:00 h
 Algunos piensan que el paso del tiempo, la competencia de noticias más impactantes, y algunas formas de entendimiento político, pueden terminar borrando del mapa a los casos Odebrecht y similares. Podría ser. Es notorio que desde por lo menos marzo hay una sequía de nuevas denuncias, y las antiguas están en proceso, siguen su curso, como se quiera decir.
La promesa del gran destape brasileño fue más o menos que buena parte de los políticos más descollantes terminaría en prisión. Aunque hay quienes no pierden esas esperanzas, el ritmo de la cosa se ha lentificado considerablemente. El sistema judicial sigue trabajando, pero hay la sensación de que sin más delaciones será difícil alcanzar condenas significativas.

Siempre su supo que la parte electoral del escándalo era la más floja. Recibir fondos para una campaña no es un delito tipificado, y el camino para conectarlo con un delito es complicado. Este ha sido el aspecto más publicitado de los escándalos, y en el que los funcionarios de Odebrecht estuvieron más dispuestos a contar cosas.
El otro aspecto es el de las coimas vinculadas a la autorización de obras, donde los delitos son evidentes, pero la información brasileña relativamente escasa. Después de un momento se hizo evidente que aquí no aparecerían grandes nombres, más allá del de un ex presidente prófugo en trance de extradición de los EEUU.  
¿Es posible ir a algo así como un relanzamiento del gran auge moralizador de pasados meses? Como entonces, esto dependería de la acuciosidad de fiscales y periodistas investigativos, de la buena disposición de los funcionarios brasileños. Es notorio que la mayor atención del público ahora está puesta en otras partes.
Lo que sí está sobreviviendo es una disposición política a acusar, es decir a repetir las acusaciones conocidas, para que por lo menos ellas vayan calando en la opinión pública. Pero sin avances judiciales efectivos todo esto es una fuga hacia adelante, y empieza a tomar el sabor del consabido refrito periodístico.  
Sin duda hay fiscales muy interesados en obtener nuevas informaciones para sus pesquisas. Pero da la impresión de que Odebrecht ya se cansó de soltar datos que en el fondo no han aliviado su propia situación. Así, la moralización parece subsistir en respiración artificial.

    martes, 17 de abril de 2018

    Caimanes del mismo pozo Pienso que debemos cuestionar el ataque de Estados Unidos, Inglaterra y Francia pero, además, debemos resaltar que la situación en manos del dictador Bashar Al Assad es catastrófica



    17 Abr 2018 | 6:00 h
    “Misión cumplida” tuiteó Trump desde su cuenta al final de la perversamente denominada “operación quirúrgica” de lanzamiento de misiles contra los edificios que, supuestamente, ocultaban las armas químicas en Damasco. Putin no dudó en dar conferencia de prensa y denominar un “acto de agresión” a la andanada; además, señaló la responsabilidad de Trump en este ataque como un “efecto destructivo en todo el sistema de relaciones internacionales”. No se puede pensar que Trump es el enemigo de la humanidad y Putin el patriota —como me lo han señalado algunos— porque ambos personajes están absolutamente cuestionados. Digamos, recordando a Chávez, que ambos bien podrían ser caimanes del mismo pozo.
    El conflicto en Siria, además de conllevar la muerte de más de 207 mil civiles hasta marzo de 2017, incluyendo 23 mil mujeres y 24 mil niños y niñas y un éxodo sin precedentes en oriente medio, es totalmente complejo por la cantidad de países que han decidido entrar al mismo (13 desde que se inició), así como por la multitud de grupos alzados en armas, que se disputan las agresiones o resistencias contra el gobierno de Al Assad, incluyendo al Estado Islámico que se apoderó buena cantidad de años del nororiente sirio. Según el Syrian Network for Human Rights, el 94% de las muertes fue provocada por la alianza sirio-rusa-iraní. 
    Siendo el tema complejo también es necesario no simplificarlo pensando que, en este proceso, existen buenos y malos como en cualquier serie de Netflix. Lamentablemente los compañeros de las distintas izquierdas, con quienes comparto luchas y principios, a veces caen en este tipo de simplificaciones. Para ellos hay solo una resistencia antimperialista: contra Estados Unidos y Europa. Pienso que debemos cuestionar el ataque de Estados Unidos, Inglaterra y Francia pero, además, debemos resaltar que la situación en manos del dictador Bashar Al Assad es catastrófica. Como sostiene la sirio-inglesa Leila Shami: “Assad es visto como parte del ‘eje de resistencia’ contra el imperio estadounidense como contra el sionismo. Poco importa que el propio Assad haya apoyado la primera guerra del Golfo, o haya participado en el programa de entregas ilegales de Estados Unidos torturando a presuntos terroristas en Siria a nombre de la CIA. O el hecho de que este régimen probablemente tenga la dudosa distinción de masacrar a más palestinos que el estado israelí”. 
    Desde nuestro pequeño rincón de América Latina poco podemos hacer contra esta masacre de todos los fuegos el fuego. Sin embargo, creo que sí debemos desarrollar una manera de entender las coordenadas geopolíticas en su densidad y espesor poco comunes, sobre todo, en un espacio tan complejo como oriente medio donde está en juego el acceso a petróleo, a las reservas de gas, y por otro lado, las luchas entre laicos y fanáticos musulmanes incluyendo una legión de grupúsculos guerrilleros. Como sostiene mi colega Raphael Hoetmer debemos “construir una narrativa y una intervención alternativa en defensa de los derechos humanos”. Quizás habría que recordar a Carlos García Bedoya y su propuesta de “no alineamiento” frente a imperialismos occidentales y orientales.