La representante de los familiares de las víctimas de La Cantuta, Gisela Ortiz Perea, consideró hoy como un “insulto” el intento del ex presidente Alberto Fujimori de anular la sentencia de 25 años de prisión que le impuso el Poder Judicial por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad durante su gobierno.
“No solamente es un insulto a los familiares, es un insulto al derecho que tenemos a la justicia y es un insulto a los propios sistemas de justicia del país”, señaló en declaraciones a la agencia Andina.
El ex mandatario Alberto Fujimori solicitó hoy al Poder Judicial la nulidad de la condena de 25 años de prisión que se le impuso por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y demandó un nuevo juicio, alegando que no hubo imparcialidad en la elaboración de su sentencia.
Gisela Ortiz sostuvo, además, que la pretensión de la defensa de Fujimori es una "falta de respeto" a los sistemas de justicia que ya dictaron un fallo por el caso, y a los propios familiares, que ven cómo los responsables intentan librarse de la culpa de los casos por los cuales fueron sentenciados.
“Tenemos derecho, como familiares, a vivir tranquilos sabiendo que los asesinos y responsables de la muerte de nuestros parientes están cumpliendo condena sin que se esté revisando una y otra vez”, agregó.
La activista -hermana de Luis Enrique Ortiz Pérez, una de las víctimas de la matanza de La Cantuta- resaltó que dicha sentencia no solo fue dictada por el magistrado Cesar San Martín, a quien Fujimori acusa de no haber respetado la presunción de inocencia, sino que fue ratificada por la propia Corte Suprema.
Según dijo, el ex jefe de estado Alberto Fujimori debería ser un caballero y reconocer que la justicia ya lo encontró culpable de delitos de violación a los derechos humanos y de corrupción.
“Realmente inadmisible que él siga presentando recursos, no solamente para invalidar esta sentencia ante el Poder Judicial, lo ha hecho antes ante el Tribunal Constitucional y todos los procesos que ha iniciado los ha perdido”, agregó.
Por último, aseveró que esta “estrategia” usada por la defensa de Fujimori es un mal precedente, no solo para los casos de violación de derechos humanos, sino para cualquier tipo de crimen, razón por la cual expresó su confianza en que no será aceptada por el Poder Judicial.
