Con esos desatinos políticos a cuestas, era previsible que el Congreso –que es a fin de cuentas una instancia política y está mayoritariamente integrado por representantes de la oposición– acabaría licenciándolo.

Editorial: Un final anunciado

Plantear la cuestión de confianza votada ayer solo podía tener el desenlace que tuvo.

EDITORIAL

Ayer por la tarde, el pleno del Congreso emitió 88 votos en contra del pedido de confianza planteado por el saliente ministro de Economía, Alfredo Thorne. Asimismo, hubo 11 votos a favor y 2 abstenciones. (Foto: Archivo El Comercio) 

Editorial El Comercio22.06.2017 / 06:10 am

Lo sucedido ayer con el ya depuesto ministro de Economía, Alfredo Thorne, no puede sorprender a nadie. Su suerte, en realidad, estaba echada desde que se conoció el contenido completo de su conversación del 17 de mayo con el contralor general de la República,Edgar Alarcón. Contrariamente a lo que él sugirió cuando se divulgaron en un programa periodístico los primeros extractos de ese diálogo, la grabación no editada del mismo no cambió la percepción que se tenía de su intervención en ese trance, sino que, más bien, la confirmó. Quedó claro, en concreto, que si bien no cometió actos ilícitos, el saliente titular del MEF incurrió en dos considerables torpezas políticas.

Por un lado, la de tratar en una misma reunión el informe que la contraloría tenía en ese momento pendiente sobre la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero y la solicitud de esa entidad de un incremento de su presupuesto, dando pie a suspicacias sobre un eventual intento de hacer depender una cosa de la otra. Y por otro, la de involucrar, a través de diferentes referencias explícitas, al presidente Kuczynski en el supuesto ‘encargo’ de asegurar una imprecisa ‘ayuda’ del contralor sobre el destrabe de proyectos de inversión, en el contexto de unos “grises bien turbios” de la legalidad.

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Con esos desatinos políticos a cuestas, era previsible que el Congreso –que es a fin de cuentas una instancia política y está mayoritariamente integrado por representantes de la oposición– acabaría licenciándolo. Pero, habida cuenta de lo ocurrido antes con el ex ministro de Educación Jaime Saavedra y del maltrato del que fue objeto también el ex titular de Transportes Martín Vizcarra con ocasión de su propia interpelación, era evidente que adoptar tal decisión tendría un costo para quien se animara a hacerlo.

Sin embargo, lejos de capitalizar esa circunstancia a favor del futuro del gobierno y de la imagen que quedaría de él tras su retiro del cargo, Thorne sumó a los desaciertos ya mencionados otros nuevos. Primero, el de basar su defensa ante la representación nacional fundamentalmente sobre alusiones a su trayectoria personal y profesional, así como a la importancia de la recuperación económica del país que él debía encabezar, generando la sensación de que se quería soslayar el problema específico que lo había arrastrado hasta ese foro.

Y segundo, el de plantear una cuestión de confianza al respecto, en lugar de dejar que las bancadas de oposición cumplieran con la onerosa faena de impulsar y votar su propia moción de censura.

Más allá de las discusiones legales sobre si tal cuestión de confianza procedía en esta circunstancia, ¿qué pretendía efectivamenteThorne que le respondiese la variopinta mayoría parlamentaria no oficialista a la demanda de si le otorgaba su confianza tras los desaguisados ya comentados? Los 88 votos registrados ayer en contra de su solicitud no dejan margen para la duda.

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El problema, por lo demás, no se agota en lo ya mencionado. Adicionalmente, se ha manoseado en vano un recurso que el gobierno venía atesorando como una ‘bala de plata’ para remontar el arrinconamiento al que lo tiene sometido la mayoría opositora. Es cierto que no es lo mismo una cuestión de confianza planteada a propósito de la gestión de un ministro específico que una planteada en torno al desempeño de un Gabinete en general (de hecho, solo la acumulación de dos negativas a este último tipo de demanda es la que abre la posibilidad de cerrar constitucionalmente el Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas), pero el grueso de la ciudadanía no se detiene ante un discernimiento tan fino.

Si a partir de este momento, el Ejecutivo decidiese pulsear con el Parlamento valiéndose del referido instrumento constitucional, para cuando se llegase al segundo equipo ministerial en demanda de confianza, lo más probable es que buena parte de la población tendría la sensación de que el gobierno está abusando de un recurso extremo.

Así las cosas, queda claro que, más allá de qué tan cierto sea que la oposición tiene cierta predilección por ponerle zancadillas al gobierno, en este caso el oficialismo tropezó con sus propios pies.

http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-final-anunciado-436542

Como en el caso de la amenaza de hacer una cuestión de confianza si se le censuraba a un anterior ministro, el gobierno ha acabado por bajar la cabeza y abdicar de su autoridad en lo técnico y en lo político: un acto que constituye una nueva decepción en lo que concierne al presente y un muy mal augurio para los cuatro años de poder que le quedan por delante.

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EDITORIAL

El despeñadero de Chinchero

Con su último retroceso, el gobierno vuelve a decir que carece de autoridad en lo técnico
y lo político.

EDITORIAL

Ayer, Martin Vizcarra renunció a su cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones minutos antes que la Contraloría presente su informe respecto al Aeropuerto de Chinchero, quedando solamente como primer vicepresidente de la República. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

Editorial El Comercio 23.05.2017 / 01:09 pm

El proceso que se inició con el anuncio de una adenda al contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero y culminó con la reciente noticia de que tanto el contrato como la adenda serán “dejados sin efecto” por el Estado ha sido como contemplar una loca carrera del gobierno hacia el despeñadero, pero en cámara lenta. Porque a cada marcha y contramarcha del Ejecutivo sobre el nuevo arreglo contractual, venían a la mente las ocasiones en que, con solo diez meses en el poder, los máximos representantes de esta administración han dicho y se han desdicho ya respecto de tantas materias. Y el temor de que esta vez no estuviésemos ante una excepción, era permanente.

En honor a la verdad, desde el principio fue posible detectar, por lo menos en el propio ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, dudas sobre la idoneidad de la adenda. No parece casual, en efecto, que fuera partidario de paralizar la firma del documento ante la sola ‘exhortación’ de una comisión del Congreso para que lo hiciera, ni que finalmente la encargada de firmarlo fuese una de sus viceministras, o que algún tiempo después les dijera a los cusqueños (a propósito del contrato con adenda ya firmada): “Si ustedes me dicen que lo anulemos, lo hacemos”.

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La determinación del presidente Kuczynski, sin embargo, era absoluta. O al menos, así lo parecía. Dos días después de la paralización de la firma a la que aludíamos, él apareció en un mensaje televisado a explicar, con pizarra y plumón en la mano, la posición del Ejecutivo y afirmó que, si bien en el contrato original “no se había dado de manera correcta la cooperación entre el público y el privado”, ahora se había encontrado una solución. “Aquí se ha saneado el proyecto y por eso queremos ir adelante y no dejarnos intimidar”, sentenció. Y en un gobierno cuya ventaja comparativa radicaba supuestamente en su consistencia técnica, aquello sonaba definitivo.
Las objeciones provenientes de la oposición y la contraloría, no obstante, surgieron, y hasta se convocó al ministro Vizcarra a una interpelación parlamentaria que finalmente no se produjo, como efecto de un tácito acuerdo político para dejarlo atender con tranquilidad la emergencia de El Niño costero. Pero, como era previsible, la iniciativa fue retomada no bien superado el momento más duro de la crisis.

Y así, de pronto, tras una sesión en el pleno en la que no se aportó ningún argumento nuevo y una posterior reunión con representantes de la contraloría, el titular de Transportes aparece ante la prensa para declarar que, a pesar de la adenda, el contrato con Kuntur Wasi será “dejado sin efecto” porque “no ha generado el respaldo ni de los grupos políticos ni de la propia contraloría”. Y unas horas más tarde, renuncia…

¿Pero es que acaso no estaba el Ejecutivo convencido de sus argumentos técnicos para insistir en su versión modificada del proyecto? ¿Se supone que su tarea de sacar adelante decisiones que le competen solo a él estará siempre en ascuas cuando no tiene el respaldo de otros grupos políticos o la contraloría (que no es una entidad a la que le corresponda expresar apoyos espirituales a iniciativas del gobierno, sino evaluar los riesgos para el gasto público que entrañan)? ¿Cuál es el mensaje de esta administración a los sectores más hostiles de la oposición que, al parecer, se complacen en verlo retroceder y sacrificar a sus piezas más emblemáticas ante cualquier asomo de tormenta política? Finalmente, ¿cuál es la imagen que esta actitud vacilante del gobierno transmite a quienes quieren invertir en el país?

Como en el caso de la amenaza de hacer una cuestión de confianza si se le censuraba a un anterior ministro, el gobierno ha acabado por bajar la cabeza y abdicar de su autoridad en lo técnico y en lo político: un acto que constituye una nueva decepción en lo que concierne al presente y un muy mal augurio para los cuatro años de poder que le quedan por delante.

http://elcomercio.pe/opinion/editorial/despenadero-chinchero-425258

Pero una de las cosas que más llamó la atención fue el nulo o poco interés de los interpeladores. Un gran número de curules vacías –principalmente en la bancada mayoritaria de Fuerza Popular– describía el escenario en el que se desenvolvía Vizcarra, y la distracción de los congresistas presentes tuvo que motivar el llamado de atención del parlamentario Richard Acuña, quien presidía la sesión en ese momento.

Editorial: Ahorremos luz

El desempeño parlamentario en la sesión de interpelación al ministro Vizcarra lleva a cuestionar para qué se realizó.

EDITORIAL

La interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, llevada a cabo el jueves en el Congreso se extendió por más de nueve horas (Foto: Andina).

Editorial El Comercio 20.05.2017 / 08:24 pm

Antes del pleno parlamentario del último jueves, anticipábamos en esta misma página que la interpelación que se llevaría a cabo al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, constituía el ejercicio de una potestad de la representación nacional y también una manifestación habitual de los contrapesos que suelen haber entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Advertíamos, asimismo, que más allá de los intercambios políticos esperables en un lance de esta naturaleza, sería el contenido de las preguntas, observaciones y críticas que realizaran los congresistas lo que permitiría a la ciudadanía sacar conclusiones relevantes sobre la materia de interpelación: el contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero, su adenda, y la gestión del ministro Vizcarra en general… y también sobre la responsabilidad con la que los legisladores estaban asumiendo su rol de control político.

Pues bien, lo acontecido en el Congreso reveló más sobre los parlamentarios que sobre el ministro interpelado.

En un lapso aproximado de tres horas, el también vicepresidente de la República expuso las respuestas a las 83 interrogantes que constaban en el pliego interpelatorio. Pero una de las cosas que más llamó la atención fue el nulo o poco interés de los interpeladores. Un gran número de curules vacías –principalmente en la bancada mayoritaria de Fuerza Popular– describía el escenario en el que se desenvolvía Vizcarra, y la distracción de los congresistas presentes tuvo que motivar el llamado de atención del parlamentario Richard Acuña, quien presidía la sesión en ese momento.

Cuando tocó el turno de los congresistas, quedó ratificado que las respuestas previas de Vizcarra no importaban. La mayoría de las intervenciones de los congresistas consistieron en generalidades, acusaciones de corrupción sin sustento, y grandilocuencias como “queremos Chinchero, sí, pero sin choreo […] Y acá ha habido choreo, es evidente” (Víctor Andrés García Belaunde de Acción Popular) y “no le llame errores de diseño a los lobbies que manejan este gobierno y a las corruptelas del gobierno anterior y de Pro Inversión” (Marco Arana del Frente Amplio), entre otras.

Otros legisladores como César Vásquez (Alianza por el Progreso), Américo Ochoa, Manuel Dammert (Frente Amplio) y el propio García Belaunde “aprovecharon” la oportunidad para intercambiar acusaciones sobre supuestos intereses ocultos detrás del respaldo y la oposición a la construcción del aeropuerto de Chinchero. Las tesis conspirativas (y contraconspirativas) llegaron a incluir a una aerolínea, al ex presidente chileno Sebastián Piñera y hasta un matrimonio, para estupor de quienes inocentemente sintonizaron el canal del Congreso pensando encontrar una evaluación de la gestión de un ministro.

La bancada fujimorista, por su parte, se entretuvo acusando nuevamente al gobierno de tener troles contratados que se dedicaban a insultarlos en las redes (Lourdes Alcorta y Luis Galarreta), y en pedir renuncias al Consejo de Ministros. “Antes de que se someta a la censura, creo que lo mejor que puede hacer [el ministro Vizcarra], para bien suyo y de su familia, es que presente su renuncia”, sentenció Daniel Salaverry; mientras que Héctor Becerril fustigó: “Y mientras los caviares y los troles insultan y distraen al país, el premier [Zavala] sigue haciendo sus lobbies económicos […] Yo le quiero decir al premier que si quiere seguir haciendo lobbies que renuncie al premierato”.

Quizás nada ejemplifique mejor lo ocurrido en el pleno que el comunicado de prensa de la Oficina del Congreso, cuyo título rezaba: “Vizcarra no convence a bancadas en interpelación”. Un comunicado que, más allá de su escasa preocupación por la neutralidad informativa, no llamaría tanto la atención si no fuera porque se envió antes siquiera de que terminara la sesión de interpelación.

Según han anunciado varias bancadas, se esperará al informe de la contraloría del próximo lunes para tomar una decisión sobre una eventual censura al ministro Vizcarra. Lo cual lleva a preguntarnos si no hubiera sido apropiado esperar dicho dictamen antes de llevar a cabo la interpelación. 

Pero a la luz de lo visto el último jueves, parece que el fondo del asunto es lo de menos y, entonces, quizás sea mejor ahorrarle a la ciudadanía pliegos interpelatorios y sesiones que ni a los propios congresistas les interesa.

http://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-ahorremos-luz-424583

DOMINGO 05 DE FEBRERO DEL 2017 | 00:30 Odebrecht: ¿Quién gana si cae el fiscal?, por Enrique Pasquel "¿Hay motivos reales para sospechar de la investigación del fiscal Hamilton Castro? Pues parece que no"

El fiscal del Caso Odebrecht, Hamilton Castro Trigoso, en conferencia de prensa junto al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. (Foto: EFE)

• Enrique Pasquel
• Subdirector periodístico de El Comercio

En los últimos días, varios congresistas han protagonizado un apanado mediático contra el fiscal que lleva el Caso Odebrecht, Hamilton Castro, y contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por la reserva con la que vienen manejando las investigaciones y por su reticencia a compartir información con el Congreso.

Mauricio Mulder, por ejemplo, dijo: “Sabe Dios qué se está negociando. Con los antecedentes que tiene el Ministerio Público, que está plagado de fiscales que liberan bandas, ¿qué pasará con este tema?”. Luego, habló de acusar constitucionalmente al fiscal de la Nación. Por su parte, Víctor Andrés García Belaunde se sumó al ataque y señaló: “Yo creo que hay que cambiar a ese fiscal, me parece que está muy mal”. Asimismo, Lourdes Alcorta acusó “falta de voluntad” de parte del Ministerio Público. Y, por citar un último caso, Héctor Becerril profetizó: “Cuando vaya la comisión [del Congreso] a Brasil y se encuentre con la información, seguramente vamos a saber por qué no quieren colaborar, qué esconden”. Y, así, siguieron sumando cocachos a la fiscalía.

¿Hay motivos reales para sospechar de la investigación del fiscal Hamilton Castro? Pues parece que no. Más bien, las revelaciones de los últimos días probarían que efectivamente anda tras los “peces gordos” y que viene siendo efectivo en esa tarea. Como se conoció el viernes, Odebrecht reconoció a la fiscalía que entregó una coima de veinte millones de dólares a Toledo para la licitación de la carretera Interoceánica y el fiscal ya ha rastreado once de ellos hasta cuentas de Maiman, el buen amigo del ex presidente que también está involucrado en el Caso Ecoteva. ¿No es ese el resultado de llevar bien el caso?

¿Y por qué el fiscal trabaja con tanta reserva y no va informando paulatinamente a la ciudadanía de sus hallazgos y de los compromisos con Odebrecht? Bueno, pues, además de que las investigaciones de este tipo por ley son reservadas, es razonable pensar que el fiscal prefiere no hacer públicos sus hallazgos para reducir la posibilidad de reacción de todos aquellos intereses a los que les encantaría que el caso de las coimas cariocas fracase.

Lo que llama la atención es que todos los congresistas que disparan a Hamilton Castro y que pretenden que el fiscal caiga no son unos novatos. ¿Podrían entonces alegar ignorancia sobre investigaciones penales para justificar su comportamiento? Siempre es posible, aunque sería difícil creerlo, viniendo de políticos experimentados.

 ¿Por qué entonces le saltan al cuello a Castro? Otra opción es porque resulta una vía fácil –aunque irresponsable– de robar protagonismo, cámaras y titulares.

Otra eventual explicación, sin embargo, podría ser aun más preocupante. Alguien muy malpensado, digamos, podría elucubrar que algo ganan ellos o sus agrupaciones políticas si consiguen la cabeza del fiscal. ¿Quizá que naufrague una investigación que podría comprometer a otros “peces gordos” –o una clase de vertebrados acuáticos menores– cercanos a su corazón?

En esta columna, por supuesto, no somos ni inocentes para considerar la primera opción ni malpensados para creer en la tercera. Por eso, nos llena de calma que lo más probable es que solo enfrentemos la segunda opción, a cuyo pecado, por lo demás, andamos ya acostumbrados. Estemos tranquilos.

http://elcomercio.pe/politica/opinion/odebrecht-quien-gana-si-cae-fiscal-enrique-pasquel-noticia-1965949

Manipulan Lava Jato para encubrir al fujimorismo y proteger a Alan

ENTREVISTA. Alberto Adrianzén analiza objetivos del fujiaprismo y explica el doble juego para pasar como anticorruptores y bajarle la llanta al gobierno en el caso Chinchero.

Foto: John Reyes

Paco Moreno
Diario UNO

El analista Alberto Adrianzén ayuda, en esta entrevista, a comprender cuál es el objetivo central del fujiaprismo en la comisión congresal que investiga los sobornos de Odebrecht: asegurar la impunidad del fujimorismo al no investigarlo, evitar tocar a Alan García y darle de alma solo a Ollanta Humala y Alejandro Toledo.
Adrianzén también explica que los fujimoristas tienen ahora en el caso Chinchero un doble juego para presentarse como luchadores contra la corrupción y hacerle un daño al gobierno, que comete un error al insistir con sacar adelante un proyecto que huele mal.
Indica que los fujimoristas actúan solo pensando en sacar provecho para Keiko y el partido y se nota que no piensan en ayudar a solucionar los problemas del país.

—¿Cree que hace bien el gobierno en insistir con aeropuerto de Chinchero pese a la cuestionada adenda y las críticas de especialistas?
—No; yo creo que el gobierno tiene que volver a revisar todo. El contrato y la adenda están cuestionados.

—Pero Martín Vizcarra defiende todo y está listo para ir al Cusco.
—Es un error; además, varios entendidos han explicado que este contrato y la adenda son lesivos para el país y otros acusan ya directamente que hay corrupción en el caso. Lo sensato es que se pare el proyecto y que se revise todo y que se haga un nuevo contrato.

—Tal vez el caso del aeropuerto de Chinchero recuerda al tema Odebrecht.
—Claro, la idea que asuma el Estado la construcción del aeropuerto con rapidez y transparencia; pero no se puede favorecer a privados insolventes.

—¿Qué le aconsejaría a PPK en torno del aeropuerto?
—Yo creo que debe pedir que se investigue el tema, y luego sancionar a los que resulten responsables. Hay elementos que hacen pensar que se trata de un hecho de corrupción. No se puede hacer una obra sobre la cual hay dudas fundadas.

ESCAPAN DE INVESTIGACIÓN

—La presidenta del Congreso, Luz Salgado, cuando el gobierno a inicios de semana postergó la firma de la adenda por una alerta congresal, dijo que el pueblo cusqueño debe saber que el Parlamento sí está de acuerdo con la ejecución del aeropuerto internacional de Chinchero, porque la obra es necesaria, pero con transparencia y en las mejores condiciones. ¿Cree que buscaba sacar provecho del asunto?
—Claro, es que los fujimoristas quieren aparecer como los anticorruptores. Yo creo que este caso debe investigarse porque tiene muchas aristas flojas y no pueden sacar una obra adelante cuando hay mucha gente que dice que tiene problemas.

—Los fujimoristas hablan de luchar contra la corrupción en el caso Chinchero y en la comisión Lava Jato impiden que se investigue al fujimorismo. ¿Qué le parece?
—Ellos siempre dirán que luchan contra la corrupción; pero la realidad es otra. Yo creo que en el caso Odebrecht se debe investigar a todos los gobiernos desde 1979, año que empezó a operar Odebrecht en el país. Se deben investigar al gobierno de Fujimori, las dos gestiones de García, las administraciones de Toledo y Humala, a todos. Los fujimoristas están en un plan de demostrar que no son corruptos. Si insisten en investigar solo a partir del gobierno de Toledo hacia adelante, pareciera que estarían evitando que se investigue al fujimorismo, lo cual genera dudas y creo que esto va a terminar en que la gente tendrá mayor desconfianza y luego, después de una pequeña investigación, se dará cuenta que el gobierno de Fujimori fue uno de los más corruptos del país. Me parece que es grave error de la comisión congresal no incluir al fujimorismo en sus investigaciones.

Keiko está en silencio para que no le pregunten por qué no quiere que se investigue al fujimorismo.

ESCOPETA DE DOS CAÑOÑES NARANJA

—¿Cree usted que los fujimoristas están actuando con dos rostros diferenciados, como una especie de doble juego?
—Claro que sí. Yo creo que el fujimorismo está buscando aparecer a la cabeza de la lucha contra la corrupción, pero todos sabemos que tiene muchos anticuchos, muchos cadáveres en el clóset. Juegan a ser limpios; pero su pasado los condena. Lo que están haciendo es tratar de pasar como luchadores contra la corrupción y aprovechar el error del gobierno en insistir con el proyecto. Quieren también quedar bien con Cusco.

—¿Qué debe hacerse?
—Yo insisto en que este caso de corrupción debe seguirse el camino que emprendió el gobierno de Valentín Paniagua con la Comisión de la Verdad. Él era de Acción Popular y dijo que tenía que investigarse también al gobierno de Fernando Belaunde sobre la violencia. No se puede proteger a nadie. El fujimorismo en la comisión Lava Jato tiene que investigar al gobierno de Alberto Fujimori. La corrupción no empieza en el gobierno de Toledo. La corrupción es vieja y maduró sobre todo en el gobierno de Fujimori.

SE SALVA DE CRÍTICAS

—¿Qué opina usted acerca de la estrategia de Keiko Fujimori de permanecer en silencio sobre temas importantes para el país?
—Ella no quiere aparecer. Está tratando de guardar su imagen. Por ejemplo, si reitera que la investigación en la comisión Lava Jato se haga solo después del gobierno de Toledo, con razón, los periodistas le preguntarán y por qué no desde el gobierno de su padre. Su silencio es para evitar responder preguntas válidas y las críticas. Entonces lo que se ve con claridad es que envía a sus voceros para hablar por ella y ellos dicen que la investigación solo debe hacerse desde el gobierno de Toledo, todos están en plan de evitar que se investigue al fujimorismo.

AL 2021

—¿Cómo cree que llegará Keiko al 2021?
—Creo que todo este asunto de la corrupción también la va a envolver. Por ahora vemos, que no habla, que ha bajado su popularidad. No sale tanto para evitar contagiarse con el asunto de Odebrecht.

—Pero casi todos saldrán manchados, ¿no?
—Yo creo que toda la clase política, incluyendo el fujimorismo, va estar en serios problemas con el asunto de Odebrecht, OAS, Camargo Correa y otras empresas. Todo esto va a afectar a Keiko, va a afectar al Apra.

—¿Esta comisión congresal que investiga los sobornos de Odebrecht, con Mulder, Beteta, Albrecht, tiene algún futuro positivo? 
—No. Yo creo que esa comisión congresal, que ahora se ha juntado como el grupo de trabajo que investigaba los proyectos del gobierno de Ollanta Humala, busca golpear a Toledo, Humala y estos grupos, evitar la investigación al fujimorismo y además salvar la figura de Alan García. Yo no le tengo mucha confianza, pese a que hay congresistas buenos como Víctor Andrés García Belaunde y Marisol Espinoza. Creo que esta comisión tiene fines políticos, como dije: que se investigue a Alberto Fujimori, que sí hizo licitaciones y contratos con Odebrecht; tratar de bloquear a fin de que no se haga una mayor investigación a Alan García, quien está vinculado a varios casos; y hacer el mayor daño posible, con razón posiblemente, a Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

—¿Y esa línea de objetivos de la investigación es de Keiko?
—Claro que sí. Dije que la comisión está hecha para que no investigue a su padre. Además, si es necesario se va a impedir investigar al fujimorismo que tiene denuncias que lo vinculan con el narcotráfico y el lavado de activos. Creo que la comisión debe investigar a todos por igual y espero que Víctor Andrés García Belaunde y Marisol Espinoza peleen para que eso ocurra porque es necesario.

RETO DE LA FISCALÍA

—¿Y cree que la Fiscalía cumplirá un buen papel? ¿Debe incluir al fujimorismo en sus investigaciones?
—Este caso es un verdadero reto para la Fiscalía. Tiene dos caminos: investigar solo el asunto del soborno de 29 millones de dólares a tres gobiernos sucesivos o hacer una investigación amplia e integral que incluya al fujimorismo. Yo creo que es su oportunidad para afrontar una lucha abierta y formal contra la corrupción.

Mulder y los otros evitarán investigación profunda contra García.. Foto: John Reyes

PARA EVITAR INVESTIGACIÓN DE GARCÍA 
Los apristas parasitan al fujimorismo

—Hay analistas que sostienen que los apristas irán en las filas del fujimorismo en las elecciones del 2021. ¿Cree usted eso?
—Yo creo que los apristas están al lado del fujimorismo por el interés político de evitar que haya una investigación mayor de sus dos gobiernos. Son una suerte de legisladores que están parasitando al fujimorismo. Me parece increíble que un legislador que dijo de manera clara de que pone las manos al fuego por Alan García esté en la comisión investigadora que verá el caso García vinculado a la empresa Odebrecht.

—¿De qué manera está actuando?
—Creo que Alan García está moviendo sus fichas.

—¿En esta ocasión Alan García será procesado?
—La mayoría de los peruanos espera que sea investigado y luego, si hay elementos, procesado. La gente espera eso. Si no ocurre, el Apra pasará a la historia, lamentablemente, como un partido que comenzó siendo popular y que luego se convirtió en mafioso.

http://diariouno.pe/2017/02/02/manipulan-lava-jato-para-encubrir-al-fujimorismo-y-proteger-a-alan/