LA INVESTIGACIÓN A ODEBRECHT QUE ARCHIVÓ LA JUSTICIA PERUANA 496 Durante el gobierno de García, una denuncia en el Ministerio Público que implicaba a Odebrecht en millonarias transacciones hubiera permitido, de no haber sido archivada, descubrir hace cinco años un estructurado esquema de pagos de sobornos con offshores

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José Mainza Segovia, personaje que visitó la fiscalía para evitar que se investigue irregularidades de Odebrecht. Foto: Ministerio Público e Internet.

  

Mientras el consorcio IIRSA Norte construía la Interoceánica, en Lima una documentada denuncia recorrió el Ministerio Público esperando que algún fiscal avispado la analizara. Los documentos señalaban transacciones por más de 7 millones de dólares efectuadas por Odebrecht a compañías peruanas del empresario Gonzalo Monteverde. Gracias a la operación Lava Jato en Brasil, se sabe que el dinero era para pagar a funcionarios peruanos. Por eso el caso Monteverde-Odebrecht se volvió intocable: Ni bien la denuncia lo tenía un fiscal, surgían quejas contra los investigadores para evitar que se indagara en el caso. Y en esta historia aparece un personaje: José o ‘Pepe’ Mainza Segovia, gerente general de la quebrada Mutual Perú en tiempos del primer gobierno aprista y colaborador de Luis Nava Guibert,  exsecretario de Palacio de Gobierno. Convoca cuenta la historia detrás de esta investigación trunca. 

Por Miguel Gutiérrez R.
Publicado el 22 de enero de 2017

En julio 2008, Pedro Morote Cornejo, un excolaborador del empresario Gonzalo Monteverde, llegó a la fiscalía especializada en delitos tributarios con una abultada documentación. Morote Cornejo tenía en sus manos papeles que, según él, probaban que dos empresas de Monteverde recibieron transferencias de dinero de Odebrecht por US$ 7 millones 964 mil 152 por un servicio prestado en un tramo de la Interoceánica Norte que, según sostenía, fue un contrato de obra simulado para no pagar los impuestos.

En febrero de 2010, luego de un año y medio de idas y venidas, la fiscal especializada en delitos tributarios María Alcalde Pineda, había archivado la denuncia basándose en dos informes de la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) en los que se concluía que no había “mérito suficiente” para “elaborar un informe sobre defraudación tributaria” al Consorcio Constructor controlado por Odebrecht y a la Constructora Área de Monteverde.

No conforme con las conclusiones de Sunat, el auditor Pedro Morote presentó la voluminosa documentación a la 17 Fiscalía Penal Provincial en la avenida Abancay.

Gonzalo Monteverde contrató con Odebrecht el 2007 para un tramo del eje vial Amazonas. Foto: Captura de Youtube.

César Del Pino Aguilar, titular de esa fiscalía, abrió en abril del 2010 una investigación por lavado de activos a Gonzalo Monteverde. No pasó una semana y la defensa del empresario presentó una queja a través de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, señalando que la investigación había sido archivada. Sin embargo, como la denuncia era por el delito de lavado de activos, la indagación continuó al menos por otras dos semanas.

César Del Pino con 25 años de trayectoria en el Ministerio Público, cinco en el Poder Judicial y otros tantos como asesor en la Cancillería en tiempos del presidente militar general EP Francisco Morales Bermúdez, no era para nada un novato. Por su despacho habían pasado jóvenes fiscales que luego serían supremos como Carlos Ramos Heredia y el actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. Pese a no haber logrado ascender, como veterano fiscal sabía el teje y maneje del Ministerio Público y sobre todo, cuando un caso podía ser una ‘papa caliente’. Y el caso Monteverde- Odebrecht  lo era.  

“¿Por qué tanto salto si el piso estaba parejo? ¿Por qué Gonzalo Monteverde no se presentaba y aclaraba esos millones? Yo pedí que esa indagación pasara a manos del equipo policial del Ministerio Público. Allí, en el cuarto piso del edificio, estaría más cerca a mi despacho”, señaló César Del Pino a Convoca.

Defensa de Monteverde logró que comando sancionara a equipo policial y coronel PNP Torrejon Peña que intentaron investigarlo por lavado. 

Para ese entonces, la carretera Interoceánica Norte y Sur adjudicadas a Odebrecht en consorcio, habían estado bajo la lupa del Congreso y la fiscalía anticorrupción pero ninguna indagación prosperó. La Segunda Fiscalía Provincial en Delitos de Corrupción de funcionarios indagó irregularidades en la adjudicación de la Interoceanica Norte, que alcanzaba a ministros toledistas como Pedro Pablo Kuczynski, hoy presidente de la República, y al exdirector ejecutivo de ProInversión, René Cornejo. Y en el Congreso, la Comisión de Fiscalización había determinado responsabilidades en los funcionarios públicos que otorgaron la concesión a la brasileña del Corredor Vial Interoceánico Sur.

César Del Pino afirma a Convoca que recién entendió por qué el caso que tenía apenas unas semanas parecía arder tanto. Y según cuenta sus sospechas -y las presiones- se confirmaron con la visita de un personaje en esas semanas.

“En ese período, van a verme personas haciéndome insinuaciones respecto al caso Monteverde. Gente que tenía cercanía conmigo y que habían trabajado con el Gobierno (de García) y que yo los había ayudado en algún momento. Uno de ellos era el ahijado de mi padre”, agrega Del Pino.

Del Pino comenta que este personaje le hizo una oferta económica para archivar el caso Monteverde porque, según afirma, temían que se ventile operaciones bancarias que podían afectar a Odebrecht.

“Hacemos un cheque y pon allí una cantidad", me dijo. Y yo le respondí: 'Por favor, no vuelvas a tocarme el tema si quieres seguir siendo mi amigo', recuerda ahora el exfiscal Del Pino.

Exfiscal César Del Pino Aguilar. Foto: Katherine Soldevilla - Convoca.

Convoca preguntó por la identidad de ese personaje pero el exfiscal Del Pino evitó mencionar el nombre. Insistimos y preguntamos si eran los abogados del estudio Nava & Huesa Abogados, estudio que fundara Luis Nava Guibert,  y que, durante el gobierno aprista tuviera como uno de sus clientes a Odebrecht y la gigante estatal brasilera, Petrobras.

“No era Lucho Nava a quien conozco, pero sí alguien cercano a él”, agregó Del Pino aConvoca.

Entre las sombras

Convoca se comunicó con el denunciante del caso, Pedro Morote Cornejo para indagar más sobre la investigación que quedó archivada, y si estaba enterado del personaje aludido por el exfiscal César Del Pino.

“Sí, supe que ‘Pepe’ Mainza Segovia se acercó a conversar con el fiscal por el Caso Monteverde. Yo lo conozco”, contó Morote.

El denunciante Morote reconoce que lo conoce desde los años ochenta al igual que a Luis Nava, cuando coincidían en los baños turcos Windsor de San Isidro. 

Pero, ¿quién es Mainza Segovia? ¿Y por qué estaba interesado en el caso Monteverde-Odebrecht?

Pedro Morote se presentó en la Comisión Lava Jato del Congreso para dar su versión sobre las transacciones de la empresa de Monteverde. Foto: Congreso.

Morote recuerda que Nava Guibert y Mainza Segovia sin ser militantes apristas, fueron invitados por el entonces joven presidente Alan García a ocupar puestos públicos. Nava y Mainza fueron nombrados como presidente y gerente general respectivamente de la Mutual Vivienda Perú, una entidad crediticia estatal que fuera acusada de malos manejos y de haber repartido irresponsablemente créditos. Durante el gobierno de Fujimori, Nava y Mainza fueron denunciados y procesados, este último estuvo preso por varios meses, tras lo cual lograría su libertad por exceso de carcelería sin sentencia. La justicia luego los absolvería a ambos de los delitos de corrupción.

“En ese período, van a verme personas haciéndome insinuaciones respecto al caso Monteverde. Gente que tenía cercanía conmigo y que habían trabajado con el Gobierno (de García) y que yo los había ayudado en algún momento. Uno de ellos era el ahijado de mi padre”, recuerda el exfiscal Del Pino. 

Ya como abogado y dueño de un estudio de abogados, y cuando la investigación la tenía el fiscal César Del Pino, Mainza seguía vinculado a Luis Nava Gilbert, el secretario general del despacho presidencial a decir del propio Morote Cornejo.  

“Mainza estaba en las sombras, y Gonzalo Monteverde lo conoce porque yo se los presenté”, revela Morote.

Convoca intentó comunicarse con Gonzalo Monteverde para confirmar la versión sobre el papel de José Mainza en el caso  y su intervención ante el fiscal Del Pino, pero su socia Isabel Carmona Bernasconi señaló que los abogados les han pedido no ofrecer versiones a la prensa y solamente al fiscal que está investigándolos.

Sin embargo, ellos recientemente han publicado una página web con documentos que según ellos demuestran que Pedro Morote, el  denunciante de las transacciones millonarias, intentó chantajearlos. Ellos muestran un documento donde el propio José Mainza Segovia en 2008, denuncia que Morote le pidió apoyo para exigirles dinero a Monteverde a cambio de no denunciarlos.

José o 'Pepe' Mainza terminaría declarando a favor de Monteverde en un proceso por chantaje abierto contra Pedro Morote.

Archivado tres veces

Luego del encuentro entre el fiscal Del Pino y Mainza, el primero fue acusado ante Control Interno del Ministerio Público de ser, con el denunciante Pedro Morote, socios de un exclusivo club miraflorino. Paralelamente el 17 de mayo, Monteverde presentó una queja contra Del Pino en la oficina desconcentrada de Control Interno del MP, a cargo de José Timarchi Meléndez, y en el que se señalaba que el fiscal Del Pino había acogido una denuncia en su contra cuando no le correspondía. 

“¿Que inventaron para sacarme? Un abocamiento indebido de una investigación. Alegaron que no entró por el turno requerido, una estupidez”, afirma César Del Pino.

Antes que culminase su proceso disciplinario abierto por ‘direccionamiento de una investigación’, César Del Pino presentó su renuncia el 7 de octubre del 2010 al Ministerio Público. Cinco días más tarde, la Junta de Fiscales accedió a su solicitud.

Un tema de salud fue clave pero señala que ese caso fue el desencadenante en su decisión. “Renuncié porque esto me apesta. Hablé con el fiscal supremo en lo penal Peláez Bardales y le conté mis razones. Me caractericé por no recibir órdenes del superior porque la ley lo establece así y asumí mis responsabilidades. ¿Quien tenía más preocupación? El gobierno de García que presionó a través de su ministro y luego a través de la fiscal de la Nación Gladys Echaiz, cuyo esposo es militante aprista”, afirma.

Exfiscal de la Nación Gladys Echaiz . Foto: Perú 21. 

Antes de retirarse del Ministerio Público, Del Pino tuvo que enviar el expediente Monteverde- Odebrecht al fiscal superior decano Gonzalo Chavarry Vallejos, actual fiscal supremo. Chavarry envío el caso a la 50 Fiscalía Provincial Penal a cargo de Nelly Millones Palmadera.

La fiscal Millones luego de tenerlo tres meses en sus manos lo archivó. "La fiscal Millones argumentó que mi denuncia por lavado de activos de 2010 era la misma que presenté por evasión tributaria en 2008 y, como esta fue rechazada por la otra fiscal, procedió igual”, dijo a Convoca Pedro Morote.

Morote presentó una queja por la resolución de la fiscal Millones al titular de la Cuarta Fiscalía Superior en lo Penal Sonia Chavez Gil. La magistrada declaró finalmente infundada la queja de Morote.

Morote insistió semanas después, y se dirigió a las fiscalías especializadas en Criminalidad Organizada. Al igual que en los otros casos, los informes fiscales archivaron la denuncia basándose en informes de Sunat emitidos en 2009. Esa fue la respuesta de Eduardo Castañeda fiscal a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada cuando tuvo la información en sus manos. La fiscal adjunto superior penal, María Maguiña Torres terminó por ratificar la decisión de Castañeda. Meses después la fiscal Maguiña fue destituída por haber mandado a archivar el caso de lavado de activos a la familia Sanchez Paredes luego de haber estudiado el voluminoso expediente  en solo tres días.

"Durante el gobierno de Fujimori, Nava y Mainza fueron denunciados y procesados, este último estuvo preso por varios meses tras lo cual lograría su libertad por exceso de carceleria sin una sentencia. La justicia luego los absolvería a ambos de los delitos de corrupción"

Eduardo Castañeda, fiscal a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, recuerda que tuvo la información en sus manos gracias a un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Castañeda señala que ni bien procedió a realizar las primeras citaciones, una queja en Control Interno y luego un Hábeas Corpus fueron presentados por la defensa de los denunciados en su contra.

“Nos enteramos recién que estos hechos habían sido vistos por otra fiscal antes. Sin embargo, llamó la atención la aparición inmediata de estos recursos que habitualmente se presentan cuando los citados conocen la naturaleza de la indagación”, refirió el fiscal.

Castañeda Garay declaró archivada la investigación por ser un hecho indagado y no por presiones, según sostiene.

La fiscal adjunto superior penal, María Maguiña Torres terminó por ratificar la decisión de Castañeda. Meses después esta misma fiscal fue destituida por pedir el archivamiento del caso de lavado de activos a la familia Sánchez Paredes por falta de pruebas,  luego de haber estudiado el voluminoso expediente en solo una semana. 

Sobre este documento, los tres fiscales que vieron el Caso Monteverde-Odebrecht entre el 2009 y 2011 se basaron para archivarlo.

La socia de Gonzalo Monteverde en varias de las empresas que recibieron el 2007, los millones de Odebrecht y de las offshore panameñas, Maria Carmona Bernasconi, señaló aConvoca que el caso (Monteverde)  es uno “de varias aristas y de distintas versiones”. Todas las versiones dadas por Morote son falsas, pienso que no deberíamos detenernos en desvirtuar el objetivo, que es saber quien depositó el dinero a la corrupción y quién lo recibió. El resto es cuento”, declaró Carmona que hasta el cierre de esta nota, no entregó la documentación que desvirtuaría las sospechas que tienen las autoridades sobre la participación de sus empresas en un esquema internacional de sobornos.

Del caso Monteverde-Odebrecht no se volvería a saber sino hasta ahora luego que se filtrara información procedente de la operación policial Lava Jato en Brasil que salpica ahora al Perú.

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Deben caer también los peces gordos

ENTREVISTA. La lideresa del Movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza, dice que se necesita una sociedad organizada y movilizada para que en el caso Odebrecht paguen todos y no solo funcionarios de segunda línea.

Paco Moreno
Diario UNO

Nuestra clase política se pudre, dice la lideresa Verónika Mendoza, quien pide vigilancia ciudadana constante de las autoridades e instituciones a fin de que cumplan su deber en el escandaloso caso Odebrecht.

Verónika cree que las cosas pueden cambiar y que para ello se necesita la participación activa de la gente y que más ciudadanos honestos no se escapen de participar en política.

Confía en la gente y sobre todo en los jóvenes que en los últimos tiempos se han convertidos en actores claves de la política. En esta entrevista habla también sobre los decretos legislativos, las empresas que le ponen zancadillas al Gasoducto del Sur, del proceso de recolección de firmas del Movimiento Nuevo Perú y otros temas de actualidad.

—Una de las preocupaciones principales de la gente en la actualidad es la corrupción. ¿Hacia dónde nos llevará el caso de los sobornos de Odebrecht, por ejemplo?
—Creo que estamos ante una verdadera crisis del sistema político. Nuestra clase política se pudre, literalmente. Pero creo que, al mismo tiempo, son tiempos de gran oportunidad para, como país, ir hasta el fondo del asunto y de librarnos de todos los corruptos.

—Depende mucho del trabajo de las autoridades…
—Claro, las autoridades, competentes deben hacer bien su trabajo; pero la ciudadanía también debe organizarse y movilizarse para exigir que las autoridades lleguen hasta el final, caiga quien caiga. Si no hay una ciudadanía consciente, movilizada, organizada, no va a pasar nada. Probablemente caigan algunos funcionarios intermedios; pero los peces gordos, que ahora están temblando, van a quedar impunes. Por eso es importante que se constituya un gran frente contra la corrupción, con organizaciones sociales, sindicales, colectivos ciudadanos, como los vecinos de Puente Piedra, por ejemplo, que han empezado a organizarse y movilizarse, para estar vigilantes de manera permanente a fin de que se llegue hasta el final en este asunto, para que caigan todos los corruptos, que paguen también su responsabilidad los peces gordos.

—¿Este gran frente contra la corrupción que usted plantea también debe tener una mirada hacia qué es lo que origina la corrupción?
—Claro, también debe plantear los cambios profundos que nuestro país necesita para que estos casos de corrupción no se vuelvan a repetir.

ACLAREN EL ACUERDO CON ODEBRECHT

—El semanario Hildebrandt en sus Trece, en su última edición, informa que Keiko Fujimori ha ordenado a los fujimoristas de la comisión congresal que investiga los sobornos de Odebrecht que, por ahora, no toquen a Alan García, pero que vayan con todo contra PPK a fin de que siga cayendo su popularidad y luego azuzar con el cuco de la vacancia. ¿Se atreverán a eso?
—Por supuesto. Hace tiempo que el fujimorismo está en una lógica de embarrar con la corrupción a todos los demás políticos para lavarse la cara. Con esta idea de que si todos son corruptos, entonces la corrupción de que ellos fueron artífices y son aún quede, digamos, matizadas; y por eso es sumamente importante, repito, que desde la ciudadanía estemos vigilantes y exijamos al Ministerio Público que investigue a todos sin ninguna excepción; por eso es fundamental que la Fiscalía aclare cuáles han sido los términos del acuerdo con Odebrecht. Primero habría que decir que los famosos 30 millones de soles que han anunciado como una muestra de compromiso de Odebrecht de colaborar, son en realidad una suma irrisoria. Mire, estamos hablando de 30 millones de soles frente a 29 millones de dólares que Odebrecht ha confesado que entregó en coimas a tres gobiernos sucesivos para beneficiarse con cerca de 143 millones de dólares, según la información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Eso, sin contar que en los últimos nueve años, según algunos cálculos, estos negocios han movido 12 mil millones de dólares y habrían significado para el Estado perjuicio en 600 millones de dólares. Estamos hablando de montos que nada tienen que ver con estos 30 millones.

—¿Habría que saber también claramente cómo están realizando la investigación?
—Es importante saber el marco de la investigación del Ministerio Público y el acuerdo con Odebrecht. Yo me pregunto: “¿Van a dar todos los nombres, de todos los funcionarios a los que corrompieron, incluidos los peces gordos y de qué periodos?” Pregunto porque pareciera que nos estamos centrando solo en tres gobiernos. Y está bien que respondan los tres gobiernos: de Toledo, el segundo de García y el de Humala; pero Odebrecht está en el Perú desde 1979. Durante el fujimorato se concesionaron también más de 20 obras con la empresa Odebrecht. La Contraloría, hace unos días, ha señalado que desde 1998, esto incluye al gobierno fujimorista, se había hecho perjuicio al Estado con estos negociados por cerca de 300 millones de dólares.

PRISIÓN SOLO PARA ALGUNOS

—¿Tienen documentos para investigar?
—Hay material concreto de la propia Contraloría que permitiría investigar al gobierno fujimorista y no queda claro que el Ministerio Público quiera avanzar en este sentido; pero también nos debe llamar poderosamente la atención que las investigaciones en el país avancen de manera lenta. Hace años que la Contraloría viene entregando información al Ministerio Público sobre estos casos y no pasa nada. En Colombia ya han pedido prisión preventiva para un exviceministro y aquí, hasta ahora, nada. Pero eso sí, sí piden prisión preventiva a los vecinos de Puente Piedra que ejercieron su legítimo derecho de protesta, sin pruebas de que hubieran cometido actos vandálicos. Solo por haber sido parte de la protesta, quieren tres meses de prisión preventiva. ¿Por qué no piden prisión preventiva para los altos funcionarios de los tres gobiernos? Estoy segura que el Ministerio Público tiene suficiente información en estos momentos para pedir prisión preventiva para algunos de ellos. ¿Por qué no lo hace?

IR AL MEOLLO

—¿Qué es lo que genera esta corrupción gigantesca como la de Odebrecht?
—El tema de fondo es que tenemos un modelo de desarrollo, un sistema que está pensado, diseñado para favorecer los grandes negocios, los negociazos. Hay una cultura empresarial del destrabe que incluye las coimas como un mecanismo de destrabe de las inversiones. En lugar de un modelo de desarrollo, como nosotros lo plateamos: planificado, donde haya proyectos de inversión en función de las necesidades del pueblo, en función de las potencialidades de nuestro territorio, en función de la generación de empleo, los proyectos de inversión se definen ahora en función de los intereses particulares de las empresas, en función de sus negocios, en función de su interés de lucro y se arrasa con los derechos laborales, con los derechos ambientales, con el derecho a la consulta previa de los pueblos.

—¿Ahí está el asunto de la coima?
—Esto incluye también el sistema del aceiteo, como lo llaman algunos empresarios, se trata de algunas coimas para agilizar sus inversiones. Esa es la lógica de la cultura empresarial; por eso hay que erradicar este tipo de actos; y no hemos escuchado a la Confiep, por ejemplo, pronunciarse sobre este caso. ¿Cuál va a ser el aporte del sector empresarial en materia de lucha contra la corrupción, cuál es su deslinde claro con los actos como los que ha cometido Odebrecht, probablemente, y eso lo dirá el Ministerio Público, en complicidad con varias empresas privadas?

PROPUESTAS DE CAMBIO

—¿Y usted tiene algunas medidas concretas para eliminar este sistema que incluye el “aceiteo”?
—Yo creo que tenemos que ver este caso en varios niveles. En el momento, hay que aprovechar esta oportunidad para limpiarnos de una buena vez de todos los corruptos, caiga quien caiga y sin miedos, y también exigir cambios concretos en la normativa actual. No es posible, por ejemplo, como ha ocurrido con Odebrecht y tantas otras empresas, se pueda, después de haber licitado una obra, cambiarla completamente a través de adendas; incluso hacer que el costo de las obras se duplique como ha ocurrido con varias obras de Odebrecht. No es posible tampoco, y ahí hay gato encerrado y hay que mirar bien para saber qué se necesita ajustar, que todos los arbitrajes los ganen siempre las empresas. Esto no es posible. Nunca gana el Estado.

—¿Se está haciendo algo ahora sobre este punto?
—Es cierto que desde el gobierno, en los últimos decretos legislativos se ha intentado hacer algunos cambios. Lamentablemente son insuficientes. No se ha aprovechado adecuadamente la oportunidad. Se ha planteado, por ejemplo, que las empresas tendrían responsabilidad penal, lo cual es un avance; pero se excluye el delito de colusión que es el más generalizado en nuestro país; entonces, se debió ir al fondo del asunto. Creo que hay que seguir empujando en ese sentido. Pero también profundizar el debate en el sentido de entender que más importantes que los negocios, más importante que el lucro de algunas empresas, son los derechos de la gente. Hay que preguntarse, por ejemplo, qué proyectos de inversión necesitan realmente y hay que ver que estos no los perjudiquen sino todo lo contrario.

NOSOTROS SÍ QUEREMOS, PERO EN MEJORES CONDICIONES
Hay quienes no quieren el gasoducto del sur por intereses

—¿Qué opina usted sobre el caso gasoducto del sur que también está metido en este cambalache? 
—Creo que en este caso también hay que profundizar el debate. Esta el tema de la corrupción que, por supuesto, hay que investigar y sancionar a los responsables, y decimos claramente que Odebrecht no puede seguir en esa obra. Tampoco vamos a permitir que venda sus activos como si nada hubiera pasado y que se lleve la plata. Eso sería inaceptable; pero el verdadero tema de fondo es que hay un sector empresarial ligado a Camisea y al gasoducto central que no quiere competencia. No quiere ningún otro gasoducto. Eso hay que decirlo con claridad.

—¿El proyecto debe seguir tal cual?
—Aquí otro tema más profundo y es la oportunidad, en todo caso, para plantearlo. El gasoducto del sur no puede ser como está planteado ahora: un tubo que puede terminar pasando, como lo he dicho varias veces en Cusco, por nuestras narices para llevarse nuestro gas. Tiene ser, como siempre lo hemos reclamado en el sur, un proyecto integral que incluya la propiedad sobre el recurso, sobre el gas; garantizar, por ejemplo, que el gas del Lote 58 sirva para el desarrollo del sur, llegue al sur y que tiene que ver también con la necesidad de impulsar el polo petroquímico para industrializar ese gas y generar empleo para el sur.

—¿Está de acuerdo con la devolución del dinero que se recaudó mediante los recibos del servicio de luz eléctrico?
—Sería inaceptable que los peruanos terminemos dando plata para beneficiar a una empresa corrupta. Eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Pero no perdamos la perspectiva, el tema de fondo es que hay algunos que no quieren ningún gasoducto. Nosotros sí queremos un gasoducto hecho en las mejores condiciones y que permita que ejerzamos soberanamente el uso de nuestro recurso y que ese gas y sus beneficios lleguen al pueblo, al sur y que permita el desarrollo industrial.

Es urgente que liberen a los detenidos de manera injusta.

En Puente Piedra no basta una suspensión y es legítima la protesta
Verónika dice que, con justicia, los vecinos piden la anulación total del cobro abusivo del peaje.

—Después de dos marchas contundentes en Puente Piedra y la tercera en preparación, ¿cuál es su opinión sobre esta reacción ciudadana?
—Creo que es absolutamente legítima. Es inaceptable que se haya modificado el contrato permitiendo que la empresa empiece a cobrar peaje sin que haya concluido la obra, sin que haya vías alternas como está establecido. Es inaceptable que uno tenga que pagar 10 soles para entrar y salir de su casa en Puente Piedra y otros distritos. Es inaceptable también que el alcalde de Lima hay hecho oídos sordos sobre Puente Piedra, porque los ciudadanos, me consta, han exigido muchas veces diálogo, debate técnico sobre el asunto, soluciones a este problema. Estos reclamos se produjeron durante meses y claro, como nadie les ha hecho caso, con todo derecho y legítimamente, han salido a protestar.

—¿Cuál cree que debe ser la solución de este caso?
—No basta una suspensión, como con toda legitimidad lo han reclamado lo vecinos de Puente Piedra. Tiene que anularse totalmente el cobro abusivo de ese peaje y luego tiene garantizarse que hay vías alternativas de acceso a fin de que no le haga más daño a la economía de las familias del norte de la ciudad. Es urgente que liberen a los detenidos de manera injusta.

NADA CON LA PRIVATIZACIÓN

—Algunos especialistas que están analizando los Decretos Legislativos creados por el Ejecutivo gracias a las facultades otorgadas por el Congreso consideran que se pretende privatizar Sedapal, Petroperú; además hay problemas en el sector. ¿Cuál es su lectura sobre los decretos?
—Los congresistas del Nuevo Perú están analizando los decretos legislativos. Han presentado ya una serie de observaciones. Nosotros no vamos a permitir bajo ningún concepto que se privatice ni Petroperú ni Sedapal, de ninguna manera, bajo ningún pretexto ni ninguna condición. Lamentamos muchísimo que se hay desaprovechado la oportunidad de tener una autoridad autónoma de la transparencia fuerte. Es cierto que se ha creado una entidad con ese nombre; pero creamos que finalmente va a estar pintada porque no tiene autonomía y tampoco capacidad sancionadora. Solo emitirá recomendaciones y tampoco va a poder revisar la clasificación de la información. Es decir cualquier entidad del Estado va a poder clasificar como reservada cualquier información que no quiera que se conozca y ahí quedó el asunto. Nos parece también muy preocupante que se hayan excedido respecto al mandato de las facultades en el sector Salud.

—Está el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas… 
—Sí, creo que hay que revisar con mucho cuidado estos decretos que trasladan al INEN al Ministerio de Salud y que debilitan el sistema de regulación de los medicamentos y que van a dificultar que ingresen medicamentos genéricos al país, esto traerá como consecuencia que el precio de las medicinas serán siendo caras y que además puede costar aún más.

CUIDA LA ESPERANZA

—Hay gente que va perdiendo las esperanzas y que considera que toda, absolutamente toda, la clase política es corrupta. ¿Qué les diría a estos ciudadanos?
—Yo le diría que no permitan que les roben, además de toda la plata que les roban, que les roben la esperanza. Sí se puede cambiar las cosas. Sí hay personas que estamos en política que queremos hacer las cosas bien, de manera honesta, dialogando con la gente y escuchando sus demandas. Pero también decirle que las cosas van a cambiar en la medida en que más ciudadanos honestos participen en política. Yo sé que a todos nos termina asqueando a veces la clase política actual; pero es importante que no nos vayamos a nuestras casas sino más bien nos metamos más para cambiar las cosas. Por eso, el Movimiento Nuevo Perú abre sus puertas a todos los ciudadanos que quieren un cambio para nuestro país, que quieren hacer política de manera diferente. Queremos que ellos participen de manera activa, no ser convidados de piedra, no ser meros electores que cada cinco años van a las urnas a votar sino que puedan participar, debatir, decidir, elegir, ser elegido, trasladar las demandas de sus localidad de su barrio, de su comunidad y ser parte de este proyecto político de cambio.

DEL DEBATE Y LA MOVILIZACIÓN
Los jóvenes en primera línea

—¿Hay gente joven que se va sumando al Movimiento Nuevo Perú o están llegando los mismo de siempre?
—Creo que hay una participación muy importante de la juventud. Contrariamente a algunos que señalan que los jóvenes están despolitizados o desinteresados por la política, yo veo todo lo contrario. Yo veo jóvenes conscientes, movilizados, con ganas de participar, de participar realmente, y a eso los invitamos en Nuevo Perú. No, como en los partidos tradicionales, a pegar afiches sino a que sean actores centrales del proceso político; y de hecho, desde mi perspectiva, quienes han tenido mayor fuerza, vitalidad y eficiencia en la lucha han sido los jóvenes. Lo vimos en la marcha contra la llamada Ley Pulpín, en defensa del trabajo digno; contra la repartija, a favor de institucionalidad democrática; contra la prepotencia y el autoritarismo congresal del fujimorismo que impuso a su gente en el BCR; también a favor de una educación de calidad. Son los jóvenes quienes están en primera línea del debate y la movilización política. En Nuevo Perú tendrán todo el espacio para seguir en ese camino.

NUEVO PERÚ
Vamos a escuchar y recoger demandas y no solo a pedir firmas

—El Movimiento Nuevo Perú estuvo en Lambayeque, el sábado en Gamarra, hace unas semanas en el Cusco. ¿Cómo va ese reto enorme de inscribir el movimiento?
—Ya lanzamos la campaña de recolección de firmas. Ahora estamos planteando nuestras propuestas en varios puntos del país. Nosotros vamos, escuchamos y debatimos la solución de los problemas; no queremos que sea un mero recojo de firmas. La próxima semana estaremos en Arequipa. Iremos al valle de Tambo a escuchar los problemas de la gente. Después iremos a Piura y probablemente a Áncash. La voluntad es por su puesto recorrer todo el país y llegar a cada pueblo a cada localidad a escuchar a la gente y a recoger sus demandas y hacer eco de ellas para exigirle al gobierno que los atienda y seguir en este proceso de construcción de una mayoría política, social y ciudadana, que nos permita una cambio profundo, que nos permita un debate y una aprobación de una nueva Constitución para un nuevo Perú.

ADEMÁS
“Creo que es importante denunciar y pedir que se anule el Decreto Legislativo que deroga la obligación de registrar los convenios de formación laboral juvenil y los planes de capacitación. Con eso los jóvenes no podrán exigir derechos ni la Sunafil podrá fiscalizar. Otra vez se trata a los jóvenes como mano de obra barata sin derechos. Elimina también la obligación de registrar los contratos temporales. Dejan totalmente desprotegidos a la gran mayoría de trabajadores”, dijo Verónika.

http://diariouno.pe/2017/01/16/deben-caer-tambien-los-peces-gordos/

Las coimas de Odebrecht del primer gobierno de García

Por Diario UNO el enero 11, 2017

Los sobornos comenzaron en 1988, con los proyectos Charcani V y Chavimochic. García pedía nombres. Aquí los tiene, entre ellos el de su tío Jorge Ramos Ronceros.

La periodista de investigación Melissa Pérez Huaringa, autora del informe aparecido en “El Gran Angular” que publicamos de manera íntegra en esta edición, dijo al diario UNO que sus revelaciones (nombres de presuntos sobornados del primer alanismo) deben profundizarse en las investigaciones del Congreso y el Ministerio Público.

Indicó que es ardua la labor que les toca al Parlamento y la Fiscalía y que es muy probable que haya más información valiosa de lo que ha publicado; señaló que hay muchas trabas en todos los niveles para que no se sepa toda la verdad en el caso de los sobornos de Odebrecht.

No se puede, manifestó, dejar de investigar y las pesquisas tienen que abordar desde el año en que la constructora brasilera comenzó sus operaciones en el país, es decir 1979.

Melissa Pérez Huaringa

El Gran Angular

Las coimas de la constructora Odebrecht se reparten a ritmo de samba en el Perú desde -por lo menos- 1988, durante el primer gobierno de Alan García. Documentos obtenidos demuestran que se hicieron estos pagos irregulares en el contexto de los proyectos de la central hidroeléctrica Charcani V, en Arequipa, y de irrigación Chavimochic, en La Libertad. Un documento de diez hojas escrito con una añeja máquina de escribir, titulado: “Relacao de parceiros”, que traducido al español significaría relación de socios o de compañeros, contiene un listado con 530 nombres junto con sus respectivos sobrenombres y los proyectos a los que estos estaban vinculados. En dicho listado, mezclado con los nombres de políticos brasileños, encontramos los nombres de nueve peruanos vinculados al proyecto Charcani V.

De acuerdo a lo reportado por periodistas brasileños en setiembre de 2015, y que pasó desapercibido en nuestro país, uno de los nueve peruanos beneficiarios de Odebrecht en la “Relacao de parceiros” fue Jorge Ramos Ronceros, identificado con el sobrenombre de “Pescoção”, tío del expresidente Alan García Pérez. Traducido al español, “Pescoção”, significa “Cuello grande” o alguien curioso que quiere saber cosas que no son de su interés. Fueron policías brasileños quienes alertaron a los periodistas sobre los pagos a “Pescoção”.

Según nos indicó el exministro aprista César Vásquez Bazán, “desde antes de entrar al gobierno, en 1985, las malas lenguas calificaban a Jorge Ramos Ronceros como el doctor diez por ciento”. ¿Por qué será, no?

Esta “Relacao de parceiros” así como otros 353 documentos fueron proporcionados por exfuncionarios de Odebrecht al diputado brasileño Jorge Solla (del Partido de los Trabajadores – PT), quien remitió el 17 de setiembre de 2015 toda esta reveladora documentación a la Comisión Parlamentaria de Inquerito, brasileño que investigó el caso Petrobrás. A su vez, todo este material fue entregado también a Braulio Cezar Galloni, coordinador de la Policía Federal en Brasilia, quien informó entonces que anexaría los documentos a la Operación Lava Jato.

Entre los 353 documentos hay recibos y registros de órdenes de pago en beneficio de agentes públicos y políticos que intermediaron operaciones fraudulentas con Odebrecht en Perú, Ecuador, Angola y otros países, además de anotaciones de cuentas bancarias, direcciones, sobrenombres de destinatarios del dinero, entre otros.

Alan García, concedió la Orden El Sol del Perú a Emilio Odebrecht el 23 de julio de 1990, seis días antes de dejar el gobierno. Cuando volvió a Palacio, retomó sus vínculos con la corrupta empresa.

Alan García clama por conocer los nombres de los funcionarios que recibieron sobornos entre 2005 y 2014. En este informe hay algunos que datan de su primer gobierno (1985-90), como para refrescarle la memoria sobre sus excelentes relaciones con Odebrecht y los grandes negocios que esta empresa corrupta hizo en el primer régimen aprista y que restableció en su última administración.

“Pescoção”, el tío de Alan García

Luego de revisar los documentos entregados por los exfuncionarios de Odebrecht al diputado Solla hemos encontrado cuatro documentos de caja de la constructora brasileña que indican transferencias bancarias por un total de US$ 1’800,000.00 destinados a “Pescoção” (sobrenombre con el que los cariocas identificaban al tío del expresidente García) depositados en cuentas de Suiza y Bahamas. En la hoja 6 de la “Relacao de Parceiros” aparece Jorge Ramos Roncero (escribieron su segundo apellido sin una S final) con el seudónimo de Pescoção y asociado al proyecto Charcani V.

El primer “Documento de Caixa” analizado, numerado como “Local 1430”, del 21/09/1988, indica “Debite a Projeto Chavimochic – 026”, por US$ 500,000.00 (Quinientos mil dólares americanos), valor referido a “despesas c/. Representaçoes – (Pescoção). Indica el BANCO SANTANDER INT’L – 1000 Brickell Av. Miami, para abonar en cuenta del BANCO SANTANDER TRYUST BANKING CORP (BAHAMAS) LTD, AT. José Ruiz Marcos, para ingreso en cuenta 3220-1- 50524. La justicia peruana deberá investigar quién es Ruiz Marcos y por qué este dinero pasó por su cuenta bancaria. En internet aparece el nombre de José Alfredo Ruiz Marcos como miembro de una empresa mobiliaria en Panamá entre 1977 y 1989 y como agente de empresas en Florida desde el 2014. ¿Será este el personaje que buscamos?

Los gastos por “representaçoes” indicarían gastos como viáticos, almuerzos con ejecutivos, entre otros, pero resulta difícil pensar que se gaste dicha cantidad en esos conceptos, por lo que este pago constituiría un fuerte indicio de pago de propina.

El segundo “Documento de Caixa” encontrado, numerado como “Local 1431”, del mismo día 21/09/1988, indica “Debite a Projeto Chavimochic – 026”, por US$ 500,000.00 (Quinientos mil dólares americanos), valor referido a “despesas c/. Representaçoes – (Pescoção). Indica el BANCO COMMERCIALE ITALIANA DE ZURICH y al titular de la cuenta OLD GOLD CORPORATION N° 21166, con una anotación a mano que dice: “Lowenstrass 60, 8001 Zurich Switzerland”.

El tercer “Documento de Caixa” de interés para el Perú está numerado como “Local 1554”, del 07/10/1988, indica: “Debite a Projeto Chavimochic – 026”, por US$ 400,000.00 (Cuatrocientos mil dólares americanos), valor referido a “despesas c/.Representaçoes – (Pescoção). Indica el BANCO COMMERCIALE ITALIANA DE ZURICH y al titular de la cuenta OLD GOLD CORPORATION N° 21166, LOWENSTRASS 60, 8001 ZURICH SWITZERLAND.

El cuarto “Documento de Caixa” analizado está numerado como “Local 1555”, también del 07/10/1988, indica “Debite a Projeto Chavimochic – 026”, por US$ 400,000.00 (Cuatrocientos mil dólares americanos), valor referido a “despesas c/. Representaçoes – (Pescoção). Señala transferencia del BANCO SANTANDER INT’L, 1000 BRICKELL AV. MIAMI, para abonar en cuenta del BANCO SANTANDER TRYUST BANKING CORP (BAHAMAS) LTD, At. José Ruiz Marcos, para ingreso en la cuenta 3220-1-50524.

Existe un quinto “Documento de Caixa” que llamó nuestra atención, numerado como Local 1625, del 21/10/1988, indica: “Debite a Chavimochic – 026”, por US$ 1’000,000.00 (Un millón de dólares americanos), valor referido a “despesas c/. Representaçoes – (Manutençao). Señala como banco destinatario al NATIONAL WESTMINISTER BANK, y como banco beneficiario al BANCO LATINO c/c – 005.16708, telex del banco 264381 – Dirección 1200 Brickel Avenue, Miami – Florida. Se ignora quién fue el receptor de millonario monto.

Según reveló el diputado brasileño Solla, el pago de coimas era hecho siguiendo la cotización del dólar negro, que en esa época tenía una gran diferencia con el dólar oficial en Brasil, eran comercializados fuera de la ley y eran utilizados para ocultar fuentes de dinero ilícito. Los pagos eran concretados a través de órdenes bancarias del extinto Banco Económico, que inclusive tenía una agencia dentro de la matriz de Odebrecht en Bahía.

El congresista Mauricio Mulder podría sufrir fuertes quemaduras con las revelaciones que asoman sobre las coimas del gobierno de García, pues dijo que ponía las manos al fuego por su inocencia.

Cuestionado pariente, financista y traficante

En enero de 2007, cuando algunos medios denunciaron que la empresa de seguros Pebo S.A. (Peralta Botteri S.A.), del aprista Jorge Ramos Ronceros, tío del expresidente Alan García, brindó asesorías al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en ese entonces a cargo de Virginia Borra, Palacio de Gobierno desmintió que Ramos Ronceros sea tío de García.

Sin embargo, en febrero de 2007, el portal Desde el Tercer Piso indicó que Ramos Ronceros había dicho años atrás ser tío del expresidente García. “Así se lo comentó al periodista Renato Cisneros hace muchos años, cuando el entonces presidente recién estaba en sus pinitos políticos y el periodista era un adolescente”, indicó el portal. “La posible cercanía familiar estaría por el lado paterno. El padre del expresidente se llamaba Carlos García Ronceros, militante aprista que sufrió prisión y que murió sin que su hijo pudiera venir al país a enterrarlo. Ramos Ronceros sería primo del progenitor de Alan García”, refirió dicho portal.

Apristas disidentes nos manifestaron que siempre fue sabido que Ramos Ronceros era tío de García. Por ejemplo, el exministro de Economía del primer gobierno aprista, César Vásquez Bazán, sostiene que “según lo que siempre he sabido, Jorge Ramos Ronceros es tío de García Pérez por línea paterna. El padre de Alan García fue el esforzado compañero aprista Carlos García Ronceros, quien trabajó en Contabilidad en la Universidad de Lima cuando yo enseñaba en esa universidad”.

Vásquez Bazán fue más allá y nos relató que “Ramos Ronceros apareció varias veces como el financista de García”. Otro disidente del aprismo nos dijo que este connotado tío también financió la campaña de García en 1985. “El Partido Aprista, en su rama alanista, tiene en Ramos Ronceros al principal miembro de su Comisión de Finanzas y Logística, según diversas directivas del partido relacionadas con la campaña electoral 2006 y otras actividades”, escribió en su blog Vásquez Bazán en el 2007.

Durante el primer gobierno aprista Ramos Ronceros fue nombrado presidente de Electroperú, tal vez allí esté su vinculación con el proyecto hidroeléctrico Charcani V. Como presidente de dicha institución estuvo involucrado en escándalos, como el robo de gasolina de las estaciones de servicios estatales y la ayuda que supuestamente ofreció a su “sobrino” en la compra de una casa que se convirtió en objeto de investigación, según reportaron medios periodísticos.

Otra perla de Ramos Ronceros es que estuvo procesado por delito de tráfico de bienes culturales luego de que en 1999 el FBI (Oficina Federal de Investigación de EEUU) lo implicara en la venta ilegal del protector coxal de oro del Señor de Sipán, una pieza arqueológica patrimonio de la Nación que fue robada a mediados de la década de 1980 cuando saqueadores profanaron la tumba del monarca preinca. Tal como registraron diversos medios nacionales y extranjeros, Ramos Ronceros reconoció que recibió de manos del ciudadano Luis Bacigalupo Remy el protector coxal como pago de una deuda que este tenía con su hermano, en ese entonces ya difunto Manuel, por US$ 120,000.00. En ese contexto, Ramos Ronceros tenía ya una exitosa compañía de seguros.

El libro Stealyng History: Tomb Raider, contrabandistas y el saqueo del nuevo mundo, del periodista norteamericano Roger Atwood, señala que Bacigalupo se encargó de contactar a Ramos Ronceros con un comprador, un hombre de negocios cubano – americano llamado Denis García. Un día de 1994, Bacigalupo llevó la reliquia a la oficina de Ramos Ronceros en San Isidro.

El exministro aprista Vásquez Bazán indicó en su blog, en el 2007, que Ramos Ronceros reconoció que escondió en su casa, por tres años, el protector coxal, y admitió además que recibió de Denis García y de Orlando Méndez la suma de US$ 100,000 por la venta de dicha reliquia. Estos, a su vez, ofrecieron a diversos coleccionistas la pieza huaqueada por la elevada suma de un millón seiscientos mil dólares (US$ 1,600,000), operación que no pudo concretarse debido a la oportuna intervención del FBI.

En una carta publicada el 1 de febrero de 2007 en el diario La República, Ramos Ronceros dijo que fue sometido injustamente durante ocho años a un proceso penal por delito contra el patrimonio cultural en el que se ratificó su inocencia, y es así que el 19/10/05, el 31 Juzgado Penal de Lima declaró sobreseído y archivado definitivamente ese proceso, resolución confirmada en segunda y última instancia el 4/9/2006, por la Tercera Sala Penal de Lima, con lo cual los antecedentes que originaron esta causa quedaron borrados definitivamente.

Emilio Odebrecht, García, su tío y Chavimochic

En 1988, las obras de la primera etapa de este proyecto fueron adjudicadas al Consorcio Chimú, formado por Constructora Norberto Odebrecht y la empresa peruana Graña y Montero. Precisamente, ese año Odebrecht habría pagado coimas a peruanos vinculados a este proyecto, entre ellos Jorge Ramos Ronceros, según la documentación obtenida.

Entre 1988 y 1996 se culminaron las dos primeras etapas del proyecto que implicaron una inversión de US$ 912 millones de dólares, aproximadamente. También hubo trabajos complementarios y ampliaciones con justificaciones técnicas y legales, vieja práctica de Odebrecht. El 20 de julio de 1990 se inauguró el canal madre hasta el sector El Botadero, en el valle de Chao. Estuvieron presentes el entonces presidente García, el ministro de Infraestructura de Brasil, Osiris Silva, y el hijo mayor del dueño de la constructora, Emilio Odebrecht, actual presidente del Consejo de Administración de la empresa y padre de Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora que hace unas semanas confesó haber pagado US$ 29 millones de dólares en coimas a peruanos entre el 2005 y 2014.

Así, hasta la alcaldía de Trujillo -beneficiaria de la obra- distinguió a Emilio Odebrecht y a otros brasileños por la decisión de su gobierno de conceder los créditos internacionales para Chavimochic. Además, el gobierno brasileño entregó la Orden del Sol a Alan García y la Orden do Cruceiro do Sul a Ramos Ronceros, pues bajo la gestión de este último como jefe de INADE –Instituto Nacional de Desarrollo, organismo encargado de la gestión de importantes programas de riego en el Perú- se terminaron las obras de la primera etapa en 1988, año en el que, según la documentación de Odebrecht, le entregaron US$ 1’800,000 dólares.

Por su parte, la Fundación Odebrecht, presidida por Emilio Odebrecht, entregó un moderno edificio en Trujillo para el Museo de Sitio de Chan Chan, valorizado en US$ 200,000 dólares. Finalmente, Alan García concedió la Orden El Sol a Emilio Odebrecht el 23 de julio de 1990, seis días antes de dejar el gobierno.

Durante los años 90, el diputado peruano por Fredemo, David Cornejo, denunció supuestas irregularidades en las bases de la licitación internacional de la primera etapa y en el contrato con el Consorcio Chimú. Cornejo señaló que el contrato otorgaba ventajas económicas al contratista, significando mayores egresos al Estado. Luego se denunciaron pagos de sobrecostos y fallas administrativas en la construcción de la bocatoma.

En agosto de 2005, la entonces vicecontralora General de la República de Perú, Rosa Urbina Mancilla, informó que la Procuraduría de la Contraloría había denunciado a tres funcionarios del Proyecto Especial Chavimochic y a la empresa supervisora CES-SISA por el perjuicio económico durante la rehabilitación de las obras. Por este y otros procesos judiciales en contra del Estado, la Constructora Odebrecht, Graña y Montero y la Constructora Queiroz Galvao no debían haber ganado la buena pro, consorciadas con otras empresas, para los tramos 2, 3 y 4 del Proyecto Vial Interoceánica Sur, que conecta a Perú con Brasil. Con la promulgación de la Ley N° 28670 (que declaraba de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos de inversión) se le permitió a Odebrecht ganar dicha buena pro. Pero esa es otra historia.

Jorge Ramos Ronceros.

Los otros “parceiros” (socios) peruanos

El documento “Relacao de parceiros”, es decir de “socios” o “compañeros”, tiene 10 hojas con 530 nombres, sobrenombres y proyectos a los que estaban vinculados los pagos de coimas. En dicho listado encontramos los nombres de otros ocho peruanos vinculados al proyecto Charcani V, nombres que la justicia peruana deberá rastrear al detalle.

En la hoja 1 aparece Ángel Eduardo Jane La Torre, con el seudónimo de “Pistoleiro”, es decir “Pistolero”. Se trataría de un ingeniero que figura como gerente de fiscalización eléctrica en OSINERGMIN, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, encargada de regular y supervisar a las empresas de ese sector.

En la hoja 3 figuran cuatro nombres más: Eduardo Kamisato, “Chines”, que quiere decir “Chino”; Emilio Chaparro Chaparro, “Pinguco”, es decir “Borracho”; Emilio Novarro Talavera, “Milho”, que significa “Maíz”; y Eduardo Rosenfeld Hoyos, “Brocinha”, sin significado conocido.

De acuerdo a información pública de internet, Rosenfeld Hoyos se dedicó al campo de la publicidad entre 1993 y el 2001. También trabajó en radio y televisión en la empresa BALPRO SA ANTENA RADIO, entre 1991 y 2002, donde era el gerente general junto a Lelio Balarezo Young, presidente director. Balarezo fue vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y de la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) y en el 2015 se remitió una orden de captura contra él por una sentencia de cinco años de prisión por el delito de defraudación tributaria. Rosenfeld también tuvo la empresa Corporación EPO SA entre 1994 y el 2006.

En la hoja 5 se menciona a Héctor Delgado Parker, “Jornal”, es decir “noticiero de televisión”. Este empresario televisivo y radial fue asesor presidencial y amigo personal de Alan García durante su primer gobierno. En 1999, el exministro aprista César Vásquez Bazán escribió un artículo en internet donde contó que, en junio de 1985, García viajó junto a su asesor Delgado Parker a Rabat, Marruecos, para conversar con el libanés Abdul Rahman El Assir, intermediario entre gobiernos y fabricantes de armas.

En setiembre de 1985, el gobierno aprista nombró a una primera delegación peruana que viajó a París para iniciar las negociaciones destinadas a reducir la compra de los Mirage, presidida por Héctor Delgado Parker e integrada por Leonel Figueroa y el diplomático Gabriel García Pike. El 23 de junio de 1986, Delgado Parker y Javier Abugattás, entonces viceministro de Economía, firmaron a nombre del gobierno peruano un acuerdo con el gobierno francés estipulando los mecanismos de la reducción de 26 aviones Mirage 2000 (acordados durante el gobierno de Fernando Belaunde) a solo 12.

Según las investigaciones posteriores, los otros 14 aviones fueron comprados por Irak a través de Marruecos, país al que El Assir vendía armas, y con la intermediación del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) de Londres, que instrumentó la operación emitiendo documentos que ocultaban al verdadero y último destinatario, lo que significó un gran negocio, ya que el valor de los Mirage se había triplicado desde 1982 debido a los conflictos que estallaron en el Medio Oriente. Años después, durante las investigaciones del Congreso peruano, Delgado Parker confesó que, en la cita que se llevó a cabo en 1985, El Assir les mencionó que existían clientes interesados en comprar dichos aviones que el Perú había contratado con la firma Marcel Dassault. Perú renunció a la compra de los 14 aviones en lugar de hacer efectiva una cláusula del contrato suscrito durante el gobierno belaundista por el que el Perú podía vender estos aviones con autorización del gobierno francés.

En la hoja 6 de la “Relacao de parceiros” aparece José Luis Rendom, “Pateta”, que significa “Tonto”.

En la hoja 8 figura Nicolás Nieto, “Vovo”, es decir “Abuelo”.

En la hoja 10 se menciona también a Stefenson Cavalho Peru, “Galo”, por el concepto de Fazenda Brasileiro.

El expresidente García pidió, recientemente, precisar los nombres de los presuntos sobornados por los brasileños de Odebrecht, que empiece preguntándole a su tío y a exfuncionarios de su primer gobierno.

http://diariouno.pe/2017/01/11/las-coimas-de-odebrecht-del-primer-gobierno-de-garcia/

CharcanI una de las primera obras ejecutadas por Odebrecht en el Perú.

Charcani V, la internacionalización de Odebrecht

Este proyecto hidroeléctrico iniciado en 1979, durante la dictadura militar, fue el primero que la constructora Norberto Odebrecht realizó a nivel internacional desde su fundación en 1944. Esta obra, construida a orillas del río Chili y dentro del volcán Misti en Arequipa, fue culminada en 1988. Precisamente, ese año Odebrecht pagó coimas a peruanos vinculados a esta obra, según la documentación analizada. Hasta el año 2000 abasteció de electricidad a Arequipa, Tacna y Moquegua y hoy se produce aquí el 70% de energía que necesita Arequipa.

Hace unos días, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo a la prensa que no todo lo hecho por Odebrecht en Perú era corrupto. “Cuando llegué al Ministerio de Energía y Minas, en 1980, el contratista de Charcani V era Odebrecht y era su primera obra fuera de Brasil. Fui a ver la obra, estaba bien, y les hice una sugerencia como interesado en la ingeniería hidráulica, se tomaron en cuenta esas sugerencias y Charcani sigue andando”, dijo muy animado. ¿Qué dirá ahora el presidente PPK?

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