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LIMA, LIMA, Peru
Experiencia Profesional 30 Años al servicio del Magisterio Peruano, Trabajo actualmente en la I.E. Nº 6065 Perú-Inglaterra Villa El Salvador - LIMA, Bachiller en Administración de Empresas Escuela Tecnológica de Administración - ETA, Licenciado en Educación Universidad "José F. Sánchez Carrión" HUACHO - LIMA, DIPLOMADO EN GESTIÓN EDUCATIVA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS - UAP, ESTUDIOS CONCLUIDOS DE MAESTRIA EN GESTIÓN EDUCATIVA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO - UCV

jueves, 24 de noviembre de 2016

Inquietudes a partir del retiro de EE.UU del TTP, por F. Novak "Difíciles momentos se avecinan. Implican variables desconocidas y oportunidades que deben ser inteligentemente manejadas".

 Inquietudes a partir del retiro de EE.UU del TTP, por F. Novak


Fabián Novak

El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) es el primer megaacuerdo comercial del siglo XXI, cuyo propósito es crear un área de libre comercio de bienes, servicios, inversiones, movilidad de personas, etc., pero también servir de base para la futura creación del Área de Libre Comercio del Asia-Pacífico. Con este acuerdo, se crearía entonces el bloque comercial más grande a escala global, con 818 millones de consumidores, 40% del PBI mundial, 25% de las exportaciones y 27% de las importaciones globales.
Sin embargo, más allá de los claros beneficios que este acuerdo representa y el impulso dado al mismo por Estados Unidos de América, hace un par de días, el presidente electo de EE.UU., Donald Trump —cumpliendo con su promesa electoral—, ha anunciado que en su primer día de gobierno (20 de enero) iniciará el retiro del TPP. En realidad, técnicamente, basta con que el Congreso no lo apruebe para que dicho país no quede obligado por el referido instrumento internacional; pero sin duda, de cara a sus electores, tiene mayor impacto el señalamiento del “retiro”. 
La decisión ha generado gran desconcierto y preocupación. Y no es para menos, pues abre diversas y complejas interrogantes. La primera es si habrá acuerdo entre los once miembros restantes del TPP respecto a cuál debe ser el futuro de este tratado. Por lo pronto, se aprecian reacciones y posiciones antagónicas; desde Vietnam, Canadá o Japón, que han señalado que sin EE.UU. el acuerdo no tiene sentido, pues la salida rompe el equilibrio estratégico alcanzado entre los negociadores, hasta el Perú, Chile, México y Australia, que más bien abogan por el mantenimiento del acuerdo, mientras Singapur propone reformas. 
La segunda, que parte de superar el anterior escollo, es en qué términos modificar el acuerdo para que pueda entrar en vigencia para los demás integrantes, si tenemos en cuenta que el texto actual condiciona la entrada en vigor del TPP a que los países que hayan cumplido con la aprobación congresal del instrumento representen no menos del 85% del PBI del bloque, lo que es imposible sin la presencia de la superpotencia, que posee la tercera parte de este.
La tercera interrogante es si las economías que habían mostrado interés por sumarse al TPP seguirán manteniendo esta intención. Nos referimos a Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Tailandia y Taipéi (miembros de APEC), así como Colombia y Costa Rica.
La cuarta, de mayor profundidad, es qué implicancias tendrá la salida de EE.UU. en lo que concierne a su política exterior hacia China. Como se sabe, ambos países se encuentran en un proceso de clara competencia económica y geopolítica, y el TPP forma parte esencial de ese juego (pivote hacia el Asia), en el cual Estados Unidos excluyó abiertamente a China, y promovió la consagración de nuevas reglas para un libre comercio que limitara el desarrollo y las acciones de las empresas estatales, elevara el nivel de las normas laborales, facilitara el libre flujo de información, protegiera el medio ambiente y defendiera los derechos de propiedad intelectual, creando así dificultades para que el gigante asiático pudiera participar en este nuevo esquema comercial. Por tanto, este abandono de EE.UU. del TPP también genera interrogantes sobre el terreno en que a partir de ahora se producirá la contención a China. Incluso, de esto también surge otra interrogante, y es qué papel jugará ahora la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), que China presentó como alternativa al TPP. 
Finalmente, la quinta gran interrogante, que es la más inquietante, es si el retiro del TPP es solo el primer paso de una sucesión de decisiones proteccionistas de parte de la superpotencia y si ello conducirá a una reversión del modelo imperante en el mundo.
Difíciles los momentos que se avecinan, pues implican variables aún desconocidas e incluso oportunidades que deberán ser inteligentemente manejadas por los formuladores de nuestra política exterior. 

martes, 8 de noviembre de 2016

TPP: el “libre comercio” ha fracasado



Lsemana pasada hubo en Lima una marcha de protesta contra la firma del Acuerdo Trans-Pacífico (TPP, en inglés). Como se sabe, después de varios años de negociaciones secretas, los gobiernos de los 12 países de Asia y América acordaron el texto final del TPP (1), que debe ser ratificado por los congresos de los países.
La condición mínima para que pueda implementarse está reglamentado en el Artículo 30.5 del TPP (2), donde se establece que solo entrará en vigencia si cuenta con el acuerdo de los congresos de los países que sumen más del 85% del PBI de los firmantes. Ese 85% no se puede alcanzar si el Congreso de EEUU no aprueba el TPP. Si eso sucede, el TPP está muerto.
La cuestión es que la única chance de que EEUU apruebe el TPP es en el período que va desde las elecciones de mañana martes hasta el 15 de enero, fecha en que el próximo Presidente de EEUU entra en funciones.
¿Por qué? Porque Donald Trump ya dijo, no solo que va a mandar al tacho este TPP sino que va a renegociar todos los TLC firmados por EEUU (lo que incluye el TLC con Perú, en vigencia desde el 2009). De su lado, Hillary Clinton, partidaria del TPP hasta hace un año, ha dicho que no lo va a firmar en su estado actual y buscará se modifique lo que le conviene a EEUU. Clinton cambió de posición cuando su rival Bernie Sanders, que atacaba al TPP, era aclamado y celebrado por la población.
Entonces, ¿se animará el Congreso saliente a aprobar un TPP rechazado por la mayoría de los votos en las elecciones de mañana? Puede ser. Pero es muy, muy difícil. Más cuando el TPP ha sido considerado por Obama como parte importante de su legado, en la medida que, de un lado, pone las reglas del comercio en el siglo XXI y, de otro, reafirma a sus aliados asiáticos, que intenta disputar con China la hegemonía económica, comercial y política en esa región.
Pero los republicanos dicen: “qué legado ni qué legado, no vamos a votar por nada que favorezca a Obama”. Argumentos de este tipo demuestran que la polarización política en EEUU es más fuerte que sus intereses geopolíticos estratégicos (en el supuesto que Obama tuviera razón). En una palabra, la clase gobernante en EEUU ya no puede gobernar como antes.
Entra a la palestra otro actor: el Partenariado Económico Comprehensivo Regional (RCEP, en inglés), que agrupa a casi todos los países asiáticos, incluyendo los ya mencionados más China, India, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia y Tailandia, entre los más importantes. Nótese que no hay ningún país americano.
El RCEP es también una iniciativa de integración comercial con una diferencia que consideramos sustancial en relación con el TPP: el RCEP toma en cuenta que los países más pequeños deben recibir un “trato especial y diferenciado” (TED) porque tienen un menor nivel de desarrollo. Este principio del TED (SDT, en inglés) está incorporado desde el inicio del GATT en 1948, que dio origen a la Organización Mundial de Comercio (OMC), en 1995.
Afirman los analistas que, ante la probable muerte del TPP, el RCEP se convierte en el nuevo “pivot” para el Asia. Ya ha habido 15 rondas de negociación del RCEP (la última a fines de octubre en Beijng), a lo que se añade que las negociaciones entre los países más importantes como Japón, China y Corea del Sur (que tampoco está en el TPP) tienen “buen viento”. Este es el tema de la hegemonía en el siglo XXI.
Para los partidarios del TPP, el TED aceptado por el RCEP es una cosa del pasado. Ahora hay que ser “agresivos” y abrir todos los sectores económicos y financieros a la competencia internacional. Esto incluye las patentes del sector farmacéutico, medio ambiente, compras gubernamentales, solución de controversias en tribunales de arbitraje internacional, entre otros. Esa “agresividad” de nuestros negociadores criollos es exactamente lo que necesitan las multinacionales.
La cuestión de fondo acá es que las promesas de “mejora” de la situación de las personas que ofrecían los TLC entre un país con otro país (y ahora el TPP, que es la madre de todos los TLC) no han dado los resultados esperados (“they have not delivered”). Por eso es que la gente en EEUU y Europa pide cambios.
En países más chicos como el Perú, claro que nos conviene el acceso a nuevos mercados para nuestros exportadores no tradicionales. Pero eso no puede venir acompañado del alza de los precios de los medicamentos, de la entrada de transgénicos y los peligros para el acceso a Internet, entre otros. La misma protesta se está dando en Chile y México.
En síntesis, la globalización liderada por las transnacionales ha ido demasiado lejos. Es rechazada por los pueblos, incluidos los de EEUU y Europa porque privilegia los intereses de las grandes empresas. Necesitamos una globalización democrática, donde los intereses de la gente vengan primero. No somos anti Obama, nos oponemos al TPP de la multinacionales. Hay que decirle NO al TPP, que NO debe ser aprobado por ninguno de los congresos de los 12 países, comenzando por Perú, Chile, México, Canadá, Nueva Zelandia y EEUU.

lunes, 7 de noviembre de 2016

Roberto Mejía: “La universidad no puede ser una isla dentro del país” Rector de la Universidad Jaime Bausate y Meza, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP)


Para Mejía, no es estatista una ley que hace que el Estado cumpla su función
Para Mejía, no es estatista una ley que hace que el Estado cumpla su función.
David Pereda
El rector de la Universidad Bausate respalda la competencia del Estado para supervisar la calidad de la educación universitaria. Ocho años después de que la escuela de periodismo pasó a ser universidad, ratifica la importancia de la autonomía y sugiere modificaciones en la Sunedu "para hacerla más democrática".
¿La Ley Universitaria actual garantiza la autonomía?
Tiene buen objetivo: mejorar la calidad. Tiene artículos que permitirán que la universidad se actualice, mayor cuidado e interés en la enseñanza. También tiene algunas fallas, pero son subsanables. Lo importante es que hay espíritu de mejorar la universidad.
¿La Sunedu es una entidad inconstitucional?
Como Sunedu no pero tiene atribuciones que colisionan con la autonomía universitaria.
¿Cuáles?
En lo administrativo y en lo académico. La autonomía de la universidad le permite administrar sus recursos, elegir sus autoridades según criterios de entidad moderna, libertad para decidir lo que le conviene. Hay que mejorar eso. Pero como superintendencia es conveniente que el Estado tenga en cuenta cómo funciona el proceso educativo en el país, incluyendo la universidad.
Que el Estado supervise para garantizar la calidad...
El Estado debe tener presencia en la supervisión del funcionamiento de la universidad, pero no intervenir en asuntos que deciden quienes participan de la comunidad universitaria: docentes, estudiantes y autoridades. Es lo más peliagudo porque algunos limitan la participación al estudiante o marginan a los profesores. Entonces, autoridades se convierten en autoritarios porque no hay quién los controle. Y eso sí debe eliminarse.
¿Lo debe hacer la Sunedu o las mismas universidades?
La parte interna le corresponde a la comunidad universitaria. A la Sunedu le corresponde, pero hay que mejorar su composición. Debe tener participación del Estado, padres y estudiantes. Seguir lo que se hace en la universidad. Y esas personas deben estar preparadas y no reelegirse.
Un proyecto del Apra plantea que la Sunedu sea manejada por profesores elegidos por los rectores. ¿Qué le parece?
Me parece que Velásquez Quesquén no ha tenido la independencia para advertir que una universidad debe funcionar en plena libertad, pero no es una isla en la vida del país y, por tanto, tiene que dar cuenta de sus actividades. La única institución que puede acoger observaciones de los usuarios a la universidad es el Estado. No se puede considerar estatista una ley porque hace que el Estado cumpla su función.
¿Por qué fracasó el esquema de la ANR (Asamblea Nacional de Rectores)?
Quienes ejercemos el periodismo sabemos muy bien lo que ocurría con la ANR y Conafu. Respeto y aprecio a muchos rectores actuales y de ayer, pero también ha habido quienes exigían cupos a las universidades para darles la licencia. En determinado momento su institucionalidad fue manchada por esos malos funcionarios, asesores, etc. Eso debe desaparecer. ¿Y cómo va a desaparecer? Tiene que haber un ente supervisor.
Independiente de los rectores de las universidades...
Claro. Por ejemplo, a las empresas que son universidades, se les exonera un 30% de sus utilidades si reinvierten en educación. Tienen que justificar que van a mejorar la calidad de la enseñanza. ¿Quién lo va a hacer cumplir?
Sobre todo si elegidos por los rectores manejan la Sunedu.
Claro.
El ministro de Educación, Jaime Saavedra, ha iniciado reuniones con rectores para buscar cambios a la Ley Universitaria. ¿Ha participado?
No, aún no.
¿Qué le diría al ministro?
Dos cosas: "continúe usted perseverando en la tarea para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza, pero al mismo tiempo deje de lado cualquier actitud un poco soberbia de no permitir que hayan cambios que exigen la universidad moderna, con la participación de todos los segmentos de esta".

El principal investigado es hermano de congresista de PPK El crimen del auditor de la Sunat. En Chiclayo, fiscalía de lavado de activos tiene en la mira a Ernesto Flores Vílchez, socio de los incriminados Carlos y Samuel Roncal, a quienes se acusa de haber ordenado matar al funcionario Luis Cieza.


Bajo la lupa. Ernesto Flores Vílchez, hermano del legislador oficialista Clemente Flores Vílchez, es socio de los acusados Carlos y Samuel Roncal
Bajo la lupa. Ernesto Flores Vílchez, hermano del legislador oficialista Clemente Flores Vílchez, es socio de los acusados Carlos y Samuel Roncal.
Víctima. Luis Cieza, auditor de SUNAT asesinado el 2015
Víctima. Luis Cieza, auditor de SUNAT asesinado el 2015.
Congresista Clemente Flores, hermano de investigado Ernesto Flores
Congresista Clemente Flores, hermano de investigado Ernesto Flores.
Víctima. Luis Cieza, auditor de SUNAT asesinado el 2015
Congresista Clemente Flores, hermano de investigado Ernesto Flores
Bajo la lupa. Ernesto Flores Vílchez, hermano del legislador oficialista Clemente Flores Vílchez, es socio de los acusados Carlos y Samuel Roncal
Víctima. Luis Cieza, auditor de SUNAT asesinado el 2015
Congresista Clemente Flores, hermano de investigado Ernesto Flores
Bajo la lupa. Ernesto Flores Vílchez, hermano del legislador oficialista Clemente Flores Vílchez, es socio de los acusados Carlos y Samuel Roncal
Víctima. Luis Cieza, auditor de SUNAT asesinado el 2015
Congresista Clemente Flores, hermano de investigado Ernesto Flores
Ricardo Uceda
Cuando asesinaron al auditor de la Sunat Luis Cieza, un crimen ya esclarecido por la Policía y el Ministerio Público, el móvil fue impedir que el funcionario diera, a una fiscalía de Chiclayo, la base para acusar por lavado de activos a diversos empresarios del azúcar. Los hermanos Carlos y Samuel Roncal eran dos de ellos. Pero el principal fue Ernesto Flores Vílchez, cuyo hermano Clemente es congresista de Peruanos por el Cambio (PPK).
Ante denuncias públicas que ha recibido Ernesto, Clemente Flores Vílchez ha dicho que se mantiene al margen de las actividades de su hermano. Hasta que Clemente fue lanzado como candidato al congreso, escogido por su hoy colega de bancadaGilbert Violeta, ambos hermanos realizaban actividades empresariales en Chiclayo. Clemente, sin embargo, no tiene indicios criminales en su contra ni está siendo investigado por la fiscalía de lavado de activos.

Hombres del clan

A su vez, Ernesto Flores Vílchez no aparece en ninguna parte de la investigación sobre el asesinato de Cieza. Ningún colaborador eficaz lo ha señalado, conforme ocurre con los empresarios Carlos y Samuel Roncal (hubo testigo presencial de una orden). Samuel fue detenido la semana pasada y Carlos está prófugo. Respecto de otros autores intelectuales, solo existe la versión de un informante que conoció –según dice– que la decisión de matar a Cieza provino de un grupo de empresarios afectados por las investigaciones de la fiscalía de lavado de activos alimentadas por la Sunat. Los afectados no solo eran los Roncal.
Esta última versión no ha sido corroborada, y aún forma parte de una investigación. La anima, aparte del dato, el hecho de que hasta el momento el principal investigado por lavado de activos es Ernesto Flores Vílchez, socio de los Roncal en el Consorcio Líder Azucarero del Norte, CLAN.
Las investigaciones por lavado de activos sobre estos empresarios tienen una historia enrevesada y se desarrolla en la máxima reserva por parte del Ministerio Público.

En la Fiscalía

La investigación, conducida por la fiscal Ana Zegarra, nació de un antiguo proceso que seguían Agropucalá y el Estado contra Cronwell Asset, una ex administradora de la empresa. Desde 2002 Agropucalá ha tenido seis administraciones judiciales, que en los últimos años representaron a los socios del CLAN Samuel RoncalCarlos Roncal, y Ernesto Flores. O sea, al CLAN. En 2014, el juzgado civil que investigaba las acciones contra Cronwell Asset derivó al área de lavado de activos copias de una veedora judicial que sugerían delitos por parte de varias personas y empresas. Ese mismo año la fiscal Zegarra abrió investigación preliminar contra Ernesto Flores Vílchez y Carlos Roncal por presunta defraudación tributaria.
Al año siguiente la fiscal amplió investigación preliminar contra 21 empresas, varias de ellas off shores, añadiendo el presunto componente de lavado de activos. Para entonces, Agropucalá ya había pedido investigar a Roncal y Flores como lavadores de activos en el mismo proceso. Zegarra los comprendió por ese concepto, y poco después, obtuvo un plazo adicional para investigar.

Piden un informe

Roncal y Flores eran investigados a partir de informes que indicaban un saqueo de Agropucalá durante su gestión. Especialmente durante 2013, en que ambos tuvieron responsabilidades directas. Pero, finalmente, en el 2015, Zegarra decidió no continuar investigando a Ernesto Flores y a empresas hacia las que se habría desviado dinero, por los presuntos delitos de defraudación tributaria y lavado de activos. Ante una queja de la procuraduría, una fiscalía superior dispuso que la investigación quedara reservada provisionalmente, hasta que la SUNAT hiciera un informe sustentatorio de la defraudación tributaria. Una decisión rara porque lavado y defraudación son dos delitos independientes. Pero ponía la pelota en cancha de la SUNAT. Esto hizo sumamente relevante el papel del auditor Luis Cieza.
En 2015, unos meses antes de ser asesinado, Cieza hizo un informe incriminatorio sobre la defraudación tributaria de Carlos Roncal, que fue enviado por cauces regulares a la fiscalía. Ello permitió que Roncal siguiera investigado como presunto autor de este delito. Pero, efectivamente, no había informe sobre Flores Vílchez ni las 21 empresas implicadas. Flores Vílchez era gerente o representante de casi todas ellas. Se entiende que a solicitud del Ministerio Público (en su resolución el fiscal superior pide de la SUNAT un informe) Cieza investigaba a las off shore vinculadas a Ernesto Flores cuando fue asesinado.

Las Off Shore

La aparición de los Panamá Papers permitió conocer las off shore derivadas de fondos de la industria azucarera en Chiclayo. Solo considerando las que abrieron miembros del CLAN con el estudio Mossack Fonseca, cabe mencionar a Friedestar Company y Buchovia Equities, por encargo de Max Ayora, ex gerente general y miembro del CLAN. Ayora tiene investigación abierta por lavado de activos.
Flores Vílchez tiene siete of shores: Kestrel Venture Group, Corporación Ares, Bourgogne Holdings, Nuvenbuerg International, en Islas Vírgenes Británicas, y Miralta Investments, Osberton Development y Greystone Associates, en Panamá. En esta última compañía el socio de Flores fue Segundo Montenegro, ex administrador de la azucarera Úcupe S.A.
En cuanto a los hermanos Roncal, era conocido que Carlos tenía Caicos Equities Holdings S.A, pero los Panamá Papers informaron de otra, el Grupo Garda Management, constituida en 2012. Samuel Roncal, por su parte, tenía Auriga Holding Estates, constituida por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes, en 2012.
Ahora bien, ninguna de estas empresas está mencionada en los papeles que produjo la fiscal Ana Zegarra.

Lo que hizo Cieza

De modo que las investigaciones sobre Flores Vílchez y los miembros del CLAN tienen un amplio horizonte. Otros empresarios vinculados con otras compañías azucareras, dueños de otra multitud de empresas y sospechosos de no pocos asesinatos y de diversas figuras de lavado de dinero, permanecen, por el momento, fuera del foco de las actuales investigaciones. Aparentemente por poco tiempo.
El auditor Luis Cieza cargó sobre sus espaldas la investigación a las empresas de Ernesto Flores Vílchez y los Roncal y fue asesinado por encargo directo de los segundos, conforme acreditan testigos que han declarado ante la Fiscalía de Crimen Organizado de Chiclayo. ¿Los Roncal decidieron solos el asesinato? ¿Por qué no se sabe nada de las investigaciones de lavado de activos? ¿Por qué la SUNAT paró todo luego de la muerte de su funcionario? ¿Por qué, durante 2015, la fiscalía y la policía de Chiclayo desarrollaron la tesis de un enfrentamiento familiar como causa del asesinato de Cieza? Quizá hubiera cómplices del CLAN en las tres instituciones. Las próximas semanas podrían ser esclarecedoras al respecto.

domingo, 6 de noviembre de 2016

Expresidente Humala: "Más temprano que tarde nos van a extrañar" El líder del Partido Nacionalista presidió un evento en el que se conmemoró el levantamiento de Locumba, contra el régimen de Alberto Fujimori en 2000.

Ollanta Humala y Nadine Heredia, fundadores del Partido Nacionalista Peruano.
Ollanta Humala volvió a aparecer esta vez en un congreso que celebró el Partido Nacionalista donde se celebró el levantamiento militar de Locumba, insurrección contra el gobierno del presidente Alberto Fujimori. No desaprovechó la oportunidad para referirse a su gobierno y destacar sus logros.
"Más temprano que tarde nos van a extrañar. Se nos ataca y se nos dice que todo lo malo lo hemos hecho nosotros. Creo que hay que reflexionar porque después de las pasiones se van a ver las acciones", dijo el mandatario en la reunión celebrada este sábado por la noche.
También habló sobre cómo dejó al fisco tras su mandato. Aseguró que los proyectos que impulsó involucraron miles de millones de dólares y que le dan continuidad a la economía nacional. Comentó que esto ha permitido que haya un crecimiento junto con la política social "que ha permitido disminuir la brecha de desigualdad, donde muchos tienen poco y poco tienen muchos".
Humala Tasso dijo que existe un grupo de militantes, excongresistas, y figuras políticas del Nacionalismo que se encargan de la reorganización del partido y que la tarea de la "gran transformación" no termina ni que puede terminar en cinco años. El grupo político busca reinsertarse y ganar nuevamente adeptos.

Editorial: "El mejor alcalde de todos los tiempos" El alcalde Castañeda muestra poca seriedad al no responder adecuadamente sobre la cancelación del proyecto Río Verde.


La frase que titula este editorial es la rimbombante forma en que termina el comunicado publicado hace dos días en la cuenta oficial de Twitter de Solidaridad Nacional (SN), el partido político que lidera y fundó el actual alcalde de Lima Metropolitana, Luis Castañeda Lossio. 
A través de dicho comunicado, aparentemente, se buscaba responder a las interrogantes que ha recibido el burgomaestre a raíz de la difusión, por parte de IDL Reporteros, de algunas comunicaciones entre Giselle Zegarra (funcionaria de la comuna limeña durante las dos primeras gestiones de Castañeda) y Léo Pinheiro (ex presidente de la constructora brasileña OAS, hoy condenado a 16 años de prisión por la justicia brasileña por el caso de corrupción Lava Jato). 
Las comunicaciones en cuestión revelaban, por un lado, que en octubre del 2014 y a través de Zegarra, Castañeda –quien entonces ya había sido electo alcalde pero recién iba a asumir el cargo en enero del siguiente año– había pedido al representante de OAS no firmar el contrato con la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, para poner en marcha el proyecto Río Verde en el Rímac. Y también que, en agosto del 2014, cuando todavía estaba en contienda electoral con la entonces alcaldesa Villarán, Castañeda –siempre a través de Zegarra– había pedido a OAS dejar de hacer publicidad sobre el proyecto Río Verde, solicitud a la que accedió Pinheiro.
Estos intercambios, por sí solos, no demuestran la existencia de algún delito (Castañeda bien podría haber considerado que firmar el proyecto Río Verde era un desacierto que luego hubiera tenido que renegociar durante su mandato); sin embargo, sí ponen en evidencia una excepcional cercanía entre él y el máximo representante de la constructora brasileña, al punto que –por el tenor de los mensajes– este último aceptaba sus demandas sin protesta.
Por otro lado, y con independencia de estas revelaciones, la decisión de la actual gestión municipal de desechar el proyecto Vía Parque Rímac (y proseguir con la Línea Amarilla) se encuentra aún en investigación en la contraloría, el Congreso de la República y el Ministerio Público. En particular, es objeto de fiscalización la decisión de cancelar el proyecto Río Verde, y usar US$58 millones del fideicomiso destinado a ese propósito para construir un ‘by-pass’ en la avenida 28 de Julio (a cargo de la propia OAS). Una obra que ha sido muy criticada por quienes transitan por ella, y que, según las indagaciones preliminares de la contraloría y la Defensoría del Pueblo, fue adjudicada y ejecutada sin contar con un expediente técnico y ambiental, y presentando sobrecostos en su construcción. 
Con tantos cuestionamientos a cuestas sin responder, suena a no menos que una tomadura de pelo que SN señale en su comunicado, por ejemplo, que “estas publicaciones [los mensajes entre Zegarra y Pinheiro] ratifican que las empresas brasileñas pagaban la publicidad y campaña de la exalcaldesa Susana Villarán”, cuando la evidencia hasta el momento muestra todo lo contrario: una peculiar cercanía entre OAS y el entonces candidato Castañeda.
O que el comunicado de SN indique que todas las actividades de su líder se enmarcan “dentro de… la transparencia”, cuando sus constantes negativas frente a las solicitudes de acceso a la información pública –incluyendo, precisamente, el requerimiento que un ciudadano presentó para que se le entregue los estudios de impacto ambiental y vial del ‘by-pass’ de 28 de Julio– han motivado la iniciativa de rendición de cuentas “Habla Castañeda”. 
En fin, son muchas las cosas que el alcalde Castañeda debe explicar y, mientras no lo haga, su autocaracterización como “el mejor alcalde de Lima de todos los tiempos” resulta una actitud poco seria –por decir lo menos–  frente a los limeños.